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Derechos Humanos

Presas: en el olvido

Carlos Salazar

Las prisiones son uno de los espacios más vulnerables para la sociedad por las precarias condiciones en las que se encuentran, siendo los derechos humanos de las mujeres los más afectados. Este año el problema se presentará ante la ONU, ya que a pesar de las recomendaciones de los expertos el tema sigue sin atenderse


Ene 12, 2018

En México la violencia que se vive en las cárceles y las condiciones de reclusión son temas en la agenda incluso internacional de derechos humanos.

Sin embargo, la situación de las más de 10 mil mujeres recluidas en los diversos centros penitenciarios del país está en el olvido.

Uso excesivo de la prisión preventiva, falta de mecanismos adecuados de reinserción social, hacinamiento, secuelas de salud y psicológicas, tortura y prácticas discriminatorias de acceso a la justicia son algunos de los problemas que miles de mujeres privadas de su libertad enfrentan en México.

Un informe de la organización Equis: Justicia para las mujeres, pone en evidencia la precaria situación que viven las mujeres dentro del sistema penitenciario y de justicia en el país, donde muchas veces son ignoradas las más elementales prácticas de derechos humanos.

De acuerdo con la organización Equis, en los últimos dos años ha aumentado el número de mujeres detenidas por delitos relacionados con las drogas

El documento ya fue presentado ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el encargado de analizar el cumplimiento de los tratados internacionales en la materia, que retomará diversos aspectos del mismo para ser analizados en su sesión de julio próximo.

Por primera vez, el CEDAW incluirá en su deliberación un apartado de mujeres privadas de la libertad, específicamente las detenidas por delitos de drogas, en donde destaca el uso excesivo de prisión preventiva y la necesidad de crear medidas alternativas.

De acuerdo con las cifras analizadas por Equis, en los últimos dos años se ha incrementado de manera alarmante -más del 100 por ciento- el número de mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas y ya es la primer causal de detención a nivel federal, mientras que en el caso de los hombres está apenas arriba del 50 por ciento.

A pesar de que la población de mujeres recluidas en centros penitenciarios representa apenas el 5 por ciento de la población total, el crecimiento de las detenciones a mujeres sumado a otras circunstancias de índole social hacen necesario un debate sobre el replanteamiento del sistema de impartición de justicia incorporando la perspectiva de género.

“Cada vez se le da mayor importancia, sin embargo ha sido un problema invisibilizado. Es un tema que se tiene que ver y se debe discutir porque se tiene que mostrar el problema no solamente desde el tema de la función penal, es decir de los encarcelamientos, sino de las estructuras sociales que lo favorecen”, sostiene Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas de Equis.

En su informe especial sobre las mujeres internas en los centros de reclusión en el país de 2015, la CNDH ya advertía de una serie de irregularidades, como deficiencias en instalaciones, alimentación y atención médica; condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, y falta de separación entre hombres y mujeres.

10,665 Mujeres presas en el país a noviembre de 2017, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad

Además, por medio de diversas visitas a distintos penales, la CNDH detectó otras prácticas que propician la transgresión de los derechos humanos de las mujeres, como el maltrato, el autogobierno, la prostitución, entre otras.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, a noviembre de 2017 la población penitenciaria en el país era de 206 mil 273 reclusos, de los cuales 195 mil 608 eran hombres y 10 mil 665 eran mujeres, un cinco por ciento de la población total.

De estas más de 10 mil mujeres, 8 mil 268 se encontraban recluidas por delitos del fuero común (3 mil 661 procesadas y 4 mil 607 sentenciadas) y 2 mil 397 por delitos del fuero federal (1 mil 415 procesadas y 982 sentenciadas).

16 Centros femeniles hay en México de los 360 centros penitenciarios existentes

De los 360 centros penitenciarios que hay en el país (18 federales, 13 del Gobierno de la Ciudad de México, 271 estatales y 58 municipales) solo hay 16 centros femeniles, aunque en otros 198 centros mixtos también hay mujeres recluidas.

El retrato de la crisis

El documento titulado “Informe sombra sobre la situación de acceso a la justicia para las mujeres en México”, presentado a la CEDAW, incluye algunos datos recolectados por la organización Equis en algunos de sus proyectos, cuyos temas convergen con varias de las recomendaciones hechas al Estado.

En el informe destaca el apartado donde se aborda la situación de las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas, un tema que será por primera vez abordado en la próxima sesión del Comité de la ONU.

Algunas de las problemáticas que enfrentan estas mujeres son el uso excesivo de la prisión preventiva, a pesar de las recomendaciones que han hecho organismos como la CIDH e incluso la ONU para que se utilice la prisión preventiva solamente en casos de excepción.

A pesar de que las excepciones a prisión preventiva están contempladas en la ley, el uso de medidas cautelares alternas está sujeto al criterio del órgano jurisdiccional que aplica la norma de forma rígida y sin perspectiva de género.

En ese sentido, Isabel Erreguerena, quien coordinó dicho informe, asegura que esta problemática responde a la actual política oficial de combate hacia las drogas, la cual ha afectado principalmente a las mujeres en los últimos años.

“Lo que nosotros hemos promovido desde hace tiempo es la importancia de las medidas alternativas a la prisión relacionadas con el género. Aquí vemos que muchas mujeres tienen hijos a cargo y se podrían tomar ciertas medidas alternativas.

“Creemos que se debe replantear la política de drogas en México. La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las mujeres, porque normalmente se detiene a las personas que están abajo en la cadena de delitos, y la mayoría de las mujeres detenidas es por posesiones muy pequeñas”, afirma.

La organización feminista también destaca la necesidad de implementar políticas que garanticen la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad y señala las principales deficiencias en el sistema penitenciario, como las condiciones inadecuadas, la falta de información y prácticas de tortura.

“Lo que encontramos en el estudio es que las condiciones en los penales son paupérrimas, que a las mujeres no se les respeta al debido proceso, la mayoría fueron víctimas de tortura sexual, y por supuesto el tema del sobreuso de prisión preventiva la están utilizando de manera excesiva y las consecuencias que esto tiene”, detalla.

Otros puntos destacados del documento tienen que ver con las prácticas discriminatorias en el acceso a la justicia para las mujeres, lo cual es visible en temas como la discriminación a la población indígena, la falta de capacitación judicial en materia de derechos humanos y perspectiva de género, entre otros.

El nuevo rol de la mujer en el crimen

Como lo indican las cifras, en los últimos años las detenciones de mujeres relacionadas con drogas ha aumentado en niveles que superan el 100 por ciento y si bien puede tener relación con la política de combate al narcotráfico, también es cierto que las mujeres han venido adquiriendo nuevos roles en el negocio del narcotráfico.

Si bien tradicionalmente las mujeres que estaban relacionadas en este mundo criminal solo cumplían su rol de esposas, parejas o acompañantes, hoy la dinámica ha cambiado y cada vez han adquirido mayores responsabilidades en la estructura criminal.

Cada vez hay más mujeres, principalmente jóvenes, que desempeñan tareas en el trasiego y venta de estupefacientes, así como labores de cobro y otras funciones e incluso en el algunos casos desempeñando funciones como sicario.

A este fenómeno se suma también el hecho de que algunas mujeres también ya son identificadas por las autoridades como lideresas en pleno derecho de algunos importantes grupos criminales en el país.

Uno de los casos más recientes es el de Leticia Rodríguez, La 40 o Doña Leti, presunta líder de un cártel que domina la zona de Cancún y Playa del Carmen y Quintana Roo a quien se le atribuyen actividades como venta de droga y cobro de piso.

Rodríguez Lara, detenida en agosto pasado logró controlar esa zona a pesar de los intentos de algunos cárteles como el del Golfo y los Zetas para desplazarla.

Otro caso es el de Clara Elena Laborín, identificada como la esposa de uno de los líderes del Cártel de los Beltrán, Héctor Beltrán Leyva y quien hasta su detención encabezaba, según las autoridades, lo que quedaba del grupo criminal y a quien se le atribuye la violencia en el puerto de Acapulco.

La agencia antidrogas estadounidense (DEA) ubica también a Enedina Arellano Félix como la heredera del Cártel que fundaron sus hermanos, Benjamín y Ramón, liderazgo que habría asumido tras la detención de su hijo Fernando Sánchez Arellano en 2014.

Hasta el momento de su detención, Clara Elena Laborín, esposa de Héctor Beltrán Leyva, encabezó lo que quedaba del cártel de su cónyugue y se le atribuyó la violencia en Acapulco

Alzan la voz

El acceso de las mujeres a una justicia equitativa es sólo una de las aristas que ha venido marcando la agenda feminista a nivel internacional en los últimos años, en un contexto en donde buscan cambiar sus esquemas de participación en diversos espacios.

Como nunca antes, las mujeres han alzado la voz en contra del acoso y el abuso sexual, han pugnado por igualdad de oportunidades en la vida pública y política, por condiciones laborales equitativas, por sueldos igualitarios y por la erradicación de cualquier forma de violencia en contra del sexo femenino.

El 2017 y lo que va de 2018 han estado marcados por diversas manifestaciones en donde la mujer, su papel en la sociedad y la protección de sus derechos se han colocado con fuerza en el centro del debate público

Sería tras el destape del que quizá sea el mayor escándalo en Hollywood -la denuncia de los diversos episodios de abuso y acoso sexual por parte de Harvey Weinstein- cuando el feminismo y el debate sobre la igualdad para las mujeres cobraría una fuerza inédita.

A los nombres de Weinstein se fueron agregando después casos de otros presuntos ‘depredadores’ de Hollywood como Kevin Spacey, Dustin Hoffman o como uno de los periodistas estadounidenses más respetados, Charlie Rose, entre otros.

Pero más allá de las acusaciones, fue el hecho de que actrices, modelos y trabajadoras de la industria del espectáculo, se decidieran a alzar la voz y a emprender la lucha femenina en un mundo calificado de machista lo que le daría una nueva dimensión a la manera de enfrentar la desigualdad.

El movimiento #MeToo, originado a raíz de estas denuncias, fue una avalancha que desencadenó que mujeres y hombres de todo el mundo se sumaran al rechazo en contra de las prácticas de abusos en contra de las mujeres.

México y Argentina, los países latinoamericanos con mayor índice de feminicidios hicieron del hashtag #NiUnaMenos una de las tendencias globales del 2017

El punto culminante ha sido quizá la pasada entrega del Globo de Oro, cuando la gran mayoría de las mujeres asistentes decidieron vestir de negro a manera de protesta y en donde algunas personalidades como Oprah Winfrey o la actriz Natalie Portman pronunciaran discursos memorables en pro de los derechos de la mujer.

Tampoco se pueden ignorar algunos otros movimientos en otras partes del mundo, como en el caso de México o Argentina, dos de los países latinoamericanos con mayor índice de feminicidios y en donde la fuerza de las protestas y el rechazo a esta crisis hicieron del hashtag #NiUnaMenos una de las tendencias globales de 2017.

Aunque aún hay un largo camino por recorrer, el contexto global no había sido nunca tan favorable para la discusión de la equidad y muestra de ello es la reciente legislación en Finlandia, primer país en el mundo en donde las empresas están obligadas por ley a ofrecer los mismos salarios a hombres y mujeres en empleos de la misma categoría.

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