Proepa, por una justicia ambiental autónoma en Jalisco
Ahora que el Congreso de Jalisco discute la posibilidad de concretar la autonomía constitucional para la Fiscalía local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha propuesto que también se le brinde esa independencia a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Luis HerreraLa Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) de Jalisco debe convertirse en un organismo con autonomía constitucional, para poder garantizar con sus acciones los derechos a un medio ambiente sano y al agua, advierte la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Este llamado a fortalecer jurídicamente la independencia de la Proepa coincide con el debate actual entre los legisladores para dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía local, una reforma que quedó trunca desde el 2017.
A decir de la CEDHJ, hay otros dos organismos del Gobierno estatal que también necesitan autonomía: la Proepa, en el ámbito medioambiental; y la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), encargada de defender los derechos urbanísticos de la sociedad.
El Gobierno de Jalisco ha hecho una inversión para intentar remediar la contaminación que padece el Río Santiago para 2024, pero la meta aún está lejos, señala la CEDHJ
Así se lo plantea en su “Informe Especial sobre la Situación Actual de las Cuencas Hidrológicas en Jalisco”, publicado este 2 de febrero de 2022. “Constituya a la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (Proepa) y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) como organismos constitucionales autónomos y con presupuestos suficientes para garantizar el principio de máxima protección, eficiencia y eficacia en la defensa de los derechos colectivos”.
Tras analizar las condiciones en que se encuentran las cuencas hidrológicas de Jalisco, la Comisión propuso otras reformas de relevancia para proteger los ecosistemas y avanzar en materia de justicia ambiental.
En primer lugar, la unificación de todas las normativas ambientales de Jalisco en una sola legislación: “Analice la posibilidad de legislar un Código Ambiental para el Estado de Jalisco, donde se integren los temas urbanos y ecológicos, hoy dispersos en el Código Urbano, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y otras normativas sectorizadas en residuos, cambio climático, desarrollo forestal, agua, protección civil, situación que brindaría certeza jurídica en materia ambiental”.
Este le serviría a Jalisco para contar con una legislación armonizada en este ámbito, señala, con visión sistémica de los fenómenos de degradación ecológica; todo ello con el objetivo de que el derecho ambiental en el estado “sea progresivo y romper la visión sectorial y fragmentada con la que se tiende a crear normas”.
Justicia especializada
El otro gran cambio que promueve es que tanto el Poder Judicial de Jalisco como los 125 municipios del estado pongan en marcha instancias especializadas en justicia ambiental, desde sus respectivas esferas competenciales.
“Conscientes de que la protección preservación y restauración ambiental y el equilibrio ecológico necesitan no solamente de marcos normativos y personal capacitado, sino de instancias municipales y estatales adecuadas en términos de impartición de justicia, se debe estudiar y poner en ejercicio la creación de juzgados municipales en materia ambiental, con circunscripciones por cuencas, que atiendan de forma integral lo urbano y lo ecológico, al igual que de los respectivos especializados dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco”
Estrategia sin resultados
A pesar de que el Gobierno de Jalisco ha hecho una inversión de recursos importante —con la estrategia integral llamada “Revive el Río Santiago”— para intentar remediar la contaminación que padece el Río Santiago, la CEDHJ advierte en su informe que las metas de mejora todavía están muy lejos de ser concretadas.
“Revive el Río Santiago” busca recuperación ambiental de ese afluente en un área de intervención prioritaria conformada por 18 municipios, donde realiza acciones como el muestreo de la calidad del agua; y la operación y construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, así como de colectores.
Sin embargo, el organismo concluye que falta mucho: “El resultado general esperado para 2024 es la reducción de la contaminación presente en la Cuenca del Río Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y asegurar la integridad ecológica, con perspectiva de salud ambiental (estamos a casi dos años de esta meta y los resultados aún no son visibles)”.
La problemática ambiental del Río Santiago también está presente en el Plan de Gobernanza del estado, donde incluso se le otorga un apartado especial al “Plan integral de Saneamiento del Río Santiago”.
Este consiste en la “Estrategia integral para la recuperación y rehabilitación de la zona prioritaria del Río Santiago, a través de acciones transversales enfocadas en la disminución de la contaminación, mejora de la salud de los ciudadanos, creación y rescate de infraestructura existente, saneamiento de agua e impulso a la productividad sustentable”, se lee.
La Comisión pide que las instancias encargadas del ámbito medioambiental y de la defensa de los derechos urbanísticos de la sociedad sean independientes y tengan recursos
Sin embargo, la CEDHJ vuelve a advertir que hay un gran rezago en la obtención de resultados: “Según este documento para el 2024 se espera una reducción de la contaminación presente en la Cuenca del Río Santiago para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asegurar la integridad ecológica, con perspectiva de salud ambiental. (…) Sin duda, los resultados que se pretendían en el Plan Estatal de Gobernanza para el 2024, aún se encuentran muy alejados de la realidad”.
Hace unos meses, el 29 de noviembre de 2021, durante la “Glosa Académica del III Informe de Gobierno”, los representantes del Gobierno de Jalisco dieron a conocer que “se construyeron, modernizaron, ampliaron y rehabilitaron plantas de tratamiento, se invirtieron mil 660 mdp en el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago”.
