Sánchez Cordero: la SCJN es ya el tribunal constitucional

La ministra en retiro dijo que la propuesta de crear el Tribunal Constitucional ya se ha presentado antes, sin embargo, pugnó por que las decisiones de constitucionalidad se sigan tomando en la Suprema Corte

Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación en el nuevo gobierno, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe quedarse con las facultades de revisión constitucional, tal como las posee ahora.

La ministra en retiro, afirmó que no existirá un Tribunal Constitucional porque ese trabajo ya lo realiza la SCJN.

“No hay Tribunal Constitucional. El tribunal constitucional del Estado Mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo digo categóricamente: ya está consolidada la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional del Estado mexicano. Es claro: la Suprema Corte es el tribunal constitucional del Estado mexicano”, insistió.

Entrevistada luego de una reunión con Andrés Manuel López Obrador y otros miembros del futuro gabinete, Sánchez Cordero dijo no saber si existe la intención del nuevo gobierno de conformar este Tribunal Constitucional, pero se pronunció porque la SCJN se quede en el esquema actual, con las facultades para interpretar la Constitución Política.

“No sé si haya (propuesta para crear el nuevo tribunal), pero el Tribunal Constitucional es la Suprema Corte y quedará como la Suprema Corte”.

“Siempre ha habido (la propuesta de crear el Tribunal Constitucional). Desde Genaro Góngora, tenía una propuesta de Tribunal Constitucional él mismo, y otros tenían otra propuesta; Diego Valadés tenía otra propuesta de Tribunal Constitucional. Pero te aseguro que el tribunal constitucional ya está y ya tiene las funciones del control de la constitucionalidad, de verdad. Yo estoy porque se quede esta Suprema Corte como tribunal constitucional”, sentenció Sánchez Cordero.

Reporte Índigo publicó este miércoles un análisis sobre la propuesta de crear un Tribunal Constitucional que asuma las decisiones de constitucionalidad, mientras la SCJN se quedaría únicamente con los asuntos legales.

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