Ricos vs. pobres por ejido en NL
El fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat pretende despojar a un grupo de campesinos de un terreno de 360 hectáreas del Ejido San Nicolás, involucra a los principales desarrolladores de Nuevo León.
El terreno de 360 hectáreas tiene un valor actual aproximado a los mil 500 millones de pesos, y es disputado por el banco extranjero y un grupo de campesinos que adquirieron el predio por medio de un decreto presidencial otorgado en 1936 por Lázaro Cárdenas.
Félix CórdovaAl obtener los campesinos la propiedad de las 2 mil 340 hectáreas del Ejido San Nicolás, los traspasos ejercidos por los particulares y dependencias carecerían de validez
Habitantes del Ejido San Nicolás interpusieron la demanda 1063/2014 ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, en contra de Scotiabank, Instituto de la Vivienda de Nuevo León e Infonavit
El fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat pretende despojar a un grupo de campesinos de un terreno de 360 hectáreas del Ejido San Nicolás, involucra a los principales desarrolladores de Nuevo León.
El terreno de 360 hectáreas tiene un valor actual aproximado a los mil 500 millones de pesos, y es disputado por el banco extranjero y un grupo de campesinos que adquirieron el predio por medio de un decreto presidencial otorgado en 1936 por Lázaro Cárdenas.
Algunos de los principales desarrolladores que pretenden despojar a los ejidatarios aparecen incluso con tres constructoras en el fideicomiso; por ejemplo, Ernesto Milmo Rangel, quien en el documento representa a las empresas Prohabimex, Urbanizadora del Campestre, e Inmobiliaria Trayectos S.A. de C.V.
Por medio del Registro Civil de la Propiedad, esta publicación obtuvo una copia del acta del fideicomiso en la que consta dicha información.
Además de Milmo Rangel, en el documento también aparece Carlos Enrique Acosta Valle, quien representa a Ingeniería y Obras S.A. de C.V.
En el fideicomiso también está involucrada la desarrolladora GP Espacios Industriales del Noreste, representada por José María Garza Treviño; y Casas Javer (anteriormente Inmobiliaria Surveyor), representada por Salomón Marcuschamer.
La Inmobiliaria de Bienes Raíces Valle de Rey, representada por Gonzalo González Ayala, también aparece en el fideicomiso bancario; además de Maple Urbanizadora, representada por Ramiro Guzmán Barbosa.
Como “fiduciaria” aparece Scotiabank Inverlat, representada por sus delegados Enrique Javier Garza Cisneros y Jorge Rodríguez Garza.
Cada uno de los desarrolladores está involucrado en el fideicomiso del banco extranjero, según la escritura pública 19414 firmada el 29 de marzo del 2006 por el titular de la Notaría Pública 123, Eduardo Adolfo Manautou Ayala, y de la que Reporte Indigo tiene una copia.
En el documento también se involucra al Instituto de la Vivienda de Nuevo León y al Infonavit.
Cadena de irregularidades
Reporte Indigo publicó el pasado jueves que las adquisiciones y obras realizadas por los institutos, por el banco canadiense y cada uno de los desarrolladores, serían ilegales debido a que las 360 hectáreas pertenecen a los campesinos del Ejido San Nicolás, otorgado por decreto presidencial en 1936 por Lázaro Cárdenas.
En ese año, Concepción Lozano viuda de Cantú, quien sería la propietaria del terreno en aquel entonces, habría puesto en venta el inmueble a pesar de que el decreto le quitaba cualquier derecho sobre el mismo, otorgándole el poder a los ejidatarios, principales afectados ahora por el fideicomiso Scotiabank.
El predio de 360 hectáreas pasó por una seria de ventas y embargos, todas ellas irregulares por carecer de validez, y cuya resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“(…) La presente resolución debe considerarse como título comunal, para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma comprende a favor del poblado beneficiado”, se lee en la resolución, de la que esta publicación tiene una copia.
Aunque se tratan de traspasos que carecen de validez, el Infonavit obtuvo una parte de las 360 hectáreas por medio de una reserva territorial otorgada por Nacional Financiera, que también se lo adjudicó ilegalmente para saldar una deuda que no fue cubierta por un particular, quien tampoco tenía derecho sobre dicho terreno.
“El ‘Instituto’, en su papel de promotor, coordinador e impulsor de los programas de construcción de vivienda de interés social en el Estado, se dio a la tarea de coordinar a diversos desarrolladores inmobiliarios que previamente habían manifestado y/o gestionado de forma directa ante el ‘INFONAVIT’, su intención de adquirir la reserva territorial denominada ‘Nueva Castilla’ (…)”, dice en el acta del fideicomiso.
Al obtener los campesinos la propiedad de las 2 mil 340 hectáreas del Ejido San Nicolás –entre ellas las 360 que están en disputa- los traspasos ejercidos por los particulares, el banco extranjero, los desarrolladores, y la dependencia estatal y federal, carecerían de validez, pues los derechos ejidales están protegidos por la Constitución.
En los traspasos irregulares de las 360 hectáreas está involucrado Manuel González, actual secretario General de Gobierno y exdelegado del Infonavit.
González, en su función como delegado hace 16 años, realizó actos administrativos sobre la reserva territorial que obtuvo el Infonavit, a pesar de que se estaba violando un decreto presidencial y la Constitución mexicana, como se publicó el pasado viernes.
Para que se respeten sus derechos sobre las 360 hectáreas con valor aproximado a los mil 500 millones de pesos, el Ejido San Nicolás interpuso la demanda 1063/2014 ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20.
En ella se demanda a Scotiabank, al Instituto de la Vivienda de Nuevo León y al Infonavit.
Rodolfo Hernández es el magistrado encargado en desahogar el litigio, y de quien se espera que en los próximos meses otorgue un fallo.
González guarda silencio
A pesar de que está involucrado en los traspasos irregulares de las 360 hectáreas-con un valor actual aproximado a los mil 500 millones de pesos-, Manuel González, actual secretario General de Gobierno y exdelegado del Infonavit, se negó a hablar con esta publicación.
Fue por medio de Elena Torres, subordinada del secretario General de Gobierno, que el funcionario informó que no habría reacción de su parte.
En su función como delegado del Infonavit hace 16 años, González realizó actos administrativos en el predio ejidal
Los actos administrativos por parte de González podrían carecer de validez debido a que las 360 hectáreas están protegidas por decreto presidencial y la Constitución mexicana, que garantizan los derechos de los campesinos sobre el predio.
El pasado viernes se intentó contactar al secretario General de Gobierno para una entrevista telefónica, pero se negó a contestar cualquier pregunta sobre el tema ejidal.
Esta es la segunda ocasión en la que González se niega a atender una llamada para ser entrevistado sobre un reportaje publicado en Reporte Indigo.