Revive la pugna por pueblos originarios
Los pueblos y barrios originarios ganaron una batalla legal, lo que les da la razón y demuestra que el Congreso falló; sin embargo, el Legislativo local afirma que los recursos jurídicos contra las leyes aprobadas son un intento de desestabilizar la gobernabilidad de las comunidades
David MartínezLa pugna entre el Congreso de la Ciudad de México y habitantes de los pueblos originarios revivió con un fallo legal que expone que el Legislativo local ha atropellado sus derechos.
Desde el año pasado, organizaciones comunitarias advirtieron que tanto la Ley de Participación Ciudadana como la de Pueblos y Barrios Originarios, aprobadas durante el pasado periodo de sesiones que concluyó en diciembre de 2019, violaban sus derechos e ignoraban sus necesidades. Por lo cual, presentaron amparos contra ambas.
En el caso de la de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les dio la razón.
Diputados locales consideran que la resolución judicial es producto de un intento de desestabilizar la gobernabilidad de los pueblos con miras a obtener beneficios electorales en 2021.
El pasado 5 de marzo de 2019, el TEPJF determinó anular las consultas contempladas en la Ley de Participación Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) en los pueblos y barrios originarios de la capital.
Los COPACO son el mecanismo a través del que la ciudadanía tendrá un vínculo directo con las autoridades tanto del Gobierno central como los de las alcaldías. Mientras que el presupuesto participativo es el recurso que las más de mil colonias de la capital tienen derecho a ejercer en proyectos para su beneficio.
Con esta sentencia, el TEPJF revocó la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) con número de folio TECDMX-JLDC-183/2019 que avalaba ambos procesos.
El argumento de la máxima autoridad electoral es que la convocatoria de este año para los dos mecanismos no respetó los usos y costumbres de las comunidades originarias.
“El Tribunal responsable no aplicó una verdadera perspectiva intercultural, pues el hecho de que la convocatoria y la elección de las Comisiones estén dirigidas a toda la ciudadanía por igual, es precisamente, lo que implica una vulneración”, afirma el fallo.
579
Además, el TEPJF considera que las Comisiones afectan las atribuciones de los pueblos originarios.
En consecuencia, el lunes, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer la cancelación de la elección de COPACO y de consultas de presupuesto participativo en 48 pueblos de Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
De acuerdo con información de los Proyectos Participantes para la Consulta del Presupuesto Participativo (2020-2021), se registraron en total 43 mil propuestas en las 16 alcaldías, de las cuales, 579 corresponden a los pueblos de las cinco demarcaciones referidas y no serán votados el próximo 15 de marzo.
43 mil
Alejandro Velázquez, representante legal de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco –organización que interpuso el recurso contra la Ley de Participación Ciudadana–, asegura que después de la cancelación de la elección de las Comisiones, pugnarán porque las comunidades puedan definir su propia forma de gobierno.
La sentencia dice que se tiene que consultar a cada pueblo sobre las COPACO, en ese proceso se debe llegar al acuerdo de que en Xochimilco solo habrá las representaciones políticas que correspondan a sus autoridades tradicionales como consejos del pueblo
Desestabilizar a pueblos originarios es el objetivo
La diputada local y miembro de la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo local, Donají Olivera, considera que el fallo es lamentable y sólo perjudicará a los pueblos originarios.
Pone de ejemplo que en el caso de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, se registraron 19 proyectos de Presupuesto Participativo y muchas propuestas pretendían reforzar y ayudar a la población en materia de obra pública y en la reconstrucción de la localidad tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
“San Gregorio Atlapulco está en un proceso de reconstrucción importante, esos más de dos millones de pesos podrían ayudar para hacer mejoramiento urbano”, menciona.
Añade que el Tribunal federal no contempló las necesidades de los localidades y frenó un proceso para su beneficio.
Indica que la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco no está permitiendo que se ejerzan recursos para los pueblos.
“Tal vez buscan desequilibrar y tener a la Ciudad de México polarizada, igual con los procesos de leyes que a ellos mismos benefician. A lo mejor, en las elecciones de 2021, esperan tener un beneficio electoral”, afirma.
Señala que la coordinación también ha presentado recursos contra la Ley de Planeación y la de Pueblos y Barrios Originarios, aprobadas durante el pasado periodo de sesiones que concluyó en diciembre de 2019.
Sin embargo, no ha mostrado interés de participar en las comunidades de manera directa.
“Ningún integrante de la Coordinación, de un total de 12, buscaron ser parte de los COPACO, ¿por qué? ¿Por qué sólo quieren boicotear?”, cuestiona.
Ante esto, llama a los habitantes de los pueblos a que expresen su descontento con las autoridades electorales.
Ley de Pueblos, firme
Guadalupe Chávez, legisladora capitalina y presidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso, señala que pese a los recursos legales en contra de la Ley de Pueblos y Barrios de la capital, ésta es firme.
“Tenemos la convocatorias, cómo se pegaron los carteles, las listas de los que asistieron, el número de comisiones, las comunidades indígenas consultadas, no estamos preocupados”, expresa.
Chávez también indica que, en total, son cuatro amparos en contra de la legislación cuyos trabajos de elaboración encabezó.
No obstante, afirma que ninguno pone en peligro la ley o sus procesos como en el caso de la de Participación Ciudadana. También considera que es positivo que se presenten amparos, porque reflejan dudas respecto a la ley.
Por último, informa que está en espera de que se emitan las resoluciones correspondientes para responder o acatar las sentencias en su caso.