Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, se ha manifestado en contra de la reforma político-electoral que promueve el Gobierno de México, desde una visión de defensa del federalismo que coincide con la que enarbola el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

La funcionaria del IEPC ha cuestionado con firmeza la propuesta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en su intención por eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), encargados de la organización de las elecciones en cada entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos.

Así lo expuso Ramírez Höhne al participar en el Foro 20 “Eliminación de los OPLES y de los tribunales locales”, celebrado el 25 de agosto pasado, como parte del Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados.

“La iniciativa de reforma político-electoral del Ejecutivo federal camina en sentido contrario, choca con las bases fundadoras de nuestra República democrática y federal.

“Tengo que decirlo con sus letras: lo que se ha presentado es una fórmula para que los estados dejen de administrar y organizar sus propias elecciones, que carezcan de autoridades jurisdiccionales y que, además, renuncien a sus facultades para determinar la dimensión de sus Congresos y la composición de sus ayuntamientos”, expresó.

Presuntas repercusiones

En este sentido, la consejera planteó que una de las consecuencias que la aprobación de la iniciativa presidencial tendría en Jalisco es que los municipios con población menor a 60 mil habitantes contarán con una regiduría; es decir, 105 de los 125 municipios jaliscienses estarán integrados por una sola persona.

“Cancelando toda pluralidad, todo contrapeso y todo equilibrio político”, manifestó.

Entre los aspectos de la iniciativa presidencial que discute  Ramírez Höhne se encuentran: la extinción de la institucionalidad electoral local, la centralización de las funciones electorales, el establecimiento de una ley única para regular la vida política-electoral de todo el territorio nacional y el planteamiento de fijar una fórmula exclusiva para determinar el número de diputaciones locales y regidurías.

Estos elementos, de acuerdo con la funcionaria, estarían anulando las facultades para organizar el régimen interior en los estados, en contradicción con lo que manda la Constitución.

Acusa que también desaparecería el trabajo de décadas, el aprendizaje y los avances demostrables en materia democrática en los estados “para forzarlos a una homogeneidad tan imposible como indeseable”.

Titular del IEPC dice no a la centralización

La defensa del federalismo que ha adoptado la titular del IEPC emparenta con el discurso del gobernador de Jalisco, aunque el de ella se está dando desde la arena electoral, mientras que el del mandatario estatal se ha centrado en el ámbito fiscal y presupuestal.

“Nuestro federalismo y nuestra vida política local hizo posible que las entidades se convirtieran en la escuela de la democracia mexicana, donde se escenificaron las primeras alternancias políticas en el país, tanto en los Ejecutivos como en la composición de los Legislativos.

“Un dato: desde el 2014 la alternancia para gobernador ha ocurrido en el 70 por ciento de los casos, ¿hay un síntoma más claro de imparcialidad, profesionalismo y pulcritud en el trabajo electoral local?”, preguntó ante los diputados federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Según Ramírez Höhne, entre los “grandes equívocos” que tiene la iniciativa del Ejecutivo federal, se encuentra el de suprimir instituciones.

Lo anterior no desaparecería deberes ni obligaciones, por lo que se trasladarían hacia un órgano central “descomunal” que, de cualquier forma, tendría que realizar el gasto que hoy hacen los organismos locales.

“Nuestro régimen federal constitucional ha garantizado su tarea principal: la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y las representaciones locales y, con ello, la estabilidad política y social de toda la nación.

“Más de 55 mil cargos locales, entre ellos, 55 gubernaturas, han sido electos bajo el manto de nuestro sistema electoral. No puedo aportar prueba mayor de su eficacia y de su profesionalidad”, subrayó.

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