Presuntos inspectores extorsionan a carretoneros en Nuevo León

05 de Ago, 2022

Nuevo León prohíbe el uso de caballos y burros de arrastre de carretas tras una reforma a la Ley de Bienestar Animal estatal; sin embargo, la disposición se ha convertido en una herramienta para la corrupción. La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alfonso Martínez Nuñez, estaría incumpliendo su tarea de evitar el maltrato animal. Un grupo de personas, los conocidos carretoneros, continúan utilizando caballos de trabajo en actividades de carga y tiro en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Esta práctica, sin embargo, está prohibida por reformas a la Ley de Bienestar Animal aprobadas en octubre de 2019, tras una propuesta de iniciativa de la exdiputada local del Partido Verde Ecologista de México, Ivonne Bustos. Incluso, se establecen sanciones económicas de hasta 849 mil pesos.

Videos en poder de Reporte Índigo exhiben que los carretoneros continúan operando, pues una ciudadana detectó a uno sobre la calle Cerro de la Cumbres, en la colonia Valle de las Cumbres Primer Sector.

En la grabación se aprecia que reportó el maltrato animal a la Procuraduría, pero no tuvo éxito.

Extorsión a carretoneros, práctica con antecedentes

Esta no es la primera vez que se detecta esta práctica en dicha zona, ya que en otra ocasión, la misma denunciante habló con el carretonero para que bajara el material de la carreta jalada por el animal; esa vez logró persuadir al sujeto.

Durante ese diálogo salió a relucir la existencia de una supuesta mafia de inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes piden una cantidad diaria de 75 pesos para no sancionarlos.

La ciudadana interpuso una denuncia anónima a la Secretaría de Medio Ambiente para exponer a esta red de que opera al poniente del municipio de Monterrey, donde también se reportó un domicilio en remodelación y, y que en lugar de pagar a un camión recolector de carga para retirar el escombro, solicitan los servicios de los carretoneros.

De acuerdo con los reportes, la carreta es cargada con sobrepeso de material y es arrastrada por caballos a temperaturas que pueden llegar a 40 grados; algunos animales se detectaron desnutridos y con huellas de graves heridas.

Los carretoneros, señala la denuncia, mencionaron a la ciudadana que no sabían nada de la Ley de Protección Animal al denunciar a los supuestos inspectores, a quienes identificó como Marcos, Alejandro, “Balta” y “El Tlacua”.

Estos tendrían su punto de operaciones en un lugar llamado “La Telaraña”, ubicado debajo de un puente cerca de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo, muy cerca de la tienda de autoservicio Soriana Solidaridad, por la avenida Ruiz Cortines.

Ahí, presuntamente los señalados citan a los carretoneros para que realicen su pago.

En el poniente del municipio de Monterrey son más de 700 personas las que utilizan caballos de arrastre y pagan el dinero de los presuntos inspectores para no ser sancionados y bajo la promesa de que les conseguirán una licencia que les permita seguir explotando al animal.

También se han registrado este tipo de extorsiones en Guadalupe, García y Juárez.

Los casos se han reportado principalmente en los municipios de Monterrey, Guadalupe, García y Juárez

¿Y las autoridades?

Nuevo León cuenta con una Dirección de Bienestar Animal, además de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, quienes al parecer no estar enterados de los hechos reportados, pese a que son los encargados de que se respete la ley.

En la normativa, además de las sanciones económicas, se establece la reparación del daño, en donde se incluye el pago de la atención médica del animal agredido.

Incluso, los carretoneros tienen derecho a un plazo de 180 días para modificar el tipo de vehículo con que cuentan, es decir, dejar el carretón comúnmente jalado por equinos y acceder a un vehículo motorizado.

Destaca que la Secretaría de Medio Ambiente tiene pendiente la instalación del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal, un órgano que busca aterrizar políticas públicas en temas de maltrato animal, como la que regularía el transporte que utiliza el personal mencionado.

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