Responsabilidad compartida en crisis de seguridad por crimen organizado

Reporte Índigo platicó con el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, con representantes de la sociedad civil así como con especialistas en la materia para analizar la ola de violencia por la que atraviesa México. Aunque sus posturas son distintas, todos coinciden en que el país no puede seguir bajo el yugo del crimen organizado
Rubén Zermeño Rubén Zermeño Publicado el
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No es un secreto a voces que México está en llamas y que la violencia en el país está en su pico más alto. Hechos como los protagonizados por el crimen organizado la tarde del viernes, donde se registraron narcobloqueos en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, o como los de la semana pasada en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, abren el debate sobre quién o quiénes son los responsables de que hayamos llegado al punto en el que nos encontramos.

Los miembros de los grupos del crimen organizado no solo se matan entre ellos, sus actos afectan directamente al ciudadano de a pie, destruyen patrimonio privado y siembran terror en la sociedad en general, además de que denigran la imagen de México ante el mundo.

Reporte Índigo entrevistó al encargado del operativo de la Seguridad Pública del país, Ricardo Mejía, y platicó con representantes de la iniciativa privada y la sociedad civil, así como con especialistas en seguridad para analizar el problema.

Aunque las posturas son distintas y entre los tres niveles de gobierno se reparten la culpa, todos coinciden en que no podemos continuar a merced del crimen organizado.

Desde la entrada de la sede principal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada sobre la avenida Constituyentes de la Ciudad de México, los elementos de la Guardia Nacional que la custodian se refieren a Ricardo Mejía como “el jefe”. Incluso, nadie entra a su despacho antes que él.

En los pasillos, se habla de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria, pero el trabajo operativo de la seguridad pública del país, es Mejía.

Su equipo esta conformado por pura gente de su confianza, llevan varios años trabajando con él y reconocen que todos los días hay distintos fuegos que apagar.

Reporte Índigo visitó las instalaciones de la SSPC el pasado jueves 11 de agosto. Habían pasado pocas horas desde que grupos del crimen organizado tomaron la Zona Metropolitana de Guadalajara, Celaya e Irapuato.

El día se complicó más a las pocas horas debido a los hechos violentos de Ciudad Juárez y Mejía tuvo que dar la cara al país en la conferencia mañanera como responsable de la seguridad.

Durante la entrevista, el subsecretario habló de los tres ejes de la estrategia de seguridad del Gobierno federal: blindaje social, inteligencia y estado de fuerza; presumió los logros de la Cuarta Transformación en la disminución de algunos delitos como el robo y pasó el balón de la responsabilidad a la cancha de las entidades, de los municipios, de las fiscalías y del Poder Judicial.

“Es muy importante la coordinación, es la palabra clave, entre las fuerzas federales y estatales. Lo ideal es que cada fuerza en su respectivo nivel haga sus tareas (…) Cada instancia debe de hacer lo que le corresponde, si una instancia falla, repercute en la seguridad porque tampoco es deseable que la Guardia Nacional o el Ejército, en cualquier falta y en cualquier lugar, sean los primeros respondientes, tienen que entrar las fuerza de las corporaciones locales”
Ricardo MejíaSubsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Mejía insistió en que gran parte de la responsabilidad recae en el Poder Judicial al momento de aplicar la ley, ya que muchas veces los jueces tratan de cubrir “formalidades excesivas”, alentando los juicios, no emitiendo sentencias, y muchas veces liberando a los criminales.

“Hubo un caso de un juez en Zacatecas que prácticamente en un acto de vinculación a proceso, en donde solamente debe de haber una imputación, un dato de prueba y un probable responsable, realizó casi un mini proceso y se puso a calificar todas las pruebas.

“El problema de esos jueces es que cuando permiten liberar a delincuentes que cuestan mucho trabajo, mucho dinero, muchas horas de esfuerzo al Estado mexicano, otra vez debemos de volver a buscarlos, es otra vez comenzar un ciclo a pesar de que en ciertos delitos la ley permite que queden bajo prisión preventiva”, acusa.

Debido a esta situación, el funcionario público federal propone que todas las corporaciones e instituciones de seguridad y justicia caminen juntos a la profesionalización, a la depuración y cuidado de sus protocolos y de sus acciones para que no haya ninguna pata coja.

Finalmente, Mejía responde que no existe ningún pacto con ningún grupo del crimen organizado ni con ningún grupo político.

“No solo se debe de perseguir a la delincuencia organizada, también a los criminales de cuello blanco. (…) No hay ninguna colusión con el crimen organizado, no tenemos ningún pacto. Tenemos el mal ejemplo que se dio con García Luna, pero actualmente existe mayor capacidad de respuesta, quien cometa un delito, lo va a tener que pagar”, finaliza.

Al día siguiente de los hechos violentos en Ciudad Juárez, Mejía detalló en la conferencia mañanera que en los enfrentamientos y ataques hubo 11 personas muertas, 20 lesionadas y seis detenidos.

Por su parte, el presidente López Obrador lamentó que entre las bajas haya habido civiles.

“Es un hecho que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia. No solo fue el enfrentamiento de dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, gente inocente”.

Aunque ha habido detenidos durante las jornadas violentas de la semana pasada, es muy probable que los delitos queden en la impunidad.

Un informe publicado por la organización México Evalúa, que revisó la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, reveló que en el 94.8 por ciento de los delitos no existe ninguna salida, es decir, ni una sentencia y tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni siquiera se llega a juicio y los casos se quedan “congelados” en el archivo temporal.

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