Quizás el principal reto que los municipios deben afrontar es el de la seguridad y las policías municipales, al ser la primera línea de protección de la población y, al mismo tiempo, las peor evaluadas por la ciudadanía.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, publicada en abril pasado, apenas el 44 por ciento de los mexicanos considera efectiva a su Policía Municipal, siendo que hasta el 66 por ciento se dijo inseguro en sus localidades.
A inicios de junio, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal estimó que 19 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, teniendo las primeras cinco. Esto al promediar los homicidios registrados en cada localidad con su número de habitantes. La organización señala que sólo Brasil llegó a tener 20 ciudades, alrededor del 40 por ciento del ranking, en la edición de 2016.
De estos 19 municipios, Morena ganó y gobernará en 12, incluyendo los primeros tres: Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Uruapan, Michoacán. El PAN fue electo en otros seis, tres de los cuales se encuentran en Guanajuato: Irapuato, Celaya y León. Mientras que Movimiento Ciudadano refrendó Guadalajara, Jalisco, que se posicionó en el número 39 del listado.
Para analizar el panorama de seguridad a nivel municipal, Reporte Índigo entrevistó a José Antonio Ortega, presidente del CCSPJP y fundador de México Unido contra la Delincuencia, quien comenta que, dada la presencia del crimen organizado en las localidades con alto número de homicidios, las autoridades electas bien pueden deberles sus puestos.
“Si llegaron es porque el crimen organizado lo permitió y obviamente les van a cobrar la factura. El crimen organizado va a pedir las secretarías de Seguridad Pública, las direcciones de obra y todo lo que ellos requieran para poder recuperar su inversión. Va a haber una fuerte presión sobre los alcaldes que van a tomar posesión para que sean narcomunicipios”
El Gobierno de López Obrador ha apostado por la centralización de las tareas de seguridad pública. Entre los recortes hechos a los municipios fue el vaciado del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad (Fortaseg), que recibían 286 municipios de alta incidencia delictiva para costear sus policías municipales y que no se le aprobó una partida presupuestal para 2020.
El primer mandatario ha defendido esta decisión argumentando que su administración vela por la seguridad pública con el despliegue de la Guardia Nacional. Corporativo que, confirmó apenas pasadas las elecciones, busca traspasar formalmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que, al corte presentado el pasado 21 de junio en la conferencia mañanera, cuenta con una fuerza operativa de 99 mil 956 elementos, con casi 85 mil de estos ya desplegados en el territorio.
“El problema de los homicidios, en su mayoría, son cometidos por el crimen organizado y hay una total impunidad. Han crecido esos homicidios porque no hay castigo hacia sus perpetradores. La estrategia no está funcionando. No tiene caso que cambie el partido o la figura del gobernador si no se cambia esa estrategia, que tiene que ser aplicar la ley, los abrazos no balazos no funcionaron”, remata Ortega.
