Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en casos de desaparición evidencian sus deficiencias

Recientes investigaciones evidencian Crisis de la Fiscalía

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en casos de desaparición como la de María Fernanda y la Debanhi Susana, así como en el proceso penal de Jaime Rodríguez evidencian sus deficiencias

Los casos de María Fernanda, de 27 años, y de Debanhi Susana, de 18 años, exhibieron una serie de irregularidades de la Fiscalía General de Justicia.

Debanhi Susana fue hallada en una cisterna a los 13 días de desaparición y tras varios cateos en el motel Nueva Castilla.

“La búsqueda, en ese momento, no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado, mismo que fue reportado posteriormente por los trabajadores del lugar por los gases emanados de la cisterna”, dijo el vicefiscal, Luis Enrique Orozco Suárez, en un video con Gustavo Adolfo Guerrero y Rodolfo Salinas de la Peña de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

En el caso de María Fernanda, desaparecida el domingo 3 de abril, el personal de la Fiscalía tardó en atender el llamado del padre, quien localizó a su hija en una casa en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, por la ubicación de su celular desde el 4 de abril.

Pero fue hasta el 8 de abril cuando se realizó el cateo y el hallazgo de María Fernanda ya sin vida en el mismo domicilio que proporcionó la familia desde el lunes.

Fiscalía deficiente

La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuyo titular es Gilberto De Hoyos Koloffon, han violado el debido proceso en el caso de Jaime Rodríguez.

De Hoyos Koloffon acusó al exmandatario por el delito de usos de recursos de procedencia ilícita para la campaña presidencial del 2018, aunque no está dentro de sus facultades por ser un tema federal. A pesar de esto, solicitó la vinculación a proceso, así como la prisión preventiva.

Por su parte, Garza y Garza indultó por falta de medios de prueba a exfuncionarios de la administración del exgobernador que participaron en la requisa a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S.A. de C.V., la cual interpuso una denuncia por abuso de autoridad.

Pero al exgobernador no y solicitó prisión preventiva. A los pocos días cambió su postura y pretende volver a acusar a los exfuncionarios a quienes, en un principio, no pudo llevar a juicio por la falta de elementos para inculparlos.

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