Los policías extorsionadores de Guadalajara quienes retuvieron ilegalmente a una persona para exigirle una suma de dinero a cambio de su libertad, deberán reparar el daño a la víctima, según lo dio a conocer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del Estado de Jalisco, instancia que lleva el caso.

Los hechos que se atribuyen a Luis Eduardo “N” y Felipe “N”, aún oficiales activos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, ocurrieron el 22 de junio de 2020, ese día: “ambos elementos acudieron a brindar un servicio a una tienda de venta de artículos para el hogar, y detuvieron a una persona que fue sorprendida por empleados del negocio tras intentar robar un producto”.

La Fiscalía Anticorrupción asegura que el delito no procedía, pues los empleados habían manifestado que no presentarían cargos, sin embargo: “los uniformados esposaron a la persona y lo subieron a la patrulla, donde le condicionaron su libertad y la entrega de un vehículo, que era de su propiedad, a cambio de que les diera $5,000 pesos en ese momento”.

La víctima retenida por los policías de Guadalajara les expresó a estos que no tenía consigo el dinero requerido para pagar por su libertad, pero les hizo una propuesta: “que un conocido le podía hacer un préstamo, por lo que a bordo de la unidad oficial lo llevaron a buscar a esa persona, quien entregó $3,300 pesos que sumados a los $1,200 pesos que aportó la víctima, hicieron un total de $4,500 pesos que recibieron los policías”.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco señala que la víctima nunca estuvo en calidad de detenida por el delito de robo: “pues no se notificó a ningún agente de Ministerio Público”.

Ahora, la dependencia ha confirmado que: “Tras llegar a un acuerdo reparatorio, Luis Eduardo “N” y Felipe “N”, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, obtuvieron el beneficio de suspensión condicional del proceso al que fueron vinculados”.

Sin embargo, entre las condiciones que les fueron impuestas a los policías, figura: “un plan de reparación del daño consistente en aportar, $10,000 pesos que depositarán a la víctima, más una donación de $1,000 pesos que harán en favor del organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara”.

De igual forma, deberán cumplir durante los próximos 6 meses con los siguientes requerimientos: deberán residir en el lugar determinado previamente; no acercarse a la víctima ni molestarla; deberán tomar un curso de capacitación en materia de derechos humanos; y sujetarse bimestralmente a la revisión de la Unidad de Medidas Cautelares.