Sacan provecho al desorden
Tras no lograr impedir la construcción de departamentos de lujo que incumplen con el Uso de Suelo, estudios de factibilidad de agua y demás permisos, el Gobierno del Distrito Federal tiene una nueva estrategia.
Esta consiste en algo simple: autorizar cualquier proyecto inmobiliario, sin importar lo que marcan los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, a cambio de una jugosa partida
Se trata de un nuevo impuesto a los desarrolladores que quieran construir en lugares que no están permitidos, o que deseen edificar más niveles de los que establece la norma.
Jonathan Villanueva"Es una iniciativa que tiene el aval de diversos sectores, y por eso consideramos que no se va a violentar ninguna otra normatividad; (habrá) una serie de requisitos antes de construir"
Legisladores locales afirman que el Gobierno del DF no tiene presupuesto suficiente para atender el déficit de viviendas
Se pretende financiar la construcción de departamentos populares con los impuestos que pagarán los desarrollos de lujo que violen la ley
Tras no lograr impedir la construcción de departamentos de lujo que incumplen con el Uso de Suelo, estudios de factibilidad de agua y demás permisos, el Gobierno del Distrito Federal tiene una nueva estrategia.
Esta consiste en algo simple: autorizar cualquier proyecto inmobiliario, sin importar lo que marcan los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, a cambio de una jugosa partida
Se trata de un nuevo impuesto a los desarrolladores que quieran construir en lugares que no están permitidos, o que deseen edificar más niveles de los que establece la norma.
Para ello la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) delinea con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para crear la Norma 30 y la 31.
De acuerdo con el documento, que en los próximos días se convertirá en predictamen, la intención de la administración mancerista es regular la construcción vertical de la Ciudad de México y sustituir la Norma 26.
Esta última fue suspendida por las autoridades locales bajo el argumento de que los desarrolladores disfrazaban de viviendas de interés social, departamentos lujosos que les otorgaban grandes ganancias.
La nueva propuesta pretende financiar la construcción de departamentos populares con los impuestos que pagarán aquellos que ofrezcan construcciones de lujo e incumplen con la normatividad.
Y es que las autoridades estiman obtener más de 500 millones de pesos por avalar obras irregulares, según la proyección que le hicieron a los diputados locales la semana pasada.
En el documento no se establece ninguna sanción para los proyectos que ya se edifican en cualquiera de las 16 delegaciones, a pesar de no cumplir con el Uso de Suelo o niveles de construcción, pero sí sanciona con cárcel a nuevos infractores.
Una de las especificaciones que tiene la propuesta, indica que en las colonias de mayor plusvalía de la Ciudad de México no aplicará la Norma 30 y 31, como ejemplo está la San José Insurgentes, Chimalistac, Lomas de Chapultepec o Polanco).
Se prevé que en menos de dos meses, el dictamen sea aprobado en comisiones y el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que de lo contrarió se detendrían más de 40 ramas productivas.
Las normas
Según el documento base y las declaraciones de diputados locales, la Norma 30 se encargará de regular la vivienda de interés social, cuyo valor comercial no podrá exceder los 736 mil pesos.
Mientras que la segunda, la Norma 31, se especializará en las viviendas de interés medio y medio alto, la cual representa el mayor porcentaje de construcciones que se registran al año.
La primera será creada para impulsar la construcción de vivienda de interés social, que estará dividida en dos tipos. La “A” tendrá un valor de 495 mil pesos y la “B” de 736 mil pesos.
Según lo estipulado en la propuesta, se retomarán los criterios de sustentabilidad y se impulsará la creación de una ciudad compactada, que permita detonar nuevas zonas de plusvalía.
Mientras que la Norma 31 penalizará con cárcel la construcción de nuevas viviendas que no cumplan con los permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Ahí se contempla la creación de un fideicomiso al que se destinará el 60 por ciento de los impuestos que paguen los desarrolladores que quieran construir más niveles, o en un lugar que no cumple con el Uso de Suelo.
De acuerdo con el diputado Carlos Hernández Mirón, los nuevos impuestos se determinarán con base en el número de metros cuadrados, la plusvalía de la zona y el número de niveles.
“La propuesta señala que el 20 por ciento de los ingresos se destinarán para beneficio de la ciudad; otro 20 por ciento será para mejoras de la zona donde se ubique la obra; el resto para la vivienda de interés social.
“Se trata de una iniciativa que tiene el aval de diversos sectores, y por eso consideramos que no se va a violentar ninguna otra normatividad, pues se tendrá que cumplir con una serie de requisitos antes de construir.
“Hay un logaritmo que define si el desarrollador quiere más niveles. Si la autoridad acepta se le da el permiso, y ellos simplemente pagan una transferencia de potencialidad”, explicó Hernández Mirón.
De acuerdo con el legislador del PRD, es urgente tener listo el dictamen en menos de un mes y llevarlo después al Pleno; de lo contrario vencerá el plazo para solicitar viviendas de interés social.
Aseguró que el Gobierno del DF no tiene presupuesto suficiente para atender la demanda de viviendas que hay en la ciudad, cuyo déficit es de 30 mil casas anuales.
La oposición
La diputada local por el PAN, Priscila Vera, considera que el anteproyecto de las Normas 30 y 31, que sustituirá a la Norma 26, afectará a más de 600 colonias.
“Vemos que la propuesta sigue arrastrando los mismos vicios de la Norma 26”, dijo Vera, “no se establecieron candados para que los desarrolladores inmobiliarios hagan mal uso de ella.
“Esta norma tiene un serie de incentivos para los desarrolladores. En la anterior Norma 26 el desarrollador iba a Seduvi, decía que iba a construir vivienda popular, pedía que le autorizaran pisos extras de lo permitido en los planes delegacionales y evidentemente lo que hacían era violentar el precio de venta.
“Con las normas 30 y 31 solo pretenden seguir favoreciendo a los grupos de desarrolladores. Entre los beneficios está la exención del pago de derechos, como el impuesto de adquisición de inmuebles, utilización de redes de agua, del pago de licencias de construcción, además de que no existen obligaciones de transparencia”.
Sin embargo, la mayoría de los diputados ya está a favor de la iniciativa de la Seduvi, incluidos los de Acción Nacional.
