Presiones tras bambalinas
Como dijo en su tiempo Luis M. Farías “…el cuerpo legislativo no le encuentra la cuadratura al círculo”.
Hoy, 24 años más tarde, el escenario se repite. Los diputados no logran la fórmula para reglamentar el derecho a la información.
Pero no lo han encontrado, confiesa Aleida Calleja, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), por la presión de los consorcios mediáticos.
El estira y afloje tras bambalinas en el Senado y la Cámara de Diputados por parte de los consorcios económicos, está a la orden del día.
Georgina Howard"Cada que en las cámaras legislativas se ha presentado alguna iniciativa sobre el tema, se han convocado foros de discusión y análisis"
Como dijo en su tiempo Luis M. Farías “…el cuerpo legislativo no le encuentra la cuadratura al círculo”.
Hoy, 24 años más tarde, el escenario se repite. Los diputados no logran la fórmula para reglamentar el derecho a la información.
Pero no lo han encontrado, confiesa Aleida Calleja, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), por la presión de los consorcios mediáticos.
El estira y afloje tras bambalinas en el Senado y la Cámara de Diputados por parte de los consorcios económicos, está a la orden del día.
“Cada que en las cámaras legislativas se ha presentado alguna iniciativa sobre el tema, se han convocado foros de discusión y análisis”.
A pesar de que el 9 de septiembre del 2013, Amedi entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados su propuesta de Ley Secundaria, ningún grupo parlamentario la ha analizado.
El 28 de noviembre, el PRD y el PT arroparon la propuesta de la sociedad civil y la convirtieron en iniciativa.
Pero el tiempo los alcanzó y el primer plazo fatal para sacar as leyes secundarias venció el 9 de diciembre pasado.
Hoy, aunque con cierto retraso, comienza la revisión de los posibles contenidos de la ley secundaria.
Un proyecto ciudadano para ayudar
El proyecto ciudadano consta de cerca de 400 artículos, distribuidos en veinte títulos y 45 disposiciones transitorias.
De estos, los puntos que a juicio de Aleida Calleja no deben quedar fuera de la Ley Secundaria son el de fortalecer la función social de la radiodifusión y enlistar los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y garantizar al IFT atribuciones suficientes para regular, promover y supervisar los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.
A su juicio, la Secretaría de Gobernación ya no debe mantener sus actuales funciones en la supervisión de los contenidos audiovisuales.
Además, se debe simplificar el otorgamiento de las concesiones de uso público y social, no así las de uso comercial que deberán estar sujetas a licitación obligada excluyendo el factor económico como determinante para definir al ganador para que no prive un interés recaudatorio.
En materia de dominancia, proponen una redacción puntual para eliminar de manera eficaz las barreras a la competencia y a la libre concurrencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.
Amedi solicita también precisar el procedimiento y las obligaciones específicas que deben imponerse a los concesionarios que sean declarados con poder sustancial de mercado.
Sin olvidar, dice, que la Constitución establece que las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos para garantizar la competencia efectiva.
En televisión abierta no podrán participar aquellos concesionarios que se encuentren utilizando hasta 12 MHz de espectro radioeléctrico en cualquier zona de cobertura geográfica;
Y para eliminar efectos anticompetitivos, la autoridad ordenará la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los actuales agentes económicos.
Imponer al órgano regulador facultades suficientes para que al supervisar el servicio público de radiodifusión para preservar la veracidad y pluralidad de la información.
Dotar al órgano regulador, de igual manera, de facultades para supervisar que los contenidos audiovisuales promuevan el desarrollo armónico e integral de la niñez y la juventud.
Prohibir de manera expresa la publicidad y la propaganda engañosa o subrepticia transmitida por los medios de comunicación como si se tratara de información periodística.