Promueven 250 amparos contra Ayuntamiento
Los vendedores ambulantes instalados en Monterrey tienen un aliado estratégico para apropiarse de la vía pública: el Poder Judicial de la Federación.
Los jueces de Distrito en Materia Administrativa en el Estado han decidido proteger con sus resoluciones a los comerciantes informales que operan en las calles de la capital de Nuevo León.
En la actualidad existen cerca de 250 suspensiones de amparo vigentes que impiden que la Dirección de Comercio de Monterrey decomise la mercancía ilegal que ofrecen los puesteros.
César Cepeda
Los vendedores ambulantes instalados en Monterrey tienen un aliado estratégico para apropiarse de la vía pública: el Poder Judicial de la Federación.
Los jueces de Distrito en Materia Administrativa en el Estado han decidido proteger con sus resoluciones a los comerciantes informales que operan en las calles de la capital de Nuevo León.
En la actualidad existen cerca de 250 suspensiones de amparo vigentes que impiden que la Dirección de Comercio de Monterrey decomise la mercancía ilegal que ofrecen los puesteros.
Esta ola de amparos en contra de las autoridades municipales comenzó precisamente en el inicio de la actual administración municipal que encabeza la alcaldesa Margarita Arellanes.
En campaña, la panista se comprometió a erradicar el comercio informal.
Pero ese compromiso está en riesgo de no concretarse y una de las causas son esas resoluciones federales.
Las suspensiones de amparo han sido concedidas por los tres juzgados de Distrito en Materia Administrativa que existen en el estado de Nuevo León, en su mayoría entre los meses de noviembre y diciembre.
Los recursos legales han sido promovidos principalmente por líderes de comerciantes vinculados a las centrales obreras como la CNOP y la CROC, adheridas al PRI.
Pero también el activista y comediante Pedro Rodríguez, “El Fufito”, ha gestionado un número importante de recursos legales contra el decomiso de mercancía por parte del Ayuntamiento regio.
En Monterrey hay cerca de mil 200 vendedores ambulantes que trabajan con permisos municipales, sin embargo hay 250 oferentes que operan gracias a los amparos.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, que actualmente está encabezado por el secretario Christian Luis Corona Castro, es quien más suspensiones ha otorgado en los últimos dos meses contra actos de la Dirección de Comercio Municipal, encabezada por Luis Alberto García.
En este juzgado se llevan los juicios de amparo 740/2012, 745/2012, 811/2012, 812/2012.
Éste último fue tramitado por Reyna Martina Torres, quien el 16 de noviembre logró una suspensión definitiva.
Luego días después, el 26 de noviembre este mismo Juez federal otorgó una suspensión definitiva de amparo a Diana Leticia Escareño, que tramitó el amparo 815/2012 contra las autoridades regias.
Carmen Lucero Rodríguez, quien presentó el juicio de amparo 813/2012 ante este mismo Juzgado, logró una suspensión definitiva el pasado 28 de noviembre.
Isaías González Ortiz logró un fallo favorable el 5 de diciembre en el juicio de amparo identificado con el expediente 915/2012, que tramitó ante este mismo juzgador.
Ese día también lograron protección de la justicia federal contra la Dirección de Comercio los ciudadanos Toribio Hernández Vázquez, Eduardo Hernández Moreno, Mariana Ambriz Alvarado y Francisco Grande Hernández.
Esta información se desprende de la lista de acuerdos que publica en su página de internet el Poder Judicial de la Federación.
En el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado se llevan los siguientes juicios de amparo contra el Ayuntamiento regio: el 479/2012 de Jaime Martínez Rodríguez, el 549/2012 de Gustavo Morales Espinoza y el 587/2012 de María del Refugio Valerio Morales.
También está el 591/2012 que presentó Abraham Castillo, el 671/2012 de Amelia Chávez Garza, el 69572012 de Claudia Mayela Vázquez Moreno y el 736/2012 de Otilio Valderrama Treviño.
El pasado 21 de noviembre el Juez concedió una suspensión provisional de amparo a Ramiro González Guerrero en contra de cualquier acto jurídico del Municipio regio.
En la pasada administración municipal la Dirección de Comercio de Monterrey estuvo en medio de la polémica porque se detectó la operación de una red de extorsiones a comerciantes ambulantes.
Incluso tres mujeres que trabajaban en esta dependencia municipal tuvieron que ser cesadas de sus cargos cuando se encontró que formaban parte de esta estructura ilegal.
La Dirección de Comercio de Monterrey, que depende de la secretaría del Ayuntamiento, también ha sido señalada como un área de influencia del polémico abogado Edelmiro Sánchez Hernández.
Éste, que fue la persona con la que hablaba por teléfono Hernán Belden justo cuando fue privado de su libertad el pasado 7 de septiembre en los límites de los municipios de San Pedro y Santa Catarina.
Hace un mes la Procuraduría de Justicia del Estado detuvo a María Dolores Torres Contreras, alias “Lolis”, como parte de una banda de extorsionadores ligada a la organización de Los Zetas.
Una de las líneas de investigación que tiene la Procuraduría de Justicia liga a “Lolis” con las autoridades municipales de la Dirección de Comercio en el tráfico de permisos.
Esta dependencia era encabezada en la administración pasada por Francisco Andrés Ramírez Esquivel, que dependía de la Secretaría del Ayuntamiento, cuyo titular era el actual coordinador de los diputados locales del PAN, Juan Carlos Ruiz.
En su último día como funcionario municipal, Ramírez Esquivel entregó 60 permisos a vendedores ambulantes para que se instalaran en la Plaza Morelos y en la Purísima.