PT: la Cofetel tiene que pagar

La diputada federal, Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, asegura que las irregularidades documentadas de contratos de servicios duplicados por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), presidida por Mony de Swaan Addati, deben aclararse lo más pronto posible, independientemente del cambio sexenal.

Algunos contratos, pese a las cantidades, fueron incluso otorgados por adjudicación directa mediante el artificio de un convenio

La diputada federal, Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, asegura que las irregularidades documentadas de contratos de servicios duplicados por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), presidida por Mony de Swaan Addati, deben aclararse lo más pronto posible, independientemente del cambio sexenal.

La Cofetel es un órgano administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que goza de autonomía técnica y operativa, así como de libertad de gasto y gestión. Su función es regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

Para Aguilar, el asunto que demanda sea esclarecido no tiene otro cometido que luchar por la transparencia y contra la corrupción en ese instituto tan polémico. Señala que De Swaan debería renunciar mientras este escándalo millonario queda subsanado. 

La diputada ha elaborado sus preocupaciones no solo de forma mediática y verbal, sino que las plasmó en demandas formales que presentó el 6 de noviembre ante el Órgano de Control Interno de la Cofetel, y ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por contratos que se hicieron en 2011, explica a Reporte Índigo.

Lo que está exigiendo es que el caso se revise y “que se haga una restitución al erario” de esos montos, en caso que no hayan cumplido con los requisitos de la ley y que se sancione a los responsables. 

Algunos de los contratos, pese a las cantidades, fueron otorgados por adjudicación directa mediante el artificio de un convenio.

Aguilar Gil se declara a favor de la libertad en cuanto a concesionarios de frecuencias de radio y televisión y está a favor de la competencia, de la democratización de los medios, de que existan opciones para el público. Pero ése es otro tema. 

Por ahora, explica que, según información pública, encontró problemas en el llamado ““Convenio Marco de Colaboración y Coordinación”, firmado entre la Cofetel y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict), adscrito a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con fecha 21 de junio de 2011.

¿Por qué? Porque –alega- en el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 31 de diciembre, también de 2011, la Cofetel declaró haber gastado hasta “38 millones 967 mil pesos”. Sin embargo, 23 millones 545 mil 310 pesos de ese mismo convenio, serían ejercidos en 2012. 

Ese convenio entre Cofetel tendría supuestamente por objeto mejorar su “comunicación” y su operatividad interna. Tan solo para eso los 38 millones de pesos. En el contrato, por supuesto, esto se expresa con tecnicismos que harían suponer una gran responsabilidad que justificara esa inversión.

Se habla de transferencia de conocimientos al personal, rediseño de procesos, reingeniería, métodos de transformación, desarrollo y adquisición de herramientas tecnológicas.

Como si todos estos despropósitos de finales de sexenio no resultaran increíbles ya en sí mismos, y el gasto de 38 millones en esos rubros, algo descabellado. 

Y vuelven a pagar por los mismos servicios

La Cofetel aún gastó en otro contrato, con la empresa Enapsys México S.A. de C.V., cerca de 52 millones de pesos más, con los mismos objetivos.

Cofetel firmó un contrato de varios años con Enapsys el 7 de mayo de 2012 por un monto de 52 millones 379 mil 716 pesos. La diputada Aguilar Gil asegura que este monto serviría para exactamente las mismas necesidades que habría ya sido más que cubiertas por los 38 millones anteriores.  

La diputada aporta documentos probatorios de la contratación de estos servicios de forma duplicada. 

Señala que en uno de los contratos hablan sobre la planeación estratégica de la Comisión, sobre la red interna, seguimientos y creación de procedimientos.   

Es decir, una serie de cuestiones a las que no se podría oponer nadie, pero sí a que se contrate de forma doble. Habría que dejar en claro si la primera contratación no se cumplió, o no se cumplieron los objetivos.   

En la denuncia, todos los objetivos tienen que ver con el mismo tema.

Se le pregunta a la diputada si el hecho de que el convenio haya sido firmado entre Cofetel y la UAEM, sin duda, asociada al grupo de poder de Enrique Peña Nieto en su época de gobernador, implicaría complicidades o protección a Mony de Swaan.   

Responde que, para ella, esto no podría verse como una conspiración, pero sí es necesario que se aclare todo a través de la denuncia.   

La petista comenta que la Cofetel y Mony de Swaan ya ofrecieron su versión de los hechos, o “conjeturas”, diciendo que se trata de una campaña contra la institución por el tema de la regulación de los medios, de su democratización. 

Tampoco tiene este asunto nada que ver con perseguir a la UAEM, dice la legisladora, tiene que ver con la asignación de recursos que está haciendo Cofetel, y le corresponde a la ASF, a la Secretaría de la Función Pública y al órgano interno de control, que no parece nada hecho nada al respecto. 

Hay que estudiar por qué se están dando todo este tipo de graves irregularidades. Mony de Swann, para ella, está sobreactuando y no debería ser así. ¿Por qué? Porque quien nada debe, nada teme.

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