Retrasan juicios orales en Jalisco
Para el cumplimiento de la primera etapa de la reforma para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el Poder Judicial de Jalisco necesita un presupuesto adicional al que tiene de 978 millones 427 mil 886 pesos.
Al principio de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, muchos creyeron que el impulso prometido por el mandatario no podría no llegar al rezagado sistema de justicia jalisciense: el nuevo gobernador de Jalisco es abogado, hijo de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJJ).
Ángel PlascenciaLa saturación del trabajo incide en la calidad de las sentencias y su retraso; muchas quejas contra funcionarios son por la dilación
"El Poder Judicial requiere de una visión de Estado, integral, de lo contrario estaremos en el último lugar y transitando a una confusión institucional”
Para el cumplimiento de la primera etapa de la reforma para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el Poder Judicial de Jalisco necesita un presupuesto adicional al que tiene de 978 millones 427 mil 886 pesos.
Al principio de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, muchos creyeron que el impulso prometido por el mandatario no podría no llegar al rezagado sistema de justicia jalisciense: el nuevo gobernador de Jalisco es abogado, hijo de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJJ).
Pero ahora en el Consejo de la Judicatura de Jalisco hay desilusión, pues no hay presupuesto para cubrir con las necesidades para que Jalisco avance en materia de juicios orales.
“No ha dicho cuánto va a dar, lo que sí dice es que no van a empezar (los juicios orales) sino hasta 2015, eso me parece lamentable del Ejecutivo y sobre todo de un gobernador que a mí, sinceramente, me sorprendió, porque es abogado, su padre es miembro del Supremo Tribunal de Justicia, tiene conocimiento total de lo que sucede en el Poder Judicial”,
Lo anterior lo dijo en entrevista, Alfonso Partida Caballero, el consejero que preside la Comisión de Administración y Actualización de Órganos.
Para Partida Caballero la negativa de recursos del Ejecutivo simboliza un “veto” del gobernador, pues sin dinero, el sistema no avanzará hasta 2015.
“Se encuentra prácticamente en un esquema trabado, trabado por el propio Ejecutivo del estado en virtud de que los trabajos que hizo el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues resulta que fue vetado ese producto.
“Con este veto que hace el Ejecutivo del estado, pues lógicamente que no hay visos de inicio y nos vamos a ir, no solamente al último lugar, sino a tres años de rezago, esto es, hay estados como Chihuahua, como el Estado de México, como Morelos que ya nos llevan cinco años.
“Es lógico que la cuestión presupuestal es muy importante porque no podemos seguir en el mismo esquema en el que estamos, en el cual vivimos: los 104 juzgados de renta, de préstamos de Ayuntamientos para tener los propios juzgados, y aquí se necesitan aproximadamente 96 nuevos juzgados”, indicó el consejero.
Jalisco, el más rezagado
Para que Jalisco avance en lo estipulado en la reforma constitucional en materia del nuevo sistema de justicia, se necesita empezar a construir las salas de juicios orales, contratar a los jueces, empleados auxiliares, técnicos.
Estimaciones del Consejo de la Judicatura indican que es necesaria la creación de 96 juzgados orales, cinco orales penales, en el caso de la Justicia Adversarial; 10 juzgados orales mercantiles, siete de Narcomenudeo, siete de Extinción de Dominio, 15 de Ejecución de penas y 10 para la Justicia Integral para Adolescentes.
Sumando mobiliario, gastos de operación y salarios, el Poder Judicial necesita casi mil millones de pesos para arrancar la primera etapa de las reformas.
“El Poder Judicial requiere de una visión de Estado, de una visión integral de sus gobernantes, porque si no, de lo contrario estaremos en el último lugar y transitando a una confusión institucional, porque si ya en otros estados están funcionando, imagínese nosotros quedándonos en el mismo sistema, eso sería garrafal.
“A nosotros en la Judicatura nos queda claro: nosotros estamos por terminar ya un plan maestro, debe de haber un plan maestro con un cronograma para decir: ‘en enero inicia tal municipio, pero en febrero empiezan cinco más’. Para marcar plazos”, indicó el consejero Alfonso Partida.
Adicional al retraso, los consejeros critican el poco crecimiento que ha habido del presupuesto asignado al Poder Judicial, pues en ocasiones el aumento de la asignación de un año a otro ha sido menor a la inflación de dicho año.
“Por eso nosotros hablamos del presupuesto constitucional, que es tener el 3 por ciento del presupuesto para el Poder Judicial, y no tener que estarles pidiendo para los muebles, para la electricidad, para el agua, con eso ya tendríamos nosotros para administrar un poder y dar la respuesta que requiere la ciudadanía, ahorita estamos en el 1.3 por ciento”, señaló Partida Caballero.
Postergan arranque
Aunque la promesa del gobernador había sido que el nuevo sistema de justicia empezaría a trabajar en 2014 gradualmente hasta estar por completo en marcha, la negativa al presupuesto retrasará este arranque hasta el 2015:
“Este Consejo (Coordinador) que creó el propio gobernador, que impulsó el propio gobernador, y que posteriormente impulsó a través de las fracciones parlamentarias entre las cuales estuvo la propia fracción de su partido, determinaron que íbamos a iniciar el primero de enero de 2014, en la población de Chapala, con la puesta en marcha del primer juzgado oral.
“Pero lógicamente que ahí hay que construir, hay que contratar, hay que nombrar tres nuevos jueces, porque se requieren tres jueces para cada juzgado, yo no sé si le informaron al gobernador”, comentó al respecto Partida Caballero.
Sin presupuesto para cambiarse a la Ciudad Judicial, los consejeros del Consejo de la Judicatura siguen laborando desde las oficinas ubicadas en la calle Degollado del centro histórico de Guadalajara, donde están los viejos juzgados.
Dada la falta de presupuesto, no saben si para enero, o quizá después, se vayan para la Cuidad Judicial, donde ya están los juzgados.
Por otro lado, la saturación del trabajo incide en la calidad de las sentencias y su retraso; es que muchas quejas contra funcionarios del Poder Judicial fueron hechas en razón de dilaciones en los procesos.
“En días pasados estuvimos en la ciudad de Puerto Vallarta, en el Congreso de Jueces, y se presentaron trabajos importantes en el sentido de los estudios que se han realizado para conocer cuántas son las sentencias que puede dictar un juez al año, y se habla de un estándar internacional de 600 sentencias que puede dictar, hay algunos (en Jalisco) que hacen hasta 7 mil”, señaló el consejero.
Parcialidad y corrupción
El exceso de trabajo, “aunque no es pretexto”, genera que muchas de las sentencias en Jalisco se retrasen o derivan de un expediente mal armado por la Fiscalía.
En este sentido, el consejero Alfonso Partida pide a la Fiscalía General del Estado que asuma su parte de responsabilidad.
“Nosotros cuando detectamos una situación de corrupción inmediatamente tomamos cartas en el asunto, no tenemos todo el personal para hacerlo, pero cuando tenemos ese conocimiento, inmediatamente lo hacemos (…) lo hacemos nosotros con esa autonomía que tiene el Poder Judicial y no como la Fiscalía lo quiere hacer, porque no tiene la calidad moral la fiscalía para cuestionar de lo que son ellos responsables.
“Son responsables porque en virtud de que hacen mal las integraciones de las averiguaciones previas, mal las integraciones desde el acta de policía, desde el acta de ministerio público y desde la consignación, entonces eso no nos permite a nosotros tener calidad, la que quisiéramos”, señaló el consejero.
Todos los anteriores son factores que corrompen la justicia, en un estado donde se han detectado casos de corrupción o parcialidad en jueces, en una de las entidades más rezagadas en el nuevo sistema.
“Con los juicios orales estaríamos en una posibilidad de que ustedes los medios de comunicación y la sociedad pudieran conocer de viva voz cuando hay un error y atacarlo desde el primero momento, y no como lo que sucedió en el caso de Caro Quintero, que 28 años después se dieron cuenta los jueces federales que hubo un error de la Procuraduría General de la República. Aquí tenemos miles de ejemplos, el caso Thomas White, y una serie de cosas, de juicios que la Procuraduría ha hecho mal”.
