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CASOMEDINA

Denuncian a jueza que liberó a Medina

Carlos Salazar

La Subprocuraduría Anticorrupción del Estado de Nuevo León denunció penalmente ante la PGR, a la Jueza federal que ordenó liberar de la prisión preventiva al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz el pasado 27 de enero.

El fiscal Anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales, explicó que la Jueza del quinto distrito en materia penal de Nuevo León, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos se excedió en la aplicación de la ley.


Feb 16, 2017
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“Esa vinculación a proceso le cambia la situación jurídica del exgobernador, y por lo tanto el amparo con el que se presentó en la audiencia ya no tenía aplicabilidad porque se refería a la situación jurídica anterior a las dos vinculaciones” 

- Ernesto Canales

Fiscal Anticorrupción del Estado

La Subprocuraduría Anticorrupción del Estado de Nuevo León denunció penalmente ante la PGR, a la Jueza federal que ordenó liberar de la prisión preventiva al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz el pasado 27 de enero.

El fiscal Anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales, explicó que la Jueza del quinto distrito en materia penal de Nuevo León, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos se excedió en la aplicación de la ley.

“Se extralimitó en la aplicación de la ley al ordenar esta liberación con el argumento de que lo hacía puesto que el exgobernador Rodrigo Medina se había presentado a la audiencia con la protección de un amparo”, detalló el funcionario.

Canales argumentó que el amparo con el que se presentó el exmandatario no podía cubrir las situaciones jurídicas que se presentaran con posterioridad al otorgamiento del mismo.

“El amparo con el cual el exgobernador se presentó en la audiencia cubría la situación jurídica que tenía el exgobernador antes de la audiencia, es decir, hasta ese momento”, expresó.

Según explicó el funcionario en rueda de prensa, el Juez de Control decretó la vinculación a Rodrigo Medina por dos delitos adicionales, que en total incrementan las posibles penas a 36 años y a una reparación del daño de 3 mil 600 millones de pesos, equivalente a los beneficios otorgados de manera indebida a KIA.

“Esa vinculación a proceso le cambia la situación jurídica del exgobernador, y por lo tanto el amparo con el que se presentó en la audiencia ya no tenía aplicabilidad porque se refería a la situación jurídica anterior a las dos vinculaciones.

“De manera que la interpretación de la juez federal, resolución de la cual presentamos la denuncia, de liberar a Medina porque el Juez de Control no estaba respetando la suspensión previamente otorgada, está en nuestro concepto fuera de la ley”, concluyó.
 


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