Que reconozcan su culpa: CNDH

Las familias de las 37 personas que fallecieron en la explosión de Pemex en enero pasado deberán recibir, al menos, una disculpa por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo a la recomendación emitida ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH).

El 31 de enero en el edificio B2 de la Torre de Pemex, en el poniente de la Ciudad de México, ocurrió una explosión debido a un “flamazo” que prendió gases acumulados en los cimientos del inmueble, informó el viernes la Procuraduría General de la República (PGR). 

Las familias de las 37 personas que fallecieron en la explosión de Pemex en enero pasado deberán recibir, al menos, una disculpa por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo a la recomendación emitida ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH).

El 31 de enero en el edificio B2 de la Torre de Pemex, en el poniente de la Ciudad de México, ocurrió una explosión debido a un “flamazo” que prendió gases acumulados en los cimientos del inmueble, informó el viernes la Procuraduría General de la República (PGR). 

La CNDH indicó que la Procuraduría debe, además, reparar el daño a las familias de dos de las víctimas de la explosión de Pemex, cuyos cadáveres fueron entregados de manera errónea a los deudos.

Los restos de María Canales de 49 años fueron entregados por error a otra familia, pese a la serie de fotografías, videos y estudios forenses a los que fueron sometidos en el Centro Médico Forense (Cemefo) de la PGR.

Los deudos de otra víctima – cuyo nombre aún se desconoce – identificaron el cadáver de Canales como el de su familiar y se lo llevaron. 

Las pruebas dactilares y de ADN que se habían realizado al cuerpo de María Canales confirmaron que su cuerpo había sido entregado erróneamente. Cinco días después de la explosión la familia de Canales recibió el cuerpo de su familiar, pero ya había sido incinerado por la otra familia.

En la recomendación, la CNDH pide a la PGR que “se ofrezca una disculpa institucional a los familiares de V1 y V2, la cual además implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencia a su cargo”. Según la Comisión, se observaron “irregularidades por parte de servidores públicos” así como “omisiones consistentes en la falta de coordinación y cuidado” en la entrega de los restos de estas dos mujeres, pese a que según informes de la PGR “su personal aplicó diversos protocolos y manuales de actuación”.

Cinco días después de la explosión el procurador, Jesús Murillo Karam, dijo en conferencia que los errores en la entrega de los cadáveres se debieron a “una confusión” en las instalaciones del Cemefo.

Las familias de 30 trabajadores fallecidos en el incidente están “en espera” de que Pemex les entregue las indemnizaciones.

Esperan respuesta

Los familiares de María Canales presentaron una denuncia, pese a que han acudido en varias ocasiones ante las autoridades federales para preguntar por los avances en la indagatoria solo les han informado “que tal investigación se encuentra pendiente de ser remitida a otra institución por incompetencia”.

Los familiares de la víctima ha referido que el personal de la PGR “han omitido proporcionarles un trato digno y respetuoso respecto de la información en el trámite de esa indagatoria”, según la recomendación.

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Luego de la explosión en el edificio de Pemex en la ciudad de México el pasado 31 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) entregó los restos de María Canales a la familia equivocada, mientras que la verdadera familia mantuvo la esperanza de hallarla con vida.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), al menos dos personas siguieron participando en la extracción de escombros en los días posteriores al accidente, y distribuyeron datos con señas particulares de su familiar para intentar dar con su paradero.