México debe ir a la OEA
Más que una ofensiva legal, el país debe hacer movimientos políticos en el ámbito internacional para que haya presión de otros países y Donald Trump frene su ataque contra México y los mexicanos.
Una de las alternativas más viables es acudir ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), de las que Estados Unidos es parte, para pedir que se posicione contra las acciones de Trump.
Imelda García+30,000
"Y cuando se construya (el muro), hay que ver sus efectos y entonces sí acudir al ámbito internacional en las Naciones Unidas”
En este momento no hay ningún mecanismo legal internacional para frenar al mandatario
Más que una ofensiva legal, el país debe hacer movimientos políticos en el ámbito internacional para que haya presión de otros países y Donald Trump frene su ataque contra México y los mexicanos.
Una de las alternativas más viables es acudir ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), de las que Estados Unidos es parte, para pedir que se posicione contra las acciones de Trump.
Iliana Rodríguez Santibañez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, señaló en entrevista que en este momento no hay ningún mecanismo legal internacional para frenar al mandatario estadounidense, sino que el movimiento debe ser político.
“En el ámbito internacional, son actores e intereses políticos, más que jurídicos. La forma acompaña al interés político de los estados. Es un camino azaroso pero no imposible”, afirmó en entrevista.
El objetivo es que otros países se posicionen contra las acciones del gobierno estadounidense que afectarán no solo a México, sino a otras naciones.
“El procedimiento debería ser solicitar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se pase un posicionamiento de México en contra de Estados Unidos que sea soportado por el resto de naciones de la Asamblea General de la OEA, y emitir por escrito –es la formalidad de la protesta- un enérgico reclamo a lo que implica la construcción de un muro en una frontera tan extensa de más de 3 mil kilómetros de longitud que va a afectar no solo a las poblaciones limítrofes, sino al comercio y al medio ambiente”, explicó Rodríguez.
En la plataforma Change. org, más de 30 mil ciudadanos han firmado una petición para que el Gobierno mexicano pida a los países integrantes de la ONU y la OEA que condenen la orden de construir el muro.
“México debe denunciar, dejar constancia y exhortar a la comunidad internacional para que manifieste su rechazo a las decisiones que está tomando Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
“Esto puede ser el comienzo de una etapa oscura para el mundo entero (…) Los organismos internacionales no pueden quedarse callados ante una acción retrógrada y llena de odio como la que Trump pretende realizar contra México”, expone la petición.
Denuncia a largo plazo
La semana pasada, el líder de Morena, Andrés Manuel Ló- pez Obrador, recomendó al presidente Enrique Peña Nieto que acudiera a la ONU para denunciar al gobierno de Estados Unidos por violaciones a derechos humanos con la construcción del muro. Esto, aunque sí podría hacerse, no sería de forma inmediata.
“Sí pueden llegar a vulnerarse derechos humanos si con la construcción de este muro se limitan los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, familias divididas, separar a niños de sus padres, que devuelvas a los niños para acá, que afectes la libertad de tránsito entre los estados.
“¿A dónde tendría que ventilarse el asunto? Ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (…) pero en este momento no es viable una demanda, primero porque el mero anuncio de la construcción del muro no vulnera los derechos. Es cuando se construya”, expuso Iliana Rodríguez Santibañe, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey.
El caso no podría llevarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni ante la Corte Internacional de Justicia, pues EU no es parte jurisdiccional de esos órganos.
Si eventualmente se presentara la denuncia por violación de derechos humanos ante la ONU, las Naciones Unidas harían una evaluación y emitirían una resolución que podría salir por la Asamblea General.
Si fuera así, la resolución no es vinculante porque la ONU no es una Corte. Se emitiría solo una recomendación que los estados no están obligadas a acatar y no pueden ser sancionadas por no hacerlo.
Si la denuncia se remitiera hacia el Consejo de Seguridad de la ONU, se toparía con pared, pues uno de los cinco miembros permanentes de ese órgano, con derecho a veto, es Estados Unidos, por lo que es previsible que detendrá toda resolución que pueda afectarlo.
A todo este panorama se suma que, en derecho internacional, existe el principio de “inmunidad soberana”, que se refiere a que entre pares no se pueden ejercer actos de poder porque hay igualdad de soberanía. Es decir, Donald Trump no podría ser juzgado en Cortes de otro país o en otras internacionales a las que su país no esté suscrito.
Además, Rodríguez señala que es común que EU haga firmar actas de inmunidad a los países con los que tiene tratos comerciales o algún otro tipo de intercambio.
“Estados Unidos generó esta corriente de inmunidad soberana que implica que los funcionarios de alto nivel, específicamente los presidentes, no puedan ser atraídos a ninguna corte.
“Esto puede ser por cuestiones de reciprocidad internacional o por la celebración especifica de actas de inmunidad”, sostiene la investigadora.
La potencial denuncia
> El caso no podría llevarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni ante la Corte Internacional de Justicia, pues Estados Unidos no es parte jurisdiccional de esos órganos.
> Si se presentara ante la ONU, el organismo haría una evaluación y emitirían una resolución que podría salir por la Asamblea General.
> Pero la resolución no es vinculante porque la ONU no es una Corte. Se emitiría solo una recomendación.
> Si la denuncia se remite al Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos detendría cualquier resolución que pueda afectarlo.
‘La OMC es lo último que nos queda’
En materia de comercio, Iliana Rodríguez comentó que México está bajo el amparo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que controla los aranceles y a la que el país puede recurrir si hay un abuso de Estados Unidos o si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) queda sin efecto.
“La OMC es lo último que nos queda si empieza a haber afectaciones por la imposición de aranceles de manera desproporcional. Tendrían que armarse los paneles al interior de la Organización Mundial de Comercio que establezcan que se está generando este daño por el incremento de las tarifas. Serían los propios paneles, a la luz de la OMC, los que establezcan la indemnización al Estado mexicano.
“Es cierto que también ha habido ocasiones en que ejecutar los fallos de la OMC ha sido complicado, porque Estados Unidos a veces tarda mucho en hacer efectivas estas peticiones, pero no es imposible. Uno de los países que más ha demandado ante la OMC es Canadá, en materia comercial, más que México”, dijo.
Donald Trump no podría pasar la barrera de un arancel del 35 por ciento, pues es la propia OMC la que fija esos topes.
