La Secretaría de Salud no interviene en el “derecho” de cada persona —incluso de trabajadores de la dependencia— a no recibir la vacunación, en caso de que así lo consideren adecuado.

“La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud no ha generado ni conserva información en los términos solicitados, lo anterior toda vez que el acto de vacunación es personal y voluntario en este caso por cada trabajador, y esta Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud no puede invadir el ámbito personal y tampoco existe sanción alguna por no aplicarse la vacuna”, explica la dependencia en una respuesta a una solicitud de información pública.

El documento es firmado por la licenciada Norma Martínez Rivera, quien es identificada como enlace en materia de transparencia y acceso a la información y está remitida con copia para el doctor Hugo López Gatell-Ramírez, quien es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero en la materia.

Algunas áreas de la Secretaría de Salud determinaron que no existe tal información acerca de si sus trabajadores han rechazado la vacuna y nombran en el criterio 07/17 para casos en los que resulta innecesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información en sus archivos.


“La información solicitada, al encontrarse en el expediente clínico de los servidores públicos y ser parte de su vida privada, no puede ser proporcionada a terceros o al público en general”

Respuesta de la Secretaría de Salud

Algunas áreas dijeron sí

En el caso de la Oficina de la Abogada General se manifestó que todos los servidores públicos se mostraron a favor de recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.

“Con fundamento en el artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le informa al peticionario que al interior del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud ningún servidor público adscrito a esta unidad administrativa ha expresado negativa a recibir la vacunación”, explicó Salud.

El documento está signado por la licenciada Gabriela Armendáriz Navarrete, enlace de transparencia del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud.

“Por lo que hace el Consejo de Salubridad General con sede en Lieja número 7 se informa que en referencia al esquema de vacunación de los servidores públicos adscritos a este Consejo de Salubridad General, este órgano colegiado no cuenta con obligación alguna para tener el archivo de los registros de esquemas de vacunación de los trabajadores, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud”, refiere.

La autoridad de Salud informó que dentro del complejo administrativo de la calle de Lieja número 7, donde se encuentran las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, no se han presentado casos de funcionarios públicos que no quieran ser vacunados.

“Dentro de la unidad coordinadora del edificio sede Lieja 7 no se ha presentado ningún caso de algún servidor público que haya expresado su negativa a la aplicación de la vacuna”, indicó la dependencia en una carta firmada por el maestro Víctor Hugo Minor López, quién se ostenta como director administrativo.

La esfera privada

Varias áreas de la Secretaría de Salud argumentaron que no podrían dar a conocer la información sobre si los funcionarios decidieron o no vacunarse, ya que es una situación que atañe a la esfera de la vida privada de las personas.

“Toda persona tiene derecho a la vida privada, esto es, lo que no constituye la vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige, por lo que no se puede brindar la información solicitada, ya que se tiene la obligación de respetar en todo momento los principios y deberes en el tratamiento de los datos personales que se recaban con motivo de sus actividades, por lo que dar a conocer esta información sin el consentimiento del titular estaría ante un tratamiento indebido de los datos personales contraviniendo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, expone.

La respuesta indica que el derecho a la vida privada o intimidad está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (artículo 11).

Estos datos de forma específica se consideran clasificados, es decir, que jamás podrían darse a conocer, ya que son datos personales sensibles.

“En conclusión se señala que la información solicitada, al encontrarse en el expediente clínico de los servidores públicos y ser parte de su vida privada, no puede ser proporcionada a terceros o al público en general”, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Promoción de la vacunación

En tanto, ya sea en población en general como en el sector salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la vacunación contra el COVID-19 no tiene que ser obligatoria en el entendido de que “consideramos que es mejor alentar y facilitar las vacunaciones sin que sean obligatorias”.

La propia SSA indica en su respuesta que ha buscado derribar algunos mitos, como aquel que plantea que es mejor padecer de COVID-19 antes que vacunarse, que es absolutamente falso.


“Nadie tiene la total certeza de que no presentará un cuadro grave si enferma de COVID-19 o que no sufrirá efectos de largo plazo, como cansancio crónico o problemas vasculares. Además, la decisión de no vacunarse tiene una dimensión social. Quien se vacuna ayuda a disminuir la propagación del virus y, por ende, reduce el riesgo de que otras personas se contagien y eventualmente mueran”

Respuesta de la Secretaría de Salud

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