La Fiscalía General de la República (FGR) negó la posibilidad de un acuerdo con Rosario Robles Berlanga, por lo que se rechaza que la exfuncionaria pueda negociar un procedimiento abreviado para reducir su condena.

Tampoco podrá acogerse a un criterio de oportunidad que le ayude a no ser acusada por otros delitos a cambio de entregar información sobre la llamada ‘Estafa Maestra’.

La exsecretaria de Desarrollo Social continuará con su proceso en su próxima audiencia, la cual esta programada para el 26 de febrero.

De acuerdo con información del periódico La Jornada, la Fiscalía informó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Ganther Villar Ceballos, que no se cumplieron con los requisitos para procesar la negociación.

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“La imputada compareció ante la representación social mediante escrito, en el cual señaló su disposición para obtener una salida anticipada, pero no se cumplen los requisitos de procedibilidad para que ésta acceda al procedimiento abreviado o al criterio de oportunidad por los motivos que expone, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes”, señala el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021.

Fue el pasado 10 de febrero cuando la defensa de Rosario Robles indicó al juez de control Ganther Alejandro Villar que pretendía entregar a la FGR la petición para alcanzar un acuerdo reparatorio, con el fin de obtener algún tipo de beneficio legal.

El juez le concedió a la FGR un plazo de hasta cinco días para analizar la propuesta.

Sin embargo, la Fiscalía se saltó este plazo en el que debía contestar sobre la petición de la defensa de Robles.

El juez Villar Ceballos señaló a la FGR que “con su respuesta la institución incumplió con lo ordenado en la audiencia del pasado 10 de febrero… para establecer los mecanismos de negociación entre la ex funcionaria y la fiscalía”.

Rosario Robles fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dentro de la causa penal 314/2019 y está acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, lo que la mantiene en prisión, desde agosto de 2019.

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