Protocolo a la mexicana

16 de Abr, 2018

El Protocolo de Estambul se ha mexicanizado. El mecanismo internacional de derechos humanos utilizado para investigar casos de tortura ha tenido un mal uso por parte de las autoridades que lo han transformado en un instrumento de impunidad, según expertos.

Desde hace tiempo organismos internacionales y peritos independientes han denunciado que el método se aplica por parte del Estado como una trampa para encubrir violaciones a las garantías individuales.

Tardío, incompleto y aplicado por personal no capacitado, es como el relator especial sobre la tortura de la ONU, Juan E. Méndez, calificó desde el 2014 al protocolo aplicado en México, en un informe acerca de la práctica oficial del mecanismo, que se basa en una serie de análisis y evaluaciones médicas y psicológicas.

La Ley contra la Tortura en México fue reformada en junio del año pasado. Según los expertos se lograron avances, aunque el reto ahora es llevarlo a la práctica

El relator de la ONU señaló que la práctica cotidiana del Protocolo de Estambul en México contrasta totalmente con los estándares mínimos de uso que lo rigen que son pronto, imparcial, independiente y exhaustivo.

Yecenia Armenta conducía por una de las calles de Culiacán, Sinaloa, de pronto un auto no oficial con Policías Ministeriales le cerraron el paso. El vehículo que manejaba era robado, le dijeron. Las siguientes 15 horas se convirtieron en un tormento para ella. Fue sometida a tortura física, sexual y psicológica. Al final, con la dignidad destrozada se declaró culpable del crimen de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda, quien ocho días antes, el 2 de julio del 2012, había sido asesinado.

El Protocolo de Estambul aplicado por las autoridades resultó negativo. No hubo tortura en la detención, determinaron. Yecenia fue a prisión.

La vida de Armenta cambió por completo. En un breve periodo, pasó de vivir un duelo por la muerte de su pareja a ser señalada como la asesina. El caso tomó relevancia y peritos independientes nacionales y otros internacionales practicaron el método para comprobar si hubo tortura. Ambos fueron positivos contradiciendo la versión oficial.

Tras la presión social de varias organizaciones y la movilización de su familia, Yecenia recuperó su libertad en el 2016. Luego de cuatro años en prisión, un juez determinó que las declaraciones fueron obtenidas bajo violaciones de sus garantías. Sin embargo, Yecenia continuará con su vida acompañada de las huellas que deja la tortura en una persona, que según expertos, muchas veces, son imborrables.

“El problema en México es que el protocolo se ha usado como herramienta de impunidad, un instrumento que serviría para apoyar y proteger a los sobrevivientes de tortura y sus familias, sirve para criminalizarlas”

Escareño agrega que lo más grave es que las autoridades en el país tratan de abrir o cerrar las investigaciones si el resultado del instrumento es positivo o negativo, pero el Protocolo de Estambul es un elemento más de un caso y abona, pero no suple una investigación.

La perito, que forma parte de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura, indica que a las instancias internacionales les llama la atención cómo este método en materia de derechos humanos se “mexicanizó” y se utiliza en contra de las víctimas por parte de las autoridades.

En ese mismo sentido habla Laura Melchor, psicóloga y perito independiente autorizada para aplicar el protocolo, quien acusa que en México se ha creado una “pequeña trampa”.

“No hubo tortura, se cierra la carpeta o se manda a la reserva. Puede ser que el Protocolo de Estambul diga que no, pero a la autoridad le compete seguir investigando”

Fernando Valadez, perito independiente, explica que las autoridades tienen a sus propios médicos, psicólogos y psiquiatras, quienes no detectan los métodos de tortura en un proceso en el que se falta a uno de los principios básicos del protocolo, el cual señala que no puede ser aplicado por una autoridad parcial.

El psiquiatra y psicoanalista expone en entrevista que en México la tortura es efectuada también por las mismas corporaciones policiacas, además asegura que las secuelas que tiene la persona que recibe los maltratos físicos y psicológicos se pueden detectar al siguiente día e incluso hasta 40 años después, ya que son daños mentales permanentes, muy difíciles de revertir.

Del papel a la aplicación

La Ley contra la Tortura en México fue reformada en junio del año pasado. Los expertos aseguran que se lograron avances en su modificación, entre ellos darle la misma importancia que se le da a los protocolos oficiales a los independientes. Aunque concluyen que esa es una lucha que apenas comenzará, ya que el logro de la sociedad civil fue conseguir que el tema se incluyera en el papel, pero ahora falta la práctica.

Para Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional, el Protocolo de Estambul es crucial en una investigación pero existen deficiencias como que hay muy pocas personas dentro de las instituciones que tengan la preparación para realizarlo de forma correcta, por lo que la capacitación es un punto clave.

“A pesar de la legislación, hay que cambiar la narrativa en cuanto a la investigación de los casos de tortura. No podemos negar que hoy en día las autoridades entran a investigar estos casos ya con una preconcepción”

Mientras que Laura Melchor considera que en la nueva ley hay avances, los cuales atribuye en su totalidad a la sociedad civil y a la lucha de los peritos independientes que han pedido ser reconocidos, también advierte que habrá obstáculos que deberán enfrentar con la autoridad, entre ellos, que muchas veces los estándares correctos se quedan en los documentos.

La Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, informó a este medio que entre el 2012 y el 2017 se practicaron mil 620 Protocolos de Estambul, siendo el año pasado en el que se tiene el más alto registro con 574.

Práctica generalizada

El informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura (STP) de la ONU reveló que la tortura “es una práctica generalizada en el país”.

Tras su visita en diciembre de 2016, el STP también confirmó impunidad “casi absoluta” en los casos de tortura y, advirtió, que ello fomenta que estos continúen ocurriendo en México.

El contenido del informe elaborado por el Subcomité pudo conocerse de manera pública, luego de que durante cuatro meses la Secretaría de Relaciones Exteriores lo mantuvo en reserva.

Mediante la presión de la sociedad civil y a través de una solicitud de información, se pudo acceder a dicho informe.