La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional contra la extinción de 109 fideicomisos presentada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.


“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer en representación del Poder Ejecutivo. Se niega la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco”.

SCJN

El pasado 25 de noviembre, Alfaro presentó a los magistrados una impugnación contra la desaparición de los fideicomisos, aprobada por diputados y senadores. La impugnación fue respaldada por él y los demás miembros de la Alianza Federalista:


“Si había corrupción en esos fideicomisos, que se denuncie, persiga y castigue, pero no podemos permitir que desaparezcan agendas indispensables para la nación en materia, por ejemplo, de salud, del deporte, la seguridad, la cultura, los desastres naturales o la educación”.

Aunque la SCJN aceptó el recurso, este viernes el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena resolvió que la controversia constitucional no procede.

La Suprema Corte negó la suspensión debido a que “no existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia de alguno de los aspectos impugnados en la demanda”.

Enrique Alfaro fue el primero en presentar una controversia constitucional contra la extinción de los fideicomisos. Tras él, lo hicieron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

“Esperamos que la Suprema Corte dé respuesta inmediatamente para poder suspender algún acto que pueda ejercer el gobierno federal en base a esta reforma y poder mantener los fideicomisos como estaban”, dijo Martín Orozco.

Los gobernadores esperaban que la suspensión fuera aceptada antes del 6 de diciembre, debido a que el decreto ordena devolver los recursos de los fideicomisos a la Tesorería 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ocurrió el pasado 7 de noviembre.

El decreto indica que, al extinguir los fideicomisos, las dependencias y entidades deberán entregar los recursos a la Tesorería de la Federación o de la entidad; dinero que será utilizado para la emergencia sanitaria por COVID-19.

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