Lograr una expedita indemnización a las víctimas del operativo “Rápido y Furioso”, obligar al gobierno mexicano a revelar información sobre el caso y exigir la renuncia del procurador estadounidense Eric Holder, es una propuesta binacional formulada entre un grupo de legisladores de México y Estados Unidos, de acuerdo con el diputado federal del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Huerta se reunirá en los próximos días con congresistas estadounidenses para integrar este frente de representantes y exigir justicia en torno a “Rápido y Furioso”, que buscando rastrear líderes del narco, introdujo a México cerca de dos mil armas y ocasionó muertes de civiles así como de agentes de la Patrulla Fronteriza, como Brian Terry.

El petista busca encabezar el reclamo de las víctimas mexicanas -el cual según su postura habría violado la soberanía nacional- para que sean indemnizadas a la brevedad.

Para el también secretario de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, si México pidiera a Estados Unidos registros y matrículas de las armas que han originado asesinatos, con la información que se tiene de los delitos cometidos, podría haber una querella en defensa de la soberanía, que es una responsabilidad constitucional.

A través de la PGR, Sedena, Semar y Hacienda podrían iniciarse los procedimientos legales, de acuerdo con tratados internacionales vigentes, para la protección de las víctimas y sus familiares.

Huerta dijo a Reporte Indigo que acudirá con los congresistas estadounidenses para conocer las acciones legales que ellos pretendan emprender. En esta lucha buscará llegar a acuerdos con el frente legislativo de izquierda para contar con un solo eje de acción, junto con los congresistas estadounidenses.

La fracción del PT ha exigido en tribuna conocer puntualmente, de parte del presidente Felipe Calderón, información sobre las armas usadas en acciones delincuenciales, para cruzar la información con las que han formado parte del caso Rápido y Furioso. Sin embargo la secretaría de Relaciones Exteriores y el ex procurador Eduardo Medina Mora, han negado tener información.

“Lo penoso es que nuestro gobierno no se faje los pantalones y que pregunte a los Estados Unidos qué información tiene para ejercitar un acto de defensa de nuestra soberanía nacional”, dice Huerta.

La diputada federal del PRD, Aleida Alavez, lamenta que aún no haya sido reconocido ese operativo por las autoridades federales. En su opinión, la soberanía nacional fue violentada.

Promovió hace unos días un punto de acuerdo según el cual la Cancillería les ha enviado documentos que revelarían de forma oficial si el gobierno federal conoció el caso, o no, desde 2007, cuando Medina Mora fue procurador general. Para ella, el fin del sexenio no es un plazo fatal. Comenta que aún hay tiempo de revisar.