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Sanar a México

Ernesto Santillán

Cuidar la salud de los mexicanos es una de las principales tareas del Gobierno federal, sin embargo, los elevados niveles de corrupción que prevalecen en el país han impedido al Estado cumplir con su función, pues la mala administración de los recursos ha dejado a la ciudadanía sin servicios de calidad y sin medicamentos


Mar 12, 2019

México está enfermo. Padece de corrupción, falta de transparencia e impunidad, males que le han imposibilitado al Estado cumplir con una de sus principales funciones: garantizar acceso a servicios de salud de calidad a todos los mexicanos.

Por ello, el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ya comenzó a trabajar en la implementación de una cura, la cual consiste en federalizar los servicios de salud para de esta manera poder dar atención a quien lo requiera independientemente de si son derechohabientes o no.

Además, como parte de la solución también se está contemplando que ahora sea el gobierno quien compre todas las medicinas, pues el tabasqueño asegura que existen monopolios en la entrega de este tipo de adjudicaciones.

“En materia de salud estamos trabajando para mejorar de fondo y de manera integral la atención médica y el abasto de medicamentos.

“El gobierno en su conjunto compró el año pasado 93 mil 885 millones de pesos en medicinas y materiales de curación, casi 100 mil millones de pesos, a un grupo muy reducido de proveedores.

“Tan sólo el gasto en medicamentos y material de curación adquirido por el ISSSTE y el Seguro Social significó en 2018 una erogación de 54 mil 940 millones de pesos que fue suministrado en un 63 por ciento por sólo tres proveedores” dijo el día de ayer el tabasqueño en Palacio Nacional durante la conferencia “Informe de Gobierno 100 Días”.

Aunado a esto, aseguró que lo peor de esta realidad es que en los centros de salud y hospitales no existe abasto suficiente de medicamentos a pesar de la multimillonaria inversión a causa de la corrupción que ha imperado en este sector, sobre todo, recalcó, en la compra de medicamentos.

“Se viola la Constitución, el artículo 28, aquí tenemos el problema de las compras, que lo vamos a ir resolviendo, deben de haber 500 mil proveedores, y las compras del gobierno se las hacen al 1.5 por ciento de todos los proveedores.

“El servicio que hoy se ofrece en centros de salud y hospitales es de pésima calidad; y estoy consciente que es uno de los problemas más importantes que tenemos y que vamos a resolver más temprano que tarde”

- Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Como parte de la estrategia para revertir esta situación, el primer mandatario también ha propuesto desaparecer el cuadro básico para que todos los medicamentos se puedan entregar a los enfermos de forma oportuna y gratuita.

E insistió en que el Seguro Popular quedara liquidado, ya que el abasto de medicinas será por medio de licitaciones transparentes y en los casos donde los laboratorios no tengan capacidad de suministro, entrarán empresas internacionales para su abasto con tal de que los pacientes no sufran la falta de medicinas.

“Vamos a sustituir el llamado Seguro Popular, que ni es seguro ni es popular, por un nuevo sistema de salud, con atención médica de calidad y con un cuadro completo de medicamentos gratuitos, no sólo los del denominado cuadro básico.

“Hay medicamentos que son muy caros, pero se van a adquirir, porque nos va alcanzar ya que no habrá corrupción en la compra; antes hacían su agosto los que vendían los medicamentos”, acusó el presidente.

Entre las principales empresas señaladas como presuntas monopolizadoras en la venta de medicamentos al Gobierno federal se encuentran Grupo Nadro, Grupo Maypo, Genomma Lab, Isos Pharmacorp, Corporativo Giormar, Samedic, Inovamedik, Hova Health, Fármacos Especializados y Grupo Marzam, entre otros

Problema heredado

Las irregularidades en la compra de medicamentos tanto por parte del Gobierno federal como de los gobiernos estatales y las malas condiciones en las que se encuentra el sistema de salud del país en general no son algo nuevo.

De todas las empresas proveedoras de medicamentos que actualmente han sido señaladas por cometer presuntos actos monopólicos: Genomma Lab, Grupo Nadro y Casa Marzam ya habían sido mencionados con anterioridad por este mismo ilícito después de que la investigación de los Panama Papers, revelara que estuvieron involucrados en transacciones irregulares para concentrar el mercado farmacéutico entre ellos.

Esto provocó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) abriera una investigación en el 2016 en contra de Escandón Cusi, propietario de la distribuidora de medicamentos Nadro, quien adquirió a través de su esposa otra empresa para tener influencia hasta en el 37.5 por ciento de la distribución de fármacos en México.

Lo mismo sucedió con la distribuidora de fármacos de Casa Marzam encabezada por José Alberto Peña por haber obtenido una participación calculada de 396 millones de pesos entre 2014 y 2015 y la venta de medicamentos y material de curación al IMSS por 89.8 millones de pesos.

El secretario de Salud en la administración pasada, José Narro Robles, también fue señalado por Andrés Manuel López Obrador como uno de los involucrados en este tipo de prácticas monopólicas.

En la conferencia de prensa mañanera del 6 de marzo pasado, el tres veces candidato a la silla del águila, indicó que si el exfuncionario federal no estuvo directamente involucrado cuando menos hubo omisión de su parte.

“Eran más de 80 mil millones de pesos destinados a la compra de medicamentos cada año y no hay medicinas ni en centros de salud ni en hospitales […] Entonces cuando menos había omisión porque se compraban medicinas caras y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo su venta”, acusó.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que hasta el momento se están investigando 50 casos relacionados con corrupción en el sector Salud

“Estamos en estos momentos preparando los casos de defraudación fiscal, los casos de operaciones simuladas y, por supuesto, los temas relacionados con salud”, afirmó.

Los retos de la federalización

Con el Plan de Salud Integral presentado por la nueva administración lo que se pretende es que en dos años México cuente con un nuevo sistema de salud pública capaz de brindar atención y medicamentos gratuitos a toda la población

La estrategia que contempla federalizar los servicios de salud está dividida en diversas etapas. En la primera de ellas se invertirán 25 mil millones de pesos en 8 entidades del país: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche

En los siguientes 6 meses se incorporarán 8 estados más, de manera que en el 2019 se verán beneficiadas 16 entidades. Durante el siguiente año (2020), se replicará esta estrategia en otros 16 estados con la finalidad de que en 2021 esté constituido un nuevo sistema de salud pública.

“Es para todo México el mejorar el sistema de salud pública, vamos a hacerlo paulatinamente para hacerlo bien, que realmente haya un cambio por la situación tan lamentable en que se encuentra el sistema de salud pública en la actualidad.

“La gente desea, está demandando que se mejoren los servicios de salud (…) Tenemos que resolver esto, no podemos hablar de derechos humanos si no garantizamos el derecho a la salud”, indicó el jefe del Ejecutivo.

No obstante, la tarea que se plantearon por delante ha resultado mucho más compleja de lo esperado, pues el Gobierno federal se ha encontrado con un sinfín de irregularidades en los estados de la República.

Uno de los principales objetivos del nuevo gobierno es crear un sistema de salud único para todo el país, sin embargo, los elevados niveles de endeudamiento de las entidades y la falta de infraestructura han complicado la implementación de esta estrategia

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretario de Salud, dio a conocer que una de las principales trabas en la implementación de esta estrategia son los adeudos de los gobiernos locales con diversas instancias, los cuales la Secretaría de Hacienda no puede absorber, por lo que dijo será necesario negociar ese déficit.

Además, el secretario federal de salud, también reveló que no se ha podido realizar un plan que permita atender los problemas de todas las entidades en conjunto, pues cada una de ellas enfrenta problemas distintos, que requieren atención especializada por lo que es “imposible brindar un informe global”

Otro de los problemas que ha sido clasificado como de gravedad y que ha impedido la implementación del Plan de Salud Integral, es el de las duplicidades de trabajadores administrativos con plazas médicas o empleados que aparecen en la nómina de algún hospital pero en realidad trabajan en otro lugar, conflicto que para poder resolverlo se deberá incluir a los sindicatos.

A esto se suma la falta de infraestructura local como otro reto para esta nueva estrategia de salud que el nuevo gobierno busca implementar y dejar lista en dos años, pues al día de hoy se han contabilizado más de 200 hospitales y centros de salud en toda la república que se encuentran inconclusos o que se terminaron de edificar pero fueron abandonados, y para los cuales se ha vuelto muy complicado determinar a los responsables.

Por último, la cancelación de Seguro Popular, la cual se anunció desde finales del año pasado, podría terminar de complicar la implementación de esta estrategia, pues muchas de las personas que no se encuentran afiliadas ni al IMSS ni al ISSSTE podrían quedarse sin atención médica de tercer y cuarto nivel.

Menos programas y menos recursos

Entre las primeras acciones anunciadas en materia de salud por parte de Gobierno federal se encuentra la eliminación del Seguro Popular, empezando por las ocho entidades del sureste del país en donde ya se comenzó a implementar el programa para universalizar los servicios de Salud.

La austeridad republicana y la eliminación del Seguro Popular podrían provocar que miles de mexicanos que dependían de ese programa se queden sin atención médica de tercer y cuarto nivel

Ahora, los mexicanos que radiquen en estas entidades, tendrán que acudir a las unidades del IMSS-Bienestar, antes conocido como el programa IMSS-Prospera, en caso de presentar alguna enfermedad o requerir de atención médica.

Sin embargo, aunque la idea de universalizar el sistema de salud en el país para que cualquier persona, sin importar si es derechohabiente o no, pueda recibir los servicios médicos que necesite, suena atractiva, también trae consigo un nuevo problema

Hoy en día, los centros de atención del IMSS-Bienestar únicamente brindan atención hospitalaria de primer y segundo nivel, es decir, primer contacto, medicina interna y cirugía general, dejando de lado todos los demás servicios de tercer y cuarto nivel que el Seguro Popular sí tomaba en cuenta como transplantes de órganos, tratamientos contra cáncer, trastornos quirúrgicos o congénitos; enfermedades metabólicas en menores de 10 años, cuidados Intensivos neonatales o contra enfermedades infectocontagiosas como VIH/Sida

Hasta antes de su paulatina cancelación, el Seguro Popular atendía a cerca de 50 millones de mexicanos, cantidad que no puede ser asimilada por el IMSS, pues no cuenta con los recursos necesarios ni con la infraestructura requerida para dar servicio todos, sin embargo el nuevo gobierno sostiene que con esta estrategia se acabará con la corrupción al interior de este sector.

Aunado a esto, otro de los temas que más cuestionamientos ha levantado fue la reducción en el presupuesto de diversos institutos del sector salud, pues de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2019, al menos ocho sufrieron un recorte en los recursos que se les otorgaron este año, lo que pone en riesgo la calidad de sus servicios y limita el rango de atención que pueden brindar.

De acuerdo con los datos oficiales del Gobierno federal con corte al 30 de enero de 2019, el IMSS-Bienestar cuenta con 80 hospitales rurales, 3 mil 616 Unidades Médicas Rurales, 315 urbanas 184 Brigadas de Salud, 143 Unidades Médicas Móviles y 46 Centros de Atención Rural Obstétrica

La información también revela que el programa tiene presencia en 28 de las 31 entidades de la República y cuenta con 13.1 millones de personas adscritas, de las cuales 4.1 pertenecen a poblaciones indígenas y 1.6 a familias beneficiarias.

Los estados donde más registros se tienen son Chiapas con 2 millones 99 mil; Oaxaca con 1 millón 403 mil; Puebla con 1 millón 219 mil; Michoacán con 1 millón 176 mil y Veracruz Norte con 871 mil afiliados.

Nadro, en el ojo del huracán

A partir de que Luis Doporto Alejandre compró Marzam y su padre era parte del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, las ventas de la empresa a la institución aumentaron como nunca antes, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en su última investigación titulada “Farmacéutica aumenta 5 veces ganancias con papá en el IMSS”.

“En tres años (2015-2018), el IMSS compró medicinas por más de 526 millones de pesos a Marzam, una empresa propiedad de Luis Doporto Alejandre, hijo de un integrante de su propio Consejo Técnico, Héctor Doporto Ramírez”, refiere la publicación.

La multiplicación de los contratos a Marzam ocurrió a la par de que la compañía estaba siendo investigada por delitos financieros por parte de la ex Procuraduría General de la República y por la Procuraduría Fiscal, así como por concentración ilícita por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), luego de que en abril del 2016 la investigación periodística de Panamá Papers revelara que en esa transacción estuvo involucrada Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón, con 53.3 millones de dólares.


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