Denuncian represión en Baja California
Las protestas ciudadanas en Baja California en contra de las acciones del Gobierno estatal alcanzaron su punto más álgido esta semana.
La represión por parte de la policía municipal a una manifestación a las afueras del Ayuntamiento de Mexicali terminó en enfrentamiento y con la detención de 13 manifestantes, el pasado lunes 13 de febrero.
Para Abril Rodríguez, una de las voceras del movimiento Mexicali Resiste, que convocó al plantón, esta acción es el último ejemplo de la represión hacia los movimientos sociales en la entidad.
“Estamos experimentando lo que es la represión e intimidación del Estado. Responsabilizamos al Municipio. Las acciones del lunes no fueron aleatorias”
Las protestas ciudadanas en Baja California en contra de las acciones del Gobierno estatal alcanzaron su punto más álgido esta semana.
La represión por parte de la policía municipal a una manifestación a las afueras del Ayuntamiento de Mexicali terminó en enfrentamiento y con la detención de 13 manifestantes, el pasado lunes 13 de febrero.
Para Abril Rodríguez, una de las voceras del movimiento Mexicali Resiste, que convocó al plantón, esta acción es el último ejemplo de la represión hacia los movimientos sociales en la entidad.
“Estamos experimentando lo que es la represión e intimidación del Estado. Responsabilizamos al Municipio. Las acciones del lunes no fueron aleatorias”, denunció Rodríguez.
De acuerdo con el testimonio de la activista, desde el mediodía del domingo elementos de la policía municipal de Mexicali comenzaron a ingresar al sótano del Ayuntamiento, que había sido clausurado simbólicamente por los manifestantes.
El lunes por la mañana, los manifestantes comenzaron a observar movimiento por parte de los elementos municipales, por lo que decidieron hacer una barricada humana entrelazando sus manos.
La embestida por parte de los uniformados comenzó minutos después de las 8 de la mañana; los activistas se dieron cuenta que la acción fue coordinada para llevarse a los que ubicaban como líderes visibles.
“Ocho de los detenidos fueron integrantes de las mesas de trabajo con el Municipio. Escuchábamos a los policías gritar: ‘a éste, a éste’. Hubo muchos intentos de levantar gente que se estaba manifestando. Teníamos miedo porque no sabíamos hacia dónde se dirigiría este ataque”.
Una vez detenidos, los manifestantes estuvieron incomunicados por horas, y sin tener acceso a los abogados del movimiento. Cerca de 12 horas después de su detención fueron puestos en libertad.
“No les importa privar de sus derechos a los ciudadanos”, sentencia la activista.
Intimidación oficial
La presunta intimidación y represión de los movimientos sociales comenzó a aumentar después de los sucesos del sábado 28 de enero.
Ese día, un grupo de manifestantes encaró al gobernador Francisco Vega a las afueras del Palacio de Gobierno en Mexicali, mientras abandonaba el edificio escoltado por elementos de la Policía Estatal.
El mandatario había anunciado la cancelación de una reunión con los manifestantes que tenían tomados los accesos a las instalaciones del Ejecutivo, lo cuál enardeció a la multitud que acusaba al gobierno de romper los acuerdos.
A raíz de este hecho, que culminó con jaloneos, empujones e insultos, la persecución en contra de los movimientos sociales se incrementó.
Abril Rodríguez afirma que el lunes siguiente comenzó la intimidación, pues aunque el bloqueo a las instalaciones era simbólico, el gobierno envió una fuerza desproporcionada para removerlo.
“Nos piden de la forma más amable con cientos de policías ministeriales y municipales que quitáramos el cerco, pero nosotros solo permitimos los acceso sin levantar el plantón”.
En las últimas semanas, ella y otros integrantes del movimiento Mexicali Resiste han recibido amenazas a través de sus cuentas de redes sociales, e incluso llamadas telefónicas amenazantes a altas horas de la noche.
“Estas acciones para nosotros sí son de intimidación, además de los mensajes que nos han mandado a varios voceros, amenazas de que tengamos cuidado, que nos van a levantar, llamadas a nuestros familiares”, detalló Rodríguez.
Su protesta
En diciembre, la movilización ciudadana comenzó a crecer en Baja California en rechazo a varios temas:
> La Ley del Agua fue aprobada en fast track en diciembre pasado por el Congreso Local.
> Los colectivos afirman que esa Ley abre la puerta a la privatización del agua.
>Los gasolinazos incrementaron las manifestaciones en la entidad.
> Ciudadanos también reprueban el aumento o creación de nuevos impuestos en Mexicali.
> El sector agrícola del Valle de Mexicali rechaza la instalación de la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands, por posibles daños a los recursos naturales de la zona.
Detonantes sociales
La organización de la ciudadanía y las medidas de protesta han tomado por sorpresa a la clase política de Baja California, que no esperaba que las movilizaciones, principalmente orquestadas desde las redes sociales, alcanzaran tales dimensiones.
El mayor descontento entre los habitantes del estado fronterizo ha sido la Ley del Agua aprobada en fast track en diciembre pasado por el Congreso Local, a propuesta del gobernador panista Francisco Vega.
Esa Ley, aprobada la madrugada del 21 de diciembre en medio de protestas ciudadanas, enfrenta un amplio rechazo entre la población, la clase empresarial y las organizaciones, que incluso pro-
mueven un referéndum para su revocación.
A través de dicha legislación se pretende no solo un aumento a la tarifa de agua potable, sino una apertura parcial o total al sector privado para su participación en la prestación de servicios del agua potable, tales como administración, operación y mantenimiento.
Ha sido principalmente el rechazo a esta Ley, que afirman abre la puerta a la privatización del agua, que diversos colectivos y la sociedad en general se han unificado en la protesta y la movilización.
Aunque sería el gasolinazo que entró en vigor en los primeros días de 2017 lo que terminaría encendiendo la mecha de la protesta social, y ya son varias las organizaciones civiles que se manifiestan en la calles, en los Ayuntamientos, en el Palacio de Gobierno y en el Congreso.
Sumado a ello, el sector
agrícola del Valle de Mexicali también se ha movilizado para rechazar la instalación de la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands.
Detallan que el rechazo a la llegada de esta trasnacional se debe a los daños a los recursos naturales del Valle de Mexicali que traería la instalación de dicha planta, además de que explotaría una gran cantidad de recursos acuíferos, en perjuicio de la población.
A nivel municipal, la sociedad civil también se ha manifestado en contra de sus autoridades, como en el caso de Mexicali, con un rechazo unánime al aumento o creación de nuevos impuestos.