Vargas fue el primero. Antes, ningún concesionario de la industria de la Radio y la Televisión había denunciado chantajes del gobierno federal

Desde que el presidente de MVS Joaquín Vargas denunció  públicamente las presiones de que fue objeto por parte del gobierno federal para cancelar el programa de Carmen Aristegui, no había vuelto a tener mayor exposición mediática.

Así las cosas, hasta ayer.

En las postrimerías de su gobierno, pero al mismo tiempo en los albores de su precampaña para la presidencia de la República, Marcelo Ebrard le entrego ayer a Joaquín Vargas  el reconocimiento de “Ciudadano Distinguido”.

La declaratoria es un  “reconocimiento muy especial” de gobierno, que se da en muy pocas ocasiones, explicó Marcelo Ebrard a los invitados especiales que asistieron al acto protocolario en el salón de Cabildos.

Y es que esta mención solo la otorga la ciudad excepcionalmente a grandes personalidades, como en el caso de algunos Jefes de Estado, o como el Premio Nobel al doctor Mario Molina, señaló el jefe de gobierno.  

“Ustedes dirán, ¿por qué es el reconocimiento?…

“Resolvimos otorgárselo después de estos ya seis años, -estamos a un mes de terminar la administración-, a Joaquín por lo que ha significado para la libertad de expresión”, explicó Ebrard para justificar la decisión.

Y sin decirlo explícitamente, el jefe de gobierno saliente lo dijo todo. 

Así, el GDF estaba reconociendo al empresario de la comunicación porque se atrevió a enfrentar y  a denunciar públicamente a Los Pinos por su pretensión de coartar la libertad de expresión al exigir la salida del aire del programa de Carmen Aristegui.

Los que estaban en el salón de Cabildos lo sabían.

Nunca antes ningún otro concesionario de la industria de la Radio y la Televisión había hecho del conocimiento de la opinión pública un chantaje como el que el gobierno federal  le hizo a Vargas para apagar la voz de una periodista crítica.

Como se recordará, en agosto pasado el presidente de MVS denunció y acreditó públicamente este chantaje, así como  las amenazas cumplidas de que fue objeto por parte de varios funcionarios del gobierno federal para que “sacara del aire” a la periodista Carmen Aristegui.

En su denuncia pública de agosto, Vargas relató con lujo de detalles la historia que le llevó a perder la concesión que tenía sobre la banda 2.5 GHZ.

Una historia que se inició el viernes 4 de febrero de 2011, cuando la periodista se atrevió a preguntar durante la transmisión de su programa si el presidente Felipe Calderón tenía problema de alcoholismo, como lo habían señalado un día antes algunos diputados federales en el salón de plenos de la Cámara.

La pregunta desató la furia presidencial. Y ese mismo día,  en un encuentro previamente acordado con el secretario de comunicaciones, el empresario fue notificado de que si quería mantener su concesión tendría que obligar a la periodista a ofrecer a una disculpa pública.

“Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MVS, y en especial el de la 2.5, hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente”, le dijo Pérez-Jácome a Vargas.

Carmen Aristegui, después de algunas semanas de no salir al aire, continuó con su programa diario y Joaquín Vargas pagó las consecuencias de su decisión por no acceder a los deseos del presidente Calderón.

Por eso, todos los que acudieron a la ceremonia ayer donde se le entregó el reconocimiento al empresario entendieron perfectamente bien a qué se refería Joaquín Vargas, cuando sin hacer alusión explícita a su experiencia con el gobierno federal, dijo en su discurso:

“Vivimos hoy un momento histórico que nos invita a transitar del capitalismo informativo, que se considera dueño de la información, al pleno ejercicio del derecho a la información, reconociendo en los hechos que la información no pertenece ni a quien la maquila ni a quien la difunde, sino al público que la recibe”.