Proponen protección económica y social para personas en situación vulnerable a causa del Covid-19

Se le propuso al Senado de la República, por parte de la senadora Patricia Mercado, salvaguardar derechos laborales, principalmente mujeres en situación de cuidado doméstico, así como el no despido

La senadora Patricia Mercado propuso un Punto de Acuerdo para dar seguimiento a la emergencia sanitaria y exhortar al Gobierno Federal a implementar medidas de protección en materia de conservación del empleo, pago puntual de salarios y servicios de asistencia por Covid-19.

El exhorto es para las secretarías de Trabajo, Economía y de Hacienda, así como al Consejo de Salubridad General.

El Punto de Acuerdo, turnado al grupo de trabajo para dar seguimiento a la emergencia por el Covid-19 del Senado de la República, señala la necesidad de adoptar políticas integrales y articuladas, pues las medidas de distanciamiento social, aislamiento y limitación de la movilidad tienen severas implicaciones laborales.

Asimismo, la incertidumbre sobre la gravedad y la duración de la contingencia pueden ocasionar pérdidas de inversiones e inestabilidad en el empleo.

La senadora ciudadana propone, fundamentalmente, que el Senado de la República exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus equivalentes en las 32 entidades federativas, a salvaguardar derechos laborales de todas las personas trabajadoras, principalmente para mujeres que realizan labores de cuidado y domésticas, así como el no despido y el pago oportuno de salarios.

Además, que los gobiernos federal y estatales implementen políticas públicas con perspectiva de género que salvaguarden los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia, consistentes en el establecimiento de albergues y refugios dignos, así como garantizarles el acceso a servicios de salud, sin importar situación laboral, ni derechohabiencia.

Incluye que se emita una declaración de contingencia, y conmina al sector privado a no hacer despidos masivos.

Que las secretarías de Trabajo, Economía y de Hacienda diseñen e implementen un fondo que garantice, cuando menos, el pago de un salario mínimo diario a aquellas personas que se encuentran bajo esquemas laborales precarios.

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