Elementos de la policía de Puebla tomaron este martes las instalaciones de la Universidad de las Américas (UDLAP), en Cholula, y desalojaron a alumnos, profesores y personal educativo. Esto, debido a una orden judicial promovida presuntamente por la Fundación de la UDLAP, quien solicitó que se le devolviera la posesión de las instalaciones educativas.

Al respecto, el supuesto “patronato legalmente constituido” de la institución educativa había informado que la toma ocurrió para “entregar” a la Universidad “a su fundación rectora”, producto de un juicio ordinario civil promovido ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, “con el propósito de recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins” (sic).

Según esa información, los presuntos bienes fueron sustraídos “a través de un conjunto de actos delictivos de simulación, de operaciones con recursos de procedencia ilícita que han sido previamente denunciados ante la autoridad ministerial y local”.

Sin embargo, la UDLAP, a través de sus redes sociales oficiales, desmintió la información y añadió que ellos no han emitido ningún comunicado.

Supuestamente, según el patronato, el mandamiento judicial habría ordenado a las autoridades de la institución, incluyendo al rector, “abstenerse de realizar cualquier acto de disposición sobre el patrimonio de la Universidad”.

Asimismo, el juez habría solicitado la ejecución de la medida cautelar “y habilitó el auxilio de la fuerza pública”, donde únicamente participaron elementos de la policía estatal; pues la Guardia Nacional informó que, al momento, “no participa en ninguna diligencia relacionada”.

En efecto, la medida cautelar fue otorgada por el juez Segundo Civil del distrito judicial de Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, como consecuencia del juicio promovido por la  Fundación de las Américas Puebla o Fundación Universidad de las Américas, según el expediente 426/2021.

Según el documento, el juez ordenó poner a la Universidad “en posesión al Patronato de la Fundación de las Américas Puebla o Fundación Universidad de las Américas Puebla… autorizándose el uso de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras”

¿Qué tienen que ver la familia Jenkins?

El responsable de la toma de la universidad es Guillermo Jenkins de Landa, quien acusa a su madre, hermanos y sobrinos de haber robado el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, madre de la UDLAP.

La universidad pertenece al legado de William Oscar Jenkins, un empresario multimillonario originario de Tennessee, Estados Unidos, quien antes de fallecer heredó todo su dinero a la fundación que nombró en honor a su esposa, con el objetivo de que la organización realizara obras y programas en beneficio de los poblanos.

Además, Oscar Jenkins no heredó ni uno solo de esos pesos a sus hijos. La fortuna que dejó a su fundación asciende a 14 mil millones.

Trasciende que en 2009, el fiscal general Alejandro Gertz Manero se habría enfrentado jurídicamente ante la fundación para obtener los derechos sobre la marca y logotipo de la UDLAP. Supuestamente, el funcionario habría conseguido órdenes de aprehensión contra sus operadores tras una denuncia iniciada por uno de los miembros de la familia, por presunto lavado de dinero.

Según información que reveló el periodista Mario Maldonado, Gertz Manero ganó los derechos de la imagen de la UDLAP e incluso “los obligó a rediseñar su tradicional logo” y a “crear un nuevo lema universitario”.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra la familia Jenkins por “apropiarse de los recursos de la fundación que lleva el nombre de su abuela, Mary Street Jenkins, a través del envío de ese capital a sociedades constituidas en paraísos fiscales, como Panamá y Barbados”.

Según versiones, los miembros de la familia se encuentran en calidad de prófugos de la justicia y el dinero en disputa, luego de que el primogénito de la familia, Guillermo Jenkins de Landa, los denunciara penalmente.

Ese personaje acusa que en 2014 la fundación orquestó una “donación simulada” por 720 millones de dólares para la Fundación Bienestar de la Filantropía, quien habría sacado el dinero del país para llevárselo a Panamá a través de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano. De acuerdo con él, el desfalco fue ideado por sus padres, Guillermo Jenkins Anstead y Sofía de Landa.

La familia, en cambio, asegura que Guillermo “ fue expulsado de la fundación, se ha coludido con otras personas y ha denunciado penalmente a sus hermanos y a su propia madre”.

Durante una entrevista radiofónica, el abogado de Guillermo Jenkins de Landa, Carlos Serna, aseguró que la FGR pidió apoyo a la autoridad local y giró nuevas órdenes de aprehensión contra la familia; además, declaró que la diligencia de hoy sobre la UDLAP es consecuencia del proceso penal.

“Esta diligencia no debe afectar el funcionamiento cotidiano de la institución”, dijo el abogado y añadió que la entrada de la Policía estatal es una medida cautelar para asegurar el inmueble.

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