Renuncia a la PGR y exige Fiscal

17 de Oct, 2017

Raúl Cervantes Andrade renunció ayer en el Senado a la Procuraduría General de la República, buscando destrabar el proceso legislativo para el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República.

Cervantes hizo el anuncio en una reunión privada de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, ante coordinadores parlamentarios y representantes de bancadas.

“Dado que en los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la República y a objeto que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el País necesita, he decidido enviar al presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la PGR a partir de este momento”, anunció Cervantes en su intervención ante los senadores.

En su intervención en el Senado, Cervantes Andrade fue directo al informar sobre los motivos de su salida.

Criticó a los legisladores y políticos de Oposición que lo utilizaron como carne de cañón para frenar la creación de la Fiscalía.

“No se trata de personas”, dijo Cervantes Andrade. “Se trata de construir mejores instituciones. Algunos legisladores y políticos han usado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México. Yo no tengo ninguna aspiración, fuera de servir, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”.

En lugar de Cervantes, como encargado del despacho de la PGR, quedó Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la dependencia federal.

Beltrán es licenciado por la Escuela Libre de Derecho. Como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales llevó los casos como la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos a inicio de año; la detención y extradición a México del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la captura y proceso de extradición de Roberto Borge en Panamá y de Tomás Yarrington en Italia.

“Yo no tengo ninguna aspiración, fuera de servir, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”

Cumplía con los requisitos

Raúl Cervantes es militante del Partido Revolucionario Institucional. El 1 de septiembre del 2012 tomó protesta como senador. Un año después fue nombrado presidente del Senado, cargo en el que duró hasta el 31 de agosto del 2014.

Durante ese año ganó simpatías y creó vínculos con todas las bancadas, la mayoría de legisladores que lo conocen respaldan su trayectoria y cualidades, por eso pudo llegar a la Procuraduría General de la República de México el 26 de octubre del 2016 a remplazar a Arely Gómez. Peña Nieto lo propuso y sus compañeros del Senado lo ratificaron.

Durante la gestión de Cervantes como procurador de la República se logró la detención de los exgobernadores del PRI, Javier Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández y de Tomás Yarrington, además de que libró orden de aprehensión en contra de César Duarte, exmandatario de Chihuahua.

“Hemos avanzado en varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables”, argumentó Raúl Cervantes ante legisladores minutos antes de renunciar.

Cervantes también fue el responsable del proceso de extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán a los Estados Unidos.

Desde que llegó a la PGR, Cervantes señaló que se debía de trabajar en la transición de la PGR a la FGR.

“Estoy convencido de que debemos construir una institución profesional, eficaz, eficiente, abierta, confiable y firme. Lo más importante es contar con un sistema de procesos que garanticen investigaciones científicas, sistemáticas, imparciales y expeditas, que den lugar a investigaciones sólidas y creíbles, con independencia de quién sea el titular de la Fiscalía”, expresó el 26 de octubre del 2016.

Según la reforma política de 2014 que estableció la transformación de la Procuraduría General de la República a una institución autónoma, señala que para ser Fiscal únicamente se requiere ser mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años al día de la designación, contar con al menos 10 años de experiencia como licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito doloso.

Cervantes cumplía con los requisitos legales para el puesto, por lo que pronto se perfiló como el favorito para dirigir durante 9 años la nueva Fiscalía.

Cervantes Andrade es primo de Humberto Castillejos Cervantes, quien se desempeñó hasta junio de este año como Consejero Jurídico del presidente Enrique Peña Nieto.

La militancia en el PRI y la cercanía con el Presidente, enfrentó a políticos y a la sociedad civil, quienes se opusieron al pase directo a la Fiscalía General de la República.

Las discusiones y el tiempo de los legisladores se ha ido en decidir el pase directo o no de Cervantes a la Fiscalía, dejando de lado la transición a un órgano autónomo.

Durante la gestión de Cervantes como procurador de la República se logró la detención de los exgobernadores Javier Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington

Pide aprobar reformas pendientes

Durante la comparecencia de ayer, Cervantes, además de anunciar su renuncia dio un informe de los logros durante el año que estuvo al frente de la dependencia.

“Los logros que conseguimos no son suficientes. No podemos ir más rápido, ni ser más eficientes si no hacemos ya transición a un nuevo esquema institucional que asegure, día a día, mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad”, recalcó y pidió al Congreso que apruebe a la brevedad las reformas pendientes para la creación de las fiscalías locales y nacional.

“El Constituyente no se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía General autónoma. Es decisión correcta para que, con autonomía, fiscales puedan brindar justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”.

Cervantes se fue de la Procuraduría, no sin antes advertir a su sucesor sobre la labor titánica que se le viene a cuestas: la investigación de uno de los mayores casos de corrupción había terminado y pronto comenzarían las imputaciones ante el Poder Judicial Federal.

No mencionó el caso, pero se trata de Odebrecht, la empresa brasileña que está en el ojo del huracán por los sobornos que pagó a funcionarios de gobiernos de América Latina, un escándalo que ha provocado la detención e imputación incluso de expresidentes.

“La Procuraduría ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto. El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, advirtió Cervantes.