Tras caer en desacato hasta en ocho ocasiones, el Congreso de Nuevo León tuvo que ratificar por unanimidad a Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por 10 años, hasta 2028.

El órgano legislativo se negaba a hacerlo a pesar de que existían estas órdenes, logradas a través de varios amparos directos e indirectos, tanto en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Incluso, este último órgano planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la destitución de los congresistas por desacato. Fue el viernes 21 de agosto cuando el Juzgado Tercero de Distrito ordenó la ratificación de García Guerra, al rechazar un incidente de aclaración de la sentencia interpuesta por el Congreso.

De manera sorpresiva y tras esta resolución, ese mismo día se convocó de manera urgente a sesión permanente, donde se aprobó un periodo extraordinario para votar exclusivamente el dictamen de ratificación del exmagistrado. Ayer lunes, la Comisión de Justicia y Seguridad aprobó el dictamen por unanimidad y la Diputación Permanente dio 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

“Se ratifica al C. Doctor Ángel Mario García Guerra como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado para fungir por un segundo período de diez años”, dice el dictamen aprobado.

Además, el artículo 4º del documento menciona que al magistrado García Guerra se le deberán cubrir los salarios y prestaciones vencidas desde el 1 de marzo de 2018.

Diputados aún en apuros ante TSJ

Aún cuando los diputados ratificaron ayer a Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nuevo León, su situación ante la ley pende de un hilo.

Los congresistas habrían violado el artículo 193 de la Ley de Amparo, pues cumplieron de manera extemporánea una ejecutoria en varias ocasiones.

“Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo”, advierte.

Según el planteamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ante la Corte, la sanción para los legisladores aún está pendiente. Los diputados cumplieron dos años de extemporaneidad, pues en 2018 se les ordenó la ratificación de García Guerra.

Desde un principio, la coordinadora de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia Castelo y la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos Paredes, insistieron en ratificar al magistrado.

“No se trataba de una cuestión opcional sujeta a nuestra interpretación, sino que más bien se requería análisis de los elementos probatorios con los que contamos para decidir, por eso debimos votar a favor de la ratificación”, explicó Tapia Castelo.

Con el tiempo, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a cargo de Luis Donaldo Colosio Riojas, se sumó a apoyar la ratificación.

“Hoy ratificamos en el Congreso de Nuevo León al magistrado Ángel Mario García Guerra, a quien se le violentaron sus derechos constitucionales por más de dos años, enhorabuena para él y para el sistema de justicia del Estado. El proceso de la Legislatura ante la SCJN continúa”, publicó Bustos Paredes en Twitter.

Otra derrota del Congreso

La ratificación de Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nuevo León se suma a una serie de derrotas del Congreso, ya sea de la Septuagésima Cuarta Legislatura y la actual.

Por ejemplo, las reglas procesales que aprobó el Congreso en esta legislatura para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario de Gobierno, Manuel González, por la broncosanción, que fueron rechazadas por la SCJN.

Además, los congresistas perdieron una controversia constitucional desde la pasada legislatura, cuando la Corte invalidó la decisión de eliminar de 16 a 14 la cantidad de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.

Los congresistas tienen también una acción de inconstitucional en su contra por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHNL) por la aprobación de la Ley Antiaborto, así como errores en la redacción de dictámenes en las Leyes de Movilidad e ISSSTELEON.

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