‘Reviven’ a muertos para despojar terrenos
Un grupo de personas que se dedica al despojo de tierras en la zona citrícola de Nuevo León, supuestamente “revivió” a un hombre muerto para que éste firmara documentos.
Con ello, esta gente, entre los que se encuentra un primo del ex gobernador Natividad González Parás y personajes del Grupo Allende, busca apoderarse del rancho que una familia posee desde hace más de un siglo.
Durante cuatro años se fraguó el despojo con la alteración de medidas y supuestamente se revivió a un fallecido a espaldas de María Margarita García Castillo para despojarla del terreno.
Javier Estrada
Un grupo de personas que se dedica al despojo de tierras en la zona citrícola de Nuevo León, supuestamente “revivió” a un hombre muerto para que éste firmara documentos.
Con ello, esta gente, entre los que se encuentra un primo del ex gobernador Natividad González Parás y personajes del Grupo Allende, busca apoderarse del rancho que una familia posee desde hace más de un siglo.
Durante cuatro años se fraguó el despojo con la alteración de medidas y supuestamente se revivió a un fallecido a espaldas de María Margarita García Castillo para despojarla del terreno.
Incluso, hay un juicio de nulidad que presentó la titular para recuperar el derecho a su propiedad.
Al menos en documentos, y gracias a la firma del hombre que revivieron, García Castillo está siendo despojada del rancho “Los 13 Hermanos”, de cerca de una hectárea, ubicado en el municipio de Montemorelos, sobre el kilómetro 208 de la carretera Monterrey-Linares.
García Castillo promovió un juicio civil para anular las escrituras fraudulentas y presentó tres denuncias penales contra los colindantes, un ex dirigente del Comité Municipal del PRI de Montemorelos que inició el despojo y una maestra.
Jesús Moreno Niño, esposo de la legítima propietaria del rancho, señala como autor intelectual del despojo al ex presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León, Manuel de la Garza Robertson.
“Detrás de todo esto hay alguien de mucho poder y la gente que tiene mucho poder ahorita para mí es el Grupo Allende. Los responsabilizo abiertamente de esto”, advierte Moreno Niño.
El también especialista en ranchos cinegéticos califica al empresario como un “ladrón de terrenos” y un “delincuente de cuello blanco”.
“(De la Garza Robertson) nos dijo: ‘Por mí cánsense de pelear’”, recuerda.
Esto, aunque el terreno pertenece a la familia desde hace 113 años, como lo prueba la escritura original en poder de Reporte Indigo.
El predio de dos lotes de 9 mil 602 metros cuadrados fue adquirido en 1899 y, según la escritura original, siempre estuvieron definidas sus medidas, ubicación y colindancias.
Pero los despojadores se valieron de algunos métodos para apropiarse del terreno.
Regreso ‘del más allá’
Aunque Alejandro González Guerrero murió el 14 de julio de 1987, el difunto “revivió” diecinueve años después para comparecer en un trámite municipal y ayudar al robo.
Él era el dueño original del terreno que colindaba con el de los legítimos propietarios y murió hace más de dos décadas, de acuerdo con su acta de defunción.
Pero González Guerrero supuestamente “compareció” el 22 de septiembre de 2006 ante el entonces síndico primero de Montemorelos y ex presidente del Comité Municipal del PRI, Israel Gómez Palma, para solicitarle una constancia de medidas y colindancias.
Bajo protesta de decir verdad, manifestó que requería la colindancia de su terreno, ubicado en el Camino a Sendero del Tacón, al costado del rancho despojado.
Sin explicar la metodología de conversión, el síndico convirtió a metros la medida de “once horas agua de regadillo” y fusionó en un plano el terreno del fallecido con el de María Margarita García Castillo.
Además de esta ilegalidad, el funcionario priista tampoco incluyó las firmas de los testigos de asistencia que se requerían para el trámite.
El difunto que supuestamente compareció fue padre y abuelo de César González Gil y Virgilio González Rojas, respectivamente, actuales vecinos de los despojados y quienes presuntamente colaboraron en el fraude, según las denuncias penales.
El despojo documental
Ya con la supuesta presencia del hombre fallecido y con la constancia fraudulenta de Israel Gómez Palma, los defraudadores acudieron ante el Notario Público Número 68 de Montemorelos, Francisco González Salazar, primo del ex gobernador Natividad González Parás.
Los despojadores solicitaron al fedatario protocolizar una rectificación de medidas y colindancias del terreno.
Por segunda ocasión, el difunto González Guerrero “solicitó” al notario este trámite, como consta en el acta 37 mil 828, fechado el 21 de febrero de 2007.
El notario no verificó la metodología de la conversión de “horas agua de regadillo” a metros.
Por lo tanto, la propietaria original fue eliminada como colindante y suprimida por completo en el nuevo plano.
Para consumar el despojo, los vecinos asistieron con el Notario Público Número 131 Jorge Alberto Salazar Salazar, actual alcalde de Allende.
Él protocolizó la escritura pública 11 mil 947, fechada el 4 de noviembre de 2009, que consta de una compraventa de cesión de derechos hereditarios, en la que incluyeron el terreno sin el consentimiento de la titular y lo adjudicaron a la maestra Lucinda Marroquín Sauceda.
La supuesta compradora es una persona ligada con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con más de 20 años de trayectoria en el magisterio.
Con este último trámite se consumó el despojo documental del terreno de los García Moreno.
Con la escritura en sus manos, la maestra interpuso en contra de García Castillo un juicio de Medios Preparatorios, exigiéndole comprobar la titularidad del terreno.
La propietaria no se enteró que se fraguaba a sus espaldas un juicio, hasta que fue notificada tardíamente el 23 de octubre de 2010.
Ese día recibió una notificación con tres días de retraso por el Juzgado Mixto de Montemorelos para que aportara una confesión, pero no se presentó.
Ante las evidencias del despojo, la propietaria legítima interpuso un incidente de Nulidad en Notificación, el cual ganó.
La batalla legal continúa
Aunque el despojo documental se consumó, García Castillo y su familia no han abandonado su terreno.
Esto le ha valido intimidaciones de parte de los despojadores, que derribaron la cerca perimetral del terreno, intentaron quemar una bodega del rancho, y en cuando menos tres ocasiones robaron herramientas y dañaron instalaciones eléctricas externas.
Estos hechos constan en la denuncia de hechos 0137/2012, interpuesta el pasado 2 de abril ante la Agencia del Ministerio Público en Montemorelos, turnada al vecino municipio de Allende y aún sin resultados.
También hay otas dos denuncias penales interpuestas por la propietaria, pero hasta la fecha no se ha consignado a ningún presunto culpable.
Una de ellas es la número 355/2010, presentada ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en contra del ex síndico Israel Gómez Palma, fechada el 8 de diciembre de 2010.
Y la número 356/2011 por daños en propiedad ajena, en la que se señala como indiciada a Lucinda Marroquín Sauceda, registrada el 12 de abril de 2011 en la Agencia del Ministerio Público de Montemorelos.
La propietaria también promovió el pasado 7 de marzo una demanda de Nulidad de Escritura, que actualmente se resuelve en el Juzgado Mixto del Décimo Distrito Judicial en Montemorelos, bajo el juicio número 0167/2012.
El caso está a cargo del juez Héctor Benjamín de la Garza.
Responde alcalde: ‘Acaté orden de juez’
El edil de Allende, Jorge Salazar Salazar, asegura que él sólo acató la orden de un Juez cuando protocolizó la cesión de derechos del rancho “Los 13 hermanos”.
“Lo que se hizo fue protocolizar los actos que se hicieron ante el Juez”, explica.
“Fue simplemente protocolizar las actuaciones que se dieron en el Juzgado, en el Séptimo Distrito Judicial en Montemorelos”.
El titular de la Notaría Pública Número 131 es señalado como uno de los responsables del despojo documental del rancho.
El fedatario protocolizó un juicio de sucesión de derechos el 4 de noviembre de 2009, con la escritura pública número 11 mil 947, que adjudica el predio a la maestra Lucinda Marroquín.
Ese procedimiento fraudulento inició con una constancia de medidas de colindancias que supuestamente firmó una persona que está muerta desde hace dos décadas, pero el fedatario señala que a él no le correspondía verificar su autenticidad.
