Recortan a dos inútiles

Enrique Peña Nieto entrará a su mandato recortando dos históricas secretarías. 

Históricas por sus mediocres resultados: La Secretaría de la Función Pública y  Seguridad Pública.

Como parte de su proyecto de gobierno el priista evaluó que los resultados de ambas no eran los idóneos y lo mejor era borrarlas del mapa y volver a empezar.

Para lograrlo presentó dos iniciativas, una que reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal desapareciendo la SSP y otra más para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.

 “Significaría tener un órgano con mayores capacidades para combatir la corrupción y nos permitiría organizar de mejor manera la administración pública federal e incluso reducir el número de secretarías que pasaría de 18 a 16”, dijo Peña Nieto en la presentación de ambos proyectos.

Estuvo acompañado de los coordinadores de las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy a cargo de Genaro García Luna, todas sus atribuciones pasarían a ser facultad de la Secretaría de Gobernación.

Luego de un sexenio con más de 70 mil muertos por la guerra emprendida contra el narcotráfico y por las constantes infiltraciones y nexos de los mandos policíacos de esa dependencia el priista optó por acabar con ella.

Y es que fueron varios los escándalos en los que García Luna llevó a la SSP. Además de llevar a la corporación policíaca de esta Secretaría por un laberíntico cambio de identidad al pasar de ser Agencia Federal de Investigación (AFI), luego Policía Federal Preventiva (PFP) y finalmente Policía Federal.

Fue para muchos el secretario consentido del Presidente Felipe Calderón. Estuvo durante los dos sexenios panistas en el ojo del huracán pero nada logró sacudirlo. Presuntamente relacionado con el narco y dueño de una casa millonaria en la Colonia Paseos del Pedregal a este funcionario nada ni nadie lo removió en el gobierno de Acción Nacional.

En marzo del 2009, en medio de una de las peores crisis económicas internacionales Reporte Indigo publicó que García Luna se construía una lujosa casa de más de 20 millones de pesos en el fraccionamiento Jardines de la Montaña en la delegación Tlalpan, del Distrito Federal.

La respuesta del funcionario fue que la estaba haciendo con sus ahorros. Pero revisando su sueldo las cifras no coincidían. El caso nunca fue atraído por la PGR. No hubo pronunciamiento por parte del Gobierno. Permaneció en su cargo sin sospechas.

El periodista Ricardo Ravelo realizó una investigación en la que vinculaba a García Luna con el cártel de los Beltrán Leyva, con quien presuntamente existía un compromiso de protección. Tampoco ocurrió nada.

Sus funcionarios cercanos han sido acusados de vínculos con las bandas del crimen organizado. Edgar Millán, comisionado de la Policía Federal fue asesinado en 2008 en una presunta venganza del narco. Gerardo Garay Cadena otro de sus allegados fue acusado de proteger al Cártel de Sinaloa en el 2008 y fue apresado.

Lorena González, comandante de la Policía Federal estuvo involucrada en el secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario y ahora activista Alejandro Martí.

Inmune a los ataques

Ningún ataque le hizo nada a Genaro García Luna. 

Recientemente elementos de su corporación se vieron involucrados en el ataque a dos agentes estadounidenses en Tres Marías, un tramo de la carretera de México a Cuernavaca. Hasta el momento todas las investigaciones indican que los policías colaboraban con el narcotráfico.

Ante esto Enrique Peña Nieto argumenta en su iniciativa que se requiere de una mejor coordinación entre todos los niveles de gobierno e integrar una política de seguridad en la que se priorice además la seguridad interior.

“A la secretaría de Gobernación le correspondería en esta materia formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendiente a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal  la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”, explica la iniciativa que entregó a las bancadas del PRI.

Se busca además que sea el propio titular de la Segob quien presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República y que sea este órgano, integrado por todos los estados, quien delínea las estrategias de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Que sea la Secretaría de Gobernación la que presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República; la que proponga acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La que también proponga al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el programa rector para la profesionalización de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; la que participe de acuerdo con la Ley de la materia, de planes, programas de profesionalización para las instituciones policiales.

“Y la que coordine las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas en términos de la Ley”, detalla la iniciativa presentada ayer en un hotel de Santa Fe en la Ciudad de México.

Como posibles titulares de la Secretaría de Gobernación se ha mencionado los es Gobernadores de Hidalgo, Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam. Además se dice que otro que podría llegar a ocupar esa silla es el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

Gran parte de las nuevas facultades y organización recaerían en las subsecretarías luego de desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública.

Para la subsecretaría del Interior se dice que podrían estar en primera fila Jorge Carlos Ramírez Marín, Roberto Campa Cifrían y nuevamente Murillo Karam, que actualmente es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En esta iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto se plantea también la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, creando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Se plantean también algunos cambios en el tema de desarrollo social así como una simplificación administrativa y un nuevo sistema de auditorías en toda la administración pública.

Una Secretaría que no funcionó

En una segunda iniciativa se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Este fue desde su triunfo en las elecciones del pasado mes de julio, uno de los proyectos más ambiciosos del priista.

Para lograrlo se está proyectando la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Ese departamento de asuntos internos que en la era panista se convirtió en decorativa.

Desde mediados del 2009 Manlio Fabio Beltrones propuso su desaparición. Luego en septiembre de ese mismo año,  el propio Felipe Calderón le tomó la palabra a Beltrones y anunció la desaparición de la SFP junto a la Secretaría de la Reforma Agraria y Turismo, pero nunca prosperó este proyecto.

A pesar de que envió una iniciativa al Congreso de la Unión jamás se dictaminó y quedó en la llamada congeladora legislativa.

El argumento era que con la abrogación de estas dependencias se generaba un ahorro al gasto del gobierno federal.

Esta dependencia que nació en el sexenio de Miguel de la Madrid durante los gobiernos priistas tuvo el nombre de Secretaría de la Contraloría de la Federación. 

Su primer titular fue Francisco Rojas, quien en estos días deja de ser diputado federal y coordinador del PRI en la Cámara baja.

Fue en el sexenio de Vicente Fox cuando cambió al nombre de Secretaría de la Función Pública. Sin embargo las críticas han sido constantes por los bajos resultados. 

Y es que a la llegada del panismo además del cambio de siglas , su primer titular, Francisco Barrio Terrazas aseguró que caerían “peces gordos” con la aplicación de la Ley por parte de la SFP. 

Los priistas se dieron por aludidos, acababa de pasar el famoso “Pemexgate”.

Ningún pez gordo cayó, ni del PRI y menos del PAN. Hoy tiene sus días contados.

“Se propone crear la Comisión Nacional Anticorrupción como la instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por servidores públicos de la Federación, así como cualquier particular, ya sea persona física o moral. Se le dotará en la Ley la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios”, expone el documento.

En un primer proyecto se quería que esta Comisión tuviera facultades de investigación como un Ministerio Público, sin embargo al ir trabajando en el documento todas estas buenas intenciones se quedaron en el tintero.

“En caso de que la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delitos deberá dar vista al Ministerio Público, ya sea federal o estatal, y podrá actuar como instancia coadyuvante. 

“También se prevé que en los casos de corrupción las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco años”.

En el propio cuerpo de la iniciativa se erige a esta comisión en un emisor de buena moral y comportamiento ejemplar.

“La Comisión, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, estará también facultada para impulsar, de forma prioritaria, acciones y programas de carácter preventivo; en especial de aquellos destinados a promover la ética y la honestidad en el servicio público así como el estado de derecho.

“En este sentido, podrá formular recomendaciones, ya sean particulares o de carácter general, para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción”, dice el texto.

Además se propone la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública, como un órgano de carácter interinstitucional encargado de promover el fortalecimiento de la ética en la sociedad.

Este consejo estaría presidido por el Presidente de la República y ciudadanos que se hayan destacado por su contribución en la rendición de cuentas y transparencia del gasto público. En la iniciativa no se determina con precisión su integración y facultades.

Las denuncias ante la Comisión Nacional Anticorrupción deberán ser hechas por los ciudadanos y serán desde incidentes menores hasta grandes casos de carácter administrativo que representen un daño al erario.

Este órgano estará integrado por cinco comisionados que serán propuestos por el Presidente de la República y el Senado deberá avalarlos. Su encargo durará siete años. 

Uno de los cinco podrá aspirar a presidir la Comisión y deberá contar con el voto de los demás. El mandato del Comisionado Presidente será de un período máximo de cuatro años.

Así, luego de un sexenio convulsionado por la violencia el principio del sexenio dibuja ya lo que será una nueva estrategia de seguridad y otro más de los proyectos para acabar con la corrupción de políticos y funcionarios.

— Secretaría de Seguridad Pública

Fundada en 2000
Presupuesto: $40.5 mil millones de pesos en 2012

Subsecretarías:
> Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial
> Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos
> Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal
> Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional

Objetivo oficial

> La Secretaría de Seguridad Pública tiene por objeto preservar el orden, la libertad, la paz pública, y la integridad y derechos de las personas.  Junto a la Procuraduría General de la República y los Poderes de la Unión, la SSP trabaja para prevenir delitos desarrollando política criminal y de seguridad, así como administrando el sistema penitenciario federal.

— Secretaria de la Función Pública

Fundada en 1983, como Secretaría de la Contraloría
Presupuesto: $1.6 mil millones de pesos para el 2012

Subsecretarías:
> Subsecretaría de la Función Pública 
> Subsecretaría de Control y Auditoría de la Función Pública 
> Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas (Reforma al reglamento interior 2011) 

Función oficial

> La Secretaría de la Función Pública evalúa, coordina y vigila al gobierno federal en su ejercicio público. Desde septiembre del 2009 el presidente Felipe Calderón había anunciado la desaparición, pero no se concretó.

DE GUATEPEOR A GUATEMALA
Por Adriana Amezcua
Es un avance que la SSP retorne a la Segob pero aún falta mucho para que México se equipare en la práctica México a los países democráticos, según Edgardo Buscaglia

Se da un paso para adelante y otro para atrás. Así sintetiza Edgardo Buscaglia la propuesta de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sea absorbida por la de Gobernación.

Constituye un avance pero sólo considerando que “estábamos en Guatepeor y vamos a Guatemala”, comenta, “sin ánimo de ofender a ninguna nación”.

En su opinion, la iniciativa que el priista Enrique Peña Nieto presentó ayer ante senadores y diputados de su partido es buena frente a la situación que teníamos hasta ahora: un pequeño Estado dentro del Estado.

Es decir, una SSP que se maneja sin ningún control político y sin ningún tipo de control técnico desde hace muchos años. “Y ya vemos los resultados: la inseguridad se incrementó sin precedentes desde la Revolución Mexicana”, afirma.

Sin embargo, el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia sostiene que la propuesta del actual presidente electo no supone un aproximación a la práctica de los países democráticos. En éstos, la policía es controlada por órganos de justicia que, a su vez, se encargan de elaborar la política criminal. 

“Esta supone una asignación de recursos a las diferentes áreas del sistema de administración de justicia donde la policía es solo un eslabón de ese sistema”, explica Buscaglia. 

De ahí que, si bien reincoporar a la SPP a la Secretaría de Gobernación implica dar un paso adelante al mismo tiempo, alerta sobre un retorno de las tradiciones de control político del PRI.

Lo más lamentable, según el experto en temas de seguridad, es que se está perdiendo la oportunidad de desarrollar “un ámbito policial democrático, en donde las políticas criminales se valoren en una matriz donde los jueces, fiscales, policías y el sistema penitenciario estén coordinados desde el Ejecutivo”. 

Esto supondría crear un espacio que permitiera fomentar la coordinación de esos cuatro eslabones a través de una política criminal adscrita a una secretaría de justicia que hoy en México no existe.

Los países democráticos normalmente cuentan con ministerios, departamentos o secretarías de justicia que se encargan de elaborar la política criminal. El nuestro no tiene ninguna institución de este tipo ni tampoco ha desarrollado una política criminal viable.

México, en palabras de Buscaglia, “es un proyecto de democracia” que no termina por desarrollarse y alberga muchos vacíos de Estado. Uno de ellos es no contar con una secretaría de justicia. Porque la PGR no lo es: “es el órgano de acusación y debería ser autónomo pero es diferente a una secretaría de justicia”.

En este sentido, la propuesta de Peña se sitúa lejos de aproximarse a esta creación. 

¿Tentación autoritaria?

En México, de acuerdo con el catedrático de la Universidad de Columbia y actual profesor invitado de la UNAM, seguimos “con los espasmos del viejo control político que siempre quiere regresar. A lo Putin, como sucedió en Rusia”. 

Donde un sistema que trataba de caminar hacia la democracia terminó por dar un viraje hacia atrás. “Esperemos no sea el caso con el nuevo gobierno mexicano”, comenta Buscaglia.

Al respecto precisa que al dejar Calderón un Estado tan fragmentado y caótico podría quererse volver atrás, tal y como hizo Vladimir Putin tras el gobierno de Boris Yeltsin.

Rusia entonces vivía una situación muy similar a la mexicana: con la inseguridad fuera de control, un Estado capturado por diferentes grupos criminales. La llegada de Putin supuso la instauración de mecanismos autoritarios.

“Si bien uno nunca debe de establecer paralelos porque no hay similaridades tan fuertes –matiza el doctor en Jurisprudencia y Política Social por la Universidad de Berkeley– siempre hay una tentación a volver al control político del pasado; en donde la policía era un órgano de control político hacia todos los partidos y hacia todas las fuerzas activas de la sociedad”.

Edgardo Buscaglia dice que se quedaría más tranquilo si nos encaminaramos hacia la construcción de un país democrático en el que la policía estuviese bajo la supervisión de comisiones legislativas fuertes, “con dientes”. 

Comisiones que realmente controlen y vigilen desde el Congreso a la policía y que, por medio de una secretaría de justicia, se realizara un control funcional cotidiano. Pero estas comisiones y esta dependencia federal son inexistentes en México. 

“Son dos déficits democráticos pendientes”. Que no avanzan con la nueva propuesta del gobierno entrante.