Presentan demanda penal contra San Pedro
Por un error de abreviación, la administración sampetrina del alcalde Ugo Ruiz es denunciada por la vía penal y demandada en un juicio de amparo.
Es por ello que esta historia raya en lo absurdo, al grado de parecer salida de algún libro del escritor Franz Kafka.
Esta ofensiva legal contra el Municipio se da luego de revocarle a una empresa la licencia para colocar Mupis, los soportes ubicados en las calles que alojan carteles publicitarios.
Javier EstradaA raíz de las quejas de algunos vecinos, el gobierno de Ugo Ruiz echó por debajo una negociación de siete años, canceló la licencia y ordenó retirar el mobiliario
El empresario Mauricio Marcos presentó el 28 de noviembre un amparo que se desahoga en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa
Por un error de abreviación, la administración sampetrina del alcalde Ugo Ruiz es denunciada por la vía penal y demandada en un juicio de amparo.
Es por ello que esta historia raya en lo absurdo, al grado de parecer salida de algún libro del escritor Franz Kafka.
Esta ofensiva legal contra el Municipio se da luego de revocarle a una empresa la licencia para colocar Mupis, los soportes ubicados en las calles que alojan carteles publicitarios.
El Ayuntamiento sampetrino canceló la autorización y desmanteló el mobiliario urbano con el argumento de que desconoce a la compañía que instaló las estructuras, aunque hace siete años inició negociaciones con ella.
¿Cuál fue la excusa? El Municipio anuló la licencia a Medios Alternos en Publicidad Exterior, S.A. de C.V., para instalar 25 Mupis en vía pública, porque aseguró que la única legitimada para explotar el servicio era MAPEX, S.A. de C.V., una abreviación comercial de la empresa.
Sí, difícil de creer. Pero la negativa ya ocasionó que los socios de la permisionaria acudieran a los juzgados federales y al Ministerio Público, donde alegan que violaron su garantía constitucional de audiencia y abusaron de la autoridad.
El empresario Mauricio Marcos Murra presentó el 28 de noviembre del año pasado un amparo que se desahoga en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de Javier Rubén Lozano Martínez, con el número de expediente 1866/2013.
El apoderado de la sociedad demandó a las autoridades municipales, incluidos el alcalde Ugo Ruiz, el secretario del Ayuntamiento, Bernardo Bichara Assad, y a la titular de la Secretaría de Servicios Públicos de San Pedro, Gilda Guajardo Garza.
La última fue la responsable de revocar la licencia en un oficio del 25 de noviembre de 2013, donde abusó de la literalidad porque hay antecedentes del Municipio que hacen referencia a los dos nombres de la empresa de forma indistinta.
En su resolución, Guajardo Garza ordenó retirar los soportes de publicidad en un término de 72 horas.
Tras ser desmantelados por inspectores del propio Ayuntamiento de San Pedro, Marcos Murra reclamó en el amparo que se había violado su derecho de audiencia, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal.
Además, la empresa ha pasado por un largo calvario burocrático, que quizá sobrepasa la imaginación kafkiana.
La autorización fue aprobada en la sesión del 25 de octubre de 2006 por el Cabildo sampetrino, durante la administración del exalcalde Alejandro Páez y Aragón
Más adelante, el 6 de septiembre de 2011, Guajardo Garza le autorizó la instalación de los gabinetes publicitarios y la compañía pagó los trámites de los permisos, derechos municipales y refrendos.
Luego, el 12 de septiembre de 2013, la titular de Servicios Públicos les permitió instalar 22 de las 25 estructuras metálicas de acero inoxidable con una vigencia de hasta cuatro años, con las ubicaciones señaladas en la licencia.
Las otras tres restantes estaban pendientes del Visto Bueno de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de San Pedro cuando se canceló el servicio.
Incluso, poco antes de la revocación, entre el 13 y 16 de noviembre del mismo año, le fueron proporcionados a la compañía cuatro permisos más para la colocación de los Mupis, a través de la Coordinación de Ingeniería Vial del Municipio.
Pero a raíz de las quejas de algunos vecinos, el gobierno de Ugo Ruiz echó por debajo una negociación de siete años, canceló la licencia y ordenó retirar el mobiliario de las calles.
Esto, según la demanda, carece de fundamento, debido a que la titular de Servicios Públicos nunca expuso los motivos legales de la cancelación.
La secretaria sólo argumentó en su revocación que el Cabildo había aprobado la instalación de los Mupis a MAPEX, S.A. de C.V., pero que la licencia que ella había expedido estaba a nombre de Medios Alternos en Publicidad Exterior, S.A. de C.V.
“Siendo esto en todo caso un error imputable totalmente a la responsable y no a mi mandante, es decir, que por un propio error de la responsable determina sin fundamento ni motivación alguna el revocar la licencia”, afirma el recurso.
Los actos del Municipio también motivaron una denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra Servidores Públicos y Delitos Electorales en Nuevo León.
La empresa presentó la querella en contra de Guajardo Garza por el delito de abuso de autoridad y se integró la carpeta de investigación número 3/2014-III.
Por otro lado, la compañía abrió ante la Contraloría de San Pedro una queja contra la misma funcionaria, solicitando se le inicie un proceso de responsabilidad administrativa, registrada en el expediente 03/2014.
Admite ilegalidad, pero la sostiene
En el informe justificado que rindió ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Gilda Guajardo Garza reconoce la ilegalidad de sus actos, pero los sostiene.
La secretaria de Servicios Públicos de San Pedro asegura que la única legitimada para explotar la licencia es MAPEX, S.A. de C.V., la abreviación de Medios Alternos en Publicidad Exterior, S.A. de C.V.
Incluso, la funcionaria Guajardo Garza se atreve a decir que la empresa quejosa carece de interés jurídico, porque asegura que la autorización fue otorgada a una razón social diferente.
La audiencia constitucional del amparo para desahogar pruebas y alegatos, así como también para fijar una fecha de la resolución final, se programó para el próximo martes 22 de abril.
