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DESAPARICIóNFORZADA

Duarte, la otra investigación

J. Jesús Lemus

Los 438 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) le reclama, podría ser el menor de los problemas de Javier Duarte de Ochoa: organizaciones civiles de familiares de víctimas de desaparición han iniciado un movimiento legal que podría terminar en una acusación formal por delitos de lesa humanidad en contra del exgobernador de Veracruz.


Jul 26, 2017
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La CNDH emitió la recomendación 14/2015, en mayo del 2015, sobre la desaparición de tres jóvenes extraídos de su hogar en Xalapa por policías de Veracruz

“Las familias de personas desaparecidas exigimos que se investigue a Javier Duarte y a otros funcionarios de su administración por la desaparición de personas”

- Comunicado

Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba

Colectivos de derechos humanos en Veracruz documentan los expedientes de personas desaparecidas en las que participaron elementos de las fuerzas policiales

Del total de víctimas de desaparición forzada documentadas en Veracruz, se establece que la mayor incidencia se presentó entre enero del 2014 y diciembre del 2016

“Tienen que ver con la actuación de parte de los policías que no se apegan a los estándares que se exige de ellos, en materia de los derechos humanos”

- Namiko Matzumoto Benítez

Titular de la CEDH en Veracruz, sobre las recomendaciones

Los 438 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) le reclama, podría ser el menor de los problemas de Javier Duarte de Ochoa: organizaciones civiles de familiares de víctimas de desaparición han iniciado un movimiento legal que podría terminar en una acusación formal por delitos de lesa humanidad en contra del exgobernador de Veracruz.

Al menos cinco de 17 organizaciones no gubernamentales de víctimas de desaparición en el estado de Veracruz ya documentan una querella legal que busca llevar a juicio, ante instancias internacionales, a Javier Duarte de Ochoa para que responda “por el estado de terror” que se generó en esa entidad durante su mandato.

El promotor de esa gestión social es el abogado Ricardo Morales Carrasco, encargado jurídico del Colectivo Por la Paz Xalapa, quien asegura que existen al menos 50 casos documentados en donde se presume la participación, en la comisión de delitos como desaparición forzada y homicidio, de funcionarios bajo el mando directo del exgobernador Duarte.

La denuncia por delitos de lesa humanidad no sólo va contra Duarte, también incluye al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, actualmente sujeto a proceso penal bajo la acusación de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito en la cárcel de Pacho Viejo, donde un juez determinó que permanezca al menos por seis meses en tanto se desahoga su proceso penal.

El extitular de Seguridad Pública es acusado de incrementar de manera inexplicable sus bienes durante el periodo de gestión en la administración de Javier Duarte, en donde logró una percepción económica oficial ubicada en 8 millones 229 mil pesos, pero con esos recursos se hizo de bienes inmuebles con un valor de 86 millones 773 mil pesos.

De acuerdo al Colectivo Solecito, Bermúdez Zurita al menos actuó con omisión al tener conocimiento de casos de desaparición forzada, cometidos por elementos de la policía estatal, que trabajaron al servicio del crimen organizado.

Sentar precedente

La querella que se gesta contra Duarte y su exsubordinado establece un hito histórico en el país, explicó el abogado Ricardo Morales Carrasco, porque es la primera ocasión que organizaciones sociales inician una querella por delitos de lesa humanidad en contra de titulares de alguno de los poderes públicos.

La denuncia del Colectivo Por La Paz, que se espera formalizar antes de la primera semana de agosto, frente al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, se pretende llevar hasta la Corte Penal Internacional de La Haya, en los Países Bajos, la que no se encontraría obstaculizada para ejercer acción penal en contra de los dos exfuncionarios aunque se encuentren sometidos a procesos penales.

Hasta el momento, la denuncia penal por delitos de lesa humanidad en contra de Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita se fundamenta en al menos 50 casos de desaparición forzada y/u homicidio, en donde se demuestra la participación de elementos policiales del estado que actuaron como “Escuadrones de la Muerte”.

A la iniciativa se suman las organizaciones Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Colectivo Solecito de Veracruz, Familiares de Orizaba y Córdoba y Eslabones Veracruz.

Cementerio clandestino

Las cifras sobre el número de desaparecidos en el estado de Veracruz, durante el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, son diferentes, dependiendo la instancia que las mencione: para el Gobierno federal, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaria de Gobernación, el número oficial de víctimas de desaparición es de 732.

Para la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el número de carpetas abiertas por personas desaparecidas durante el pasado sexenio alcanza las 2 mil 500; se reconoce que existen cientos de casos sin denunciar.

Para la abogada y activista del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Anaís Palacios Pérez, el número de desaparecidos durante esa administración pudiera ser mayor a las 3 mil 500 personas.

En la morgue de la Fiscalía General del Estado se tienen a la fecha -y aún a la espera de ser identificados- al menos 300 restos áridos de personas que han sido exhumadas de 14 fosas clandestinas, para lo cual la dependencia lanzó una convocatoria a fin de que personas de familiares desaparecidos acudieran para aportar una muestra de ADN, misma convocatoria que fue abarrotada por más de mil personas.

Los recuentos periodísticos que se llevan en Veracruz apuntan a que durante el periodo de gobierno de Duarte la cantidad de fosas clandestinas llegaron a ser más de 230; solo cuatro de ellas fueron ubicadas por la autoridad ministerial, el resto fue ubicado por los familiares de las víctimas.

Señalada

La ‘policía modelo’ que pretendió Javier Duarte de Ochoa fue cuestionada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos :

>> 4,000

Millones de pesos destinó el gobierno para que la policía se capacitara con fuerzas federales

>> 75

Recomendaciones de la CEDH sobre la Policía de Veracruz entre 2015-2017

>> 40

Recomendaciones fueron contra la Secretaría de Seguridad Pública y contra policías municipales

Crímenes de Estado

Para la abogada y activista del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Anais Palacios Pérez, no hay duda que durante el periodo de gobierno de Javier Duarte se registraron en Veracruz “crímenes de Estado”.

Lo anterior por tolerar que algunos elementos policiales actuaran bajo las órdenes del crimen organizado.

Considera viable la denuncia penal que se le prepara y donde se incluye al extitular de la SSP, quien no sólo desestimó el estado de violencia en el que se gobernó a Veracruz, sino que dificultó las acciones de las organizaciones civiles para la búsqueda de las víctimas de desaparición.

Al menos 11 casos refieren la posibilidad de participación en el delito por parte de elementos de la policía estatal del gobierno de Duarte.

Casos de abuso e ineptitud

Son decenas de casos en donde se tiene documentada, por parte de los familiares que se han vuelto investigadores, la participación de las fuerzas policiales en la desaparición forzada de personas en Veracruz.

Resaltan algunos casos emblemáticos como el de Apolinar Medina Márquez, Iván Medina Segura y Egai Medina Segura, quienes desaparecieron la noche del 5 de octubre del 2013.

Los datos aportados por los familiares de estos tres desaparecidos exponen que fueron sustraídos de su domicilio por un grupo de hombres armados, con uniformes de la policía estatal, los que en apariencia realizaban indagatorias oficiales, pero tras la supuesta detención, nunca más se volvió a saber sobre el paradero de Apolinar, Iván y Egai.

Otro caso de desaparición forzada en donde intervinieron elementos de la policía estatal de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, esto reconocido por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según se establece en la recomendación 14/2015 emitida el 20 de mayo del 2015, es el de Gibrán Martiz Díaz, Sergio Martínez Hernández y José Eduardo de la Cruz Caballero.

Los tres jóvenes fueron sustraídos por elementos de la policía estatal de un departamento ubicado en la colonia 7 de Noviembre, de la ciudad de Xalapa, la noche del 7 de enero del 2014. Luego de 11 días, los cuerpos de Gibrán Martiz Díaz y Sergio Martínez Hernández aparecieron a un costado de la carretera Huatusco-Los Conejos. José Eduardo se mantiene en calidad de desaparecido.

Dos veces desaparecida

Un caso de antología, por la ineptitud con que fue tratado por las autoridades ministeriales de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, es el de la joven Gemma Mavil, de 29 años de edad, secuestrada en pleno centro de la ciudad de Xalapa tras recibir una llamada telefónica por una oferta de trabajo.

Su caso podría ser único en el mundo por haber desaparecido dos veces, incluso estando muerta: la primera vez que desapareció fue el mediodía del 4 de mayo del 2011, cuando sus plagiarios exigieron a su padre un millón de pesos a cambio de respetarle la vida.

Tras un operativo de rescate fallido, el cuerpo de Gemma Mavil fue localizado en septiembre del 2011, pero la Procuraduría de Justicia de Veracruz no supo que aquellos restos áridos eran los de la joven, por lo que se le mantuvo en calidad de desconocida dentro de la morgue.

Luego de cinco años de indagatorias particulares que realizó el padre de Gemma, Pedro Mavil Hernández, la Procuraduría estatal reconoció en junio del 2016 tener el cuerpo de la joven, pero cuando se disponían a la entrega se estableció que este ya había sido enviado a la fosa común, en el panteón de Palo Verde en Xalapa, según la carpeta de investigación 844/2011; no se ha podido dar con el cuerpo.

La CEDH hizo una recomendación a la hoy Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se realicen acciones que garanticen el registro de las inhumaciones y exhumaciones que se hagan, además de solicitar la integración de una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de los servidores públicos que participaron en el ominoso acto del extravío del cuerpo.

Un grito desesperado

Por hechos como los anteriores, apenas se dio la extradición de Javier Duarte desde Guatemala a México, organizaciones civiles de familiares de víctimas de desaparecidos en Veracruz han insistido en que se abra un proceso penal en contra del exgobernador, a fin de que responda por todos las desapariciones cometidas durante su gobierno.

“Es de suma importancia que se le finquen (a Javier Duarte de Ochoa) responsabilidades por la desaparición forzada de personas, debido a la omisión y permisividad para que las fuerzas de seguridad y crimen organizado actuaran, con total impunidad”, detalla el Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

El colectivo responsabiliza de esos actos cometidos en la entidad no sólo al ex gobernador, sino también a su ex titular de la SSP Arturo Bermúdez Zurita y al exprocurador Alfonso Zenteno, ambos también detenidos.

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