Como es habitual en los procesos electorales, los programas sociales son uno de los alicientes con los que los partidos políticos buscan ganar el voto de la ciudadanía.

Aunque los comicios de este 6 de junio serán los primeros en los que aplique la reforma al Código Penal Federal, la cual volvió delito grave los ilícitos electorales, por lo que ameritan prisión preventiva oficiosa, sería la propia población la que podría dejar sin efecto el uso de estos apoyos.


Tanto la coalición oficialista Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, como la opositora Va Por México, que integran PRI, PAN y PRD, dedican el grueso de sus spots propagandísticos a prometer continuar o restaurar determinados programas sociales

Incluso el presidente López Obrador se involucró al asegurar, en diciembre pasado, que la oposición se alió para “quitarle el presupuesto a los pobres”.

A nivel local, estas acciones cobraron relevancia por el reparto de tarjetas con las que candidatos prometen distribuir recursos a la ciudadanía en caso de ganar. Acción que le valió a Adrián de la Garza, abanderado al gobierno de Nuevo León, una investigación de la Fepade. El priista no es el único, ya que se han documentado situaciones similares por parte de abanderados morenistas en Jalisco y la Ciudad de México, del PAN en Baja California Sur y Querétaro, o del PVEM en San Luis Potosí.

El informe de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también contempla el posible uso de programas sociales con fines electorales, lo que su coordinador, Rogelio Gómez Hermosillo, identifica como un uso político de la pobreza.

Adelanta que se presentará un segundo documento una vez pasado el 6 de junio, con miras a superar las 80 comunidades entrevistadas, siendo que estas acciones tienden a incrementarse a medida que se aproxima la jornada electoral.

De las 43 asambleas realizadas, en cinco se dijo que partidos o candidatos utilizan programas sociales con fines de propaganda, mientras que en otras cinco la opinión al respecto fue dividida.

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En nueve se dijo que han habido ofertas de apoyos, regalos o favores a cambio de votos, de las cuales tres fueron en opinión dividida. Solo una asamblea registró el uso de amenazas de cancelar los beneficios de programas.

“Los presentes saben que no son ciertas estas intimidaciones usando los programas sociales, pues aunque cambien los partidos en el gobierno, los programas siguen, solo cambian su nombre. Comentaron que todos los partidos lo hacen”, se lee en el informe presentado por Gómez Hermosillo y representantes de las organizaciones civiles involucradas.

Sobre estas prácticas electorales, el doctor Víctor Alarcón, académico del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, comenta a Reporte Índigo que es precisamente la generalización de estas estrategias la que lleva a todos los partidos por igual a sumarse a la competencia de ver quién promete más recursos o apoyos.


Todos los partidos políticos finalmente se enganchan en este tipo de campañas, ya se engancharon desde hace muchos años en el clientelismo, la compra y la coacción disfrazada del voto. Ciertamente el INE, por mucho que quisiera empujar controles más estrictos, no tiene un apoyo decidido o suficiente de la Fiscalía, porque tampoco tiene recursos suficientes para atender todas y cada una de las denuncias

Víctor Alarcón

Académico del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana

Caldo de cultivo

Entre los muchos estragos que deja un año de pandemia en México, se encuentran los retrocesos socioeconómicos para el grueso de la población.

De acuerdo con el informe “La Vacuna contra la Desigualdad”, presentado por Oxfam México en colaboración con organizaciones académicas el martes 25 de mayo, 11 millones de personas, cerca del 10 por ciento de la población, se encuentra en riesgo de entrar en situación de pobreza.

Entre los sectores más impactados por los efectos de la pandemia se encuentran las mujeres, que representan 1.2 millones de los 2.1 millones de empleos perdidos en 2020, las poblaciones indígenas, los adultos mayores de 65 años y los jóvenes que han abandonado o están en riesgo de abandonar sus estudios.

Esto último dado que casi el 79 por ciento de los hogares mexicanos presentaron problemas para atender las clases a distancia.

La vulnerabilidad socioeconómica generada por la pandemia se convirtió en una especie de círculo vicioso, dado que fue esta misma población expuesta la que más sufrió los estragos del coronavirus.

Así lo reportó la Universidad Nacional Autónoma de México a inicios de mayo en su informe “Impacto de los Determinantes Sociales en la COVID-19 en México”.


El documento postula que hasta un 94 por ciento de los más de 222 mil fallecidos por la enfermedad habrían sido trabajadores operativos, jubilados, pensionados y amas de casa

Mientras que el 92 por ciento de las defunciones fueron registradas en instituciones de salud pública, principalmente las dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud.

Los investigadores Guadalupe Ponciano-Rodríguez y Alejandro Cortés-Mena determinaron que factores como el no poder trabajar desde casa, cumplir con amplias jornadas laborales, no recibir licencias por enfermedad y no contar con acceso a servicios de salud de calidad terminaron por causar que las personas más vulnerables no solo se arriesgaran a contagiarse, sino también a volverse un foco de contagio para sus familias y demás entornos.

Con esta situación a cuestas, México llegó al proceso electoral más grande de su historia, en donde se disputarán tanto la Cámara de Diputados como 15 gubernaturas, 30 legislaturas estatales y más de mil alcaldías en 30 entidades de la República.

La doctora Ivonne Acuña, académica de la Universidad Iberoamericana, agrega que son estos sectores los que suelen definir las elecciones.

Las mujeres no solo componen la mayor parte de la población, sino que también acuden a votar más que los hombres. Mientras que los jóvenes van a las casillas así sea por mera novedad, por lo que se espera que hasta cinco millones de nuevos votantes sufraguen por primera vez el 6 de junio.


Todos los partidos tienen grupos a quienes dirigen sus campañas, específicamente a mujeres y jóvenes. De pronto también aparece la tercera edad. Pero sobre todo es porque sabemos que quienes van a decidir las elecciones, porque han decidido los últimos comicios, son precisamente las mujeres y los jóvenes

Ivonne Acuña

Académica de la Universidad Iberoamericana

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