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Millones de pesos deuda pública actual de la administración estatal de Nayarit


“Existen muchos elementos que sin duda se tendrán que revisar con lupa, para esclarecer plenamente la responsabilidad que tuvo el gobernador Sandoval en la mala conducción del estado”

Jorge Ortiz

Diputado local electo de la alianza PAN-PRD-PT


El primer tema que apunta hacia un enjuiciamiento penal en contra de Sandoval Castañeda es el del exfiscal Edgar Veytia, detenido y procesado en EU por su presunta relación con el crimen organizado


Las áreas que deberían revisarse con lupa por importantes desvíos de fondos son las Secretarías de Salud, Obras Públicas y Educación, según el legislador de la alianza PAN-PRD-PT, Jorge Ortiz

El aun gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda se encuentra en la cuerda floja.

Con algunos pendientes judiciales y políticos podría ser el próximo jefe estatal que se vea en problemas con la justicia, sobre todo ahora que el comité ejecutivo nacional de su partido, el Revolucionario Institucional, parece alejarlo de su protección.

Podría ser solo cuestión de tiempo para que Sandoval Castañeda se sume a la lista de los gobernadores presos, con órdenes de aprehensión, investigados o prófugos, que a la fecha ya suman 16, la mayoría priistas y algunos panistas.

La próxima llegada al cargo de gobernador de Antonio Chavarría, abanderado del PAN-PRD-PT, que sustentó su campaña política en el discurso de persecución y sanción a la corrupción, se observa como el factor principal para que Roberto Sandoval sea llamado a cuentas por la vía penal, a fin de que explique las omisiones y excesos que se le señalan a su administración.

El primero de los pendientes que apunta hacia un enjuiciamiento penal en su contra es el del exfiscal general del estado Edgar Veytia, detenido y procesado en Estados Unidos por su presunta relación con células del crimen organizado, y segundo hombre al mando de la entidad.

Otra vertiente apunta a la posibilidad de un enriquecimiento ilícito, por el que cuenta con una denuncia penal presentada en abril pasado por un grupo de ciudadanos, ante instancias de la Procuraduría General de la República (PGR).

También existe una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializadas para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, interpuesta por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, bajo la presunción de que el gobernador intervino ilícitamente en las pasadas elecciones locales.

En las posibilidades de enjuiciamiento penal en contra de Sandoval Castañeda influye el distanciamiento que el CEN del PRI ha mantenido con él y que se ha hecho más grande desde el 2015, cuando apoyó la candidatura independiente de Jaime Rodríguez al gobierno de Nuevo León.

Contra Roberto Sandoval Castañeda se han ventilado algunas acusaciones al interior del PRI, estatal y nacional, que lo responsabilizan de haber dejado solo a Manuel Cota Jiménez, candidato de ese partido a la gubernatura del estado en los pasados comicios locales, que finalmente perdió ante Antonio Echevarría. 

Otro factor que destaca sobre el futuro jurídico del aun gobernador de Nayarit es la mayoría opositora al PRI en el Congreso Local, de la alianza PAN-PRD-PT.

De acuerdo a versiones de algunos de los diputados que integrarán la próxima legislatura local, se habrá de revisar con lujo de detalles la cuenta pública, pues a la fecha se presumen irregularidades en el manejo y contratación de deuda.

El déficit público actual de la administración estatal de Nayarit asciende a poco mas de 6 mil 10 millones de pesos; deuda que creció casi en un 100 por ciento durante la administración actual, pues el gobernador Ney González le entregó a Roberto Sandoval una deuda de 3 mil 150 millones de pesos.

Revisión con lupa

Para el diputado local electo de la alianza PAN-PRD-PT, Jorge Ortiz, el futuro jurídico del aun gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es poco alentador.

“Existen muchos elementos que sin duda se tendrán que revisar con lupa, para esclarecer plenamente la responsabilidad que tuvo el gobernador Sandoval en la mala conducción del estado”, dijo.

Recordó que el gobernador electo, Antonio Echevarría, tiene el compromiso moral de auditar la situación financiera que vive la administración estatal.

“Llega con todo el ánimo de atender el reclamo de hartazgo social que se vive en Nayarit contra la actual administración”.

Entre las áreas que el diputado electo considera se deben revisar con lupa por importantes desvíos de fondos, se encuentran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Educación.

Lo mismo sucede, de acuerdo al legislador electo, en el programa de entrega de becas, uniformes y útiles escolares, que según los reportes oficiales se ha cumplido en su cabalidad.

“Pero existen señalamientos de algunos beneficiarios que indican que dichos apoyos no han sido entregados en forma desde hace tres años”, acusó.

Comisión de la Verdad

A fin de convertir a Roberto Sandoval Castañeda en el exgobernador número 17 que sea llevado ante la justicia, en Nayarit ha surgido un movimiento ciudadano que se ha dado a la tarea de recabar las pruebas de todos los que hayan sido agraviados por la gestión administrativa que está a punto de concluir.

Apenas se dio a conocer oficialmente el triunfo electoral de Antonio Echevarría nació la denominada “Asamblea Promotora de la Comisión de la Verdad”, cuyo principal objetivo es aportar las pruebas necesarias al Congreso local para llegar al enjuiciamiento de Roberto Sandoval, según lo dio a conocer el abogado Paulo Barajas, asesor jurídico de ese organismo ciudadano.

La citada asamblea es encabezada por Rodrigo González Barrios, Emiliano Zapata y Alma Viral, y en apenas dos sesiones públicas ha podido sumar un considerable número de elementos de queja de la ciudadanía contra la administración de Sandoval Castañeda.

Entre los agravios que se han ventilado están el despojo de propiedades protegidas por el Gobierno estatal por parte de células del narcotráfico, saqueo de predios comunales a la población indígena y denuncias por desvío de fondos o condicionamientos para ejecutar obras públicas. 

Todos los elementos que lleguen a la “Asamblea Promotora de la Comisión de la Verdad”, dijo Paulo Barajas, serán entregados a la nueva legislatura para que allí se decida si se procede o no penalmente contra el gobernador y algunos de sus principales funcionarios, sobre los que pesa la denuncia generalizada de enriquecimiento ilícito.