Presupuesto anticorrupción en vilo

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción no aparece en el proyecto de presupuesto del Gobierno para 2020; pero su presidenta, Karime Athie, confía en que la situación se resolverá y el órgano entregará resultados favorables
David Martínez David Martínez Publicado el
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El proyecto de presupuesto para 2020 no contempla recursos para el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción (SLA), por lo que su situación financiera para el próximo año está en la incertidumbre.

El CPC es el organismo encargado de coordinar a las dependencias e instituciones que integran el SLA en la creación e implementación de medidas para erradicar la corrupción en la ciudad

Tras más de un año de retraso, el pasado 25 de septiembre por fin se designó al comité, con lo cual se conformó el eslabón más importante del SLA.

Pero en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2020 de la Ciudad de México que recién llegó al Congreso para su estudio, el órgano no aparece.

Lo que significa que aún no hay una partida presupuestal definida para su funcionamiento pese a ser uno de los más importantes elementos del Sistema Local Anticorrupción.

El proyecto de egresos 2020 propone que los integrantes del SLA como son el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF); la Contraloría General de la Ciudad; el Consejo de la Judicatura; el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; y la Auditoría Superior, obtengan un monto total de presupuesto de mil 822 millones 687 mil 703 pesos.

La Fiscalía General de Justicia, cuyo proceso de transición está en su recta final, tampoco aparece. Sin embargo, el documento explica que en cuanto se apruebe su ley orgánica tendrán que otorgarse los recursos necesarios que se detallan en el Plan de Transición.

El Comité de Participación Ciudadana es la voz de la sociedad dentro del SLA y preside el Comité Coordinador.

Karime Athie, presidenta del CPC y del Comité Coordinador, señala que desde la instalación del sistema a la fecha, los integrantes de este órgano no han recibido un sueldo ni tampoco tienen un espacio físico donde laborar.

Situación que se podría extender hasta que la secretaría técnica del CPC defina una propuesta de presupuesto para 2020 y ésta sea aprobada por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Athie explica que el pasado 28 de noviembre, mismo día que los diputados locales recibieron el paquete presupuestal 2020, el Comité Coordinador del SLA sesionó por segunda vez aún cuando falta nombrar al Fiscal General de Justicia de la Ciudad y al Fiscal Anticorrupción.

En esa ocasión, la secretaría técnica del CPC entregó una propuesta de presupuesto; no obstante, no se ajustaba a las políticas de austeridad de la capital y fue rechazada por el Comité Coordinador.

El monto (del CPC) como estaba no se ajustaba a las políticas de austeridad y no fue aprobado
Karime AthiePresidenta del CPC

Ante esto, el CPC tendrá que elaborar una nueva propuesta de presupuesto para 2020 que se ajuste a las políticas de austeridad vigentes.

La funcionaria detalla que una vez aprobado el proyecto de recursos para el CPC por el Comité Coordinador del SLA, la Secretaría de Finanzas tendrá que aprobar una ampliación presupuestal.

Por ello, lo más probable es que el CPC y el SLA comiencen el próximo año sin una partida presupuestal determinada ni un espacio físico para trabajar.

Los seis miembros del CPC tampoco han recibido sueldo desde que comenzaron a laborar en el SLA.

“Fuimos nombrados el 25 de septiembre pasado, necesitamos un sueldo por la labor que estamos realizando, pero estamos en el entendido de que es un sistema que está arrancando, nosotros sabíamos lo que eso implica”, declara Athie.

Sin embargo, refiere que el no contar con un sueldo no ha afectado el desempeño del SLA pues su Comité Coordinador ya se reunió dos veces para trabajar en los lineamientos del órgano y en la planificación de actividades de 2020.

Athie informa que el SLA tiene como sede temporal el Salón Oval del Palacio de Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México donde han celebrado las reuniones de trabajo referidas.

Por otra parte, afirma que el inicio de actividades del SLA sin recursos no es pretexto para no presentar resultados favorables en el combate a la corrupción al final del próximo año.

“Hay confianza, creo 100 por ciento en el sistema local que vamos a arrancar, nosotros vamos a entregar un informe, como presidenta del CPC nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para entregar un informe donde vamos a entregar resultados y trabajo”, indica la presidenta del SLA.

Presupuesto anticorrupción suficiente

El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la ciudad, Carlos Castillo, considera que el presupuesto dado a los órganos y dependencias del Sistema Local Anticorrupción es suficiente.

“Creo que es un presupuesto adecuado en términos de la política de austeridad”, señala el legislador local.

Menciona que el único órgano que no cuenta con el presupuesto necesario y que debe ser revisado durante el análisis del proyecto que mandó el Gobierno central, es el InfoDF.

Dicha institución solicitó al Congreso de la capital 143 millones de pesos y en la propuesta que mandó el Gobierno capitalino también se le prevé dar 143 millones de pesos.

Castillo explicó que lo que se busca asignar al InfoDF es lo mismo que recibe desde 2018 sin contemplar aumentos por la inflación.

“Se debe de analizar y revisar los recursos dados al InfoDF para que pueda desempeñar sus labores dentro del SLA”, indica el legislador.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2020, la Contraloría General tendrá un presupuesto de 390 millones 541 mil 871 pesos; el Tribunal de Justicia Administrativa, 515 millones 46 mil 942 pesos; el Consejo de la Judicatura, 229 millones 514 mil 882 pesos; el Consejo de Evaluación, 26 millones 40 mil 873 pesos; y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 518 millones 94 mil 775 pesos.

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