Preocupa a EEUU reforma para regular agentes extranjeros en México

La Fiscalía General de EEUU manifestó que la regulación de agentes extranjeros sólo beneficiará a las organizaciones criminales combatidas por ambos países

El fiscal General de Estados Unidos, William P. Barr, manifestó que la iniciativa para regular agentes extranjeros en México dificultará la cooperación entre ambos países y beneficiará a las organizaciones criminales.

Este jueves, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para reformar la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de regular las actividades ejecutadas por agentes extranjeros en México.

La reforma, propuesta por el Ejecutivo Federal, exige a las autoridades extranjeras informar al gobierno de México sobre actividades realizadas “en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral”.

Además, les prohibe realizar o inducir detenciones, privar de la libertad, allanar propiedad privada o sustraer mexicanos del territorio nacional para llevarlos a juicio ante otro Estado.

En caso de incurrir en ello, el gobierno mexicano suspenderá los convenios de cooperación bilateral y les prohibirá realizar actividades en territorio nacional, entre otras cosas.

El fiscal estadounidense señaló estar preocupado por la aprobación de la legislación, pues sólo abonará a propiciar más inseguridad para los habitantes de ambos países.

“Nos preocupa la legislación que se encuentra actualmente en el Congreso Mexicano, que podría afectar en hacer más difícil la cooperación entre nuestros países. Esto podría quitar seguridad a los ciudadanos de México y Estados Unidos”.

Manifestó que la reforma beneficiará al crimen organizado trasnacional y a grupos criminales contra quienes ambas naciones están luchando.

“La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones trasnacionales y otros criminales contra los que luchamos conjuntamente”.

Recordó que el Departamento de Justicia en Estados Unidos está comprometido a trabajar con el gobierno de México para combatir a los grupos criminales que amenazan a ambas naciones.

Como siempre, dijo, la cooperación tiene lugar en el marco de un plan diseñado para abordar conjuntamente los retos comunes.

Una muestra de ello, manifestó, es que el gobierno estadounidense devolvió a México al exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que las investigaciones en su contra continuaran en su país de origen.

El debate en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional

El Senado de la República envió el dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional a la Cámara de Diputados para su tratamiento. El documento define a los agentes extranjeros de la siguiente forma:

“Funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado”.

En materia de inteligencia e información, la legislación obligará a los servidores públicos mexicanos proporcionar al gobierno federal un informe escrito tras mantener reuniones de intercambio de información con agentes extranjeros.

De cometer algún ilícito o ejercer funciones reservadas únicamente a las autoridades mexicanas, los agentes extranjeros no tendrán inmunidad.

Tras presentar el dictamen, la senadora Mónica Fernández Balboa explicó que la reforma servirá para “preservar la cooperación internacional”, así como “llevar la justicia a los delincuentes que cometen delitos de la más elevada peligrosidad”.

Explicó que la legislación reafirmará la soberanía de México frente a funcionarios de otros países “que pretendan la aplicación extraterritorial de sus leyes”.

Por su parte, la senadora panista María Guadalupe Murguía votó en contra de la reforma, pues considera, al igual que el fiscal estadounidense, que inhibirá el intercambio de información entre ambos países en materia de delincuencia y crimen organizado.

Afirmó además que los nuevos lineamientos elevarán la posibilidad de filtraciones voluntarias o involuntarias y ponen en riesgo la seguridad de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), quienes podrán ser víctimas de sobornos.

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