Trabajadoras sexuales de la Ciudad de México rechazan la iniciativa federal que busca regular el trabajo sexual.

El pasado 6 de octubre, la diputada de Morena e integrante de la comunidad trans, María Clemente García, presentó una propuesta en este sentido; sin embargo, se levantó una polémica porque quienes ejercen dicha actividad en la capital, señalan que el proyecto estigmatiza y viola sus derechos.

Lo anterior cobra importancia a nivel local porque, según datos de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” dados a conocer en febrero de 2021, la cifra de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México creció de siete mil 700 a 15 mil 200 tras la pandemia de COVID-19.

La propuesta presentada por la legisladora pretende adicionar el capítulo XVIII, titulado como “Del Trabajo Sexual”, así como los artículos 353-V, 353-W y 353-X, al título sexto de la Ley Federal del Trabajo para definirlo como la “actividad que se ejerce en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o por medios digitales, de manera libre, voluntaria, autónoma, consentida y sin coerción, entre personas mayores de 18 años de edad”.

Activistas consideran que la regulación de la diputada morenista es discriminatoria porque solicita estudios de detección de enfermedades de transmisión sexual

Según el texto, la realización de servicios sexuales, eróticos o de acompañamiento, sería a cambio del pago de una remuneración económica, en dinero o especie, de conformidad con las condiciones de tiempo, lugar y costo establecidas de común acuerdo entre la persona trabajadora y la usuaria sexual.

También se explica que toda persona trabajadora sexual y quien adquiera sus servicios deberá ser mayor de 18 años. Los delitos de trata de personas que tengan relación con el ejercicio del trabajo sexual, se sancionarán de conformidad con la ley en la materia, detalla la propuesta.

Además, se propone que las y los trabajadores sexuales utilicen una cédula de identificación.

“Estamos ejerciendo con nuestro cuerpo una fuerza laboral que tiene que tener derechos; una fuerza laboral que no puede ser considerada como un artículo comercial sino como un trabajo y que además estamos cumpliendo un deber para trabajar, para generar dinero para la economía mexicana y para sostener nuestras familia”, mencionó en una conferencia tras presentar su iniciativa.

La estigmatización del trabajo sexual

El principal problema con la iniciativa es que pretende regular de manera discriminatoria a las personas trabajadores sexuales, dice Victoria Sámano, quien se dedica a la actividad mencionada y es activista por los derechos de las personas trans desde la fundación Lleca A.C.

“Me parece muy grave que tengamos que identificarnos, hacernos estudios de enfermedades de transmisión sexual y que el cliente lo sepa. Creo que la salud es cuestión personal”, detalla.

Señala que lo anterior podría generar una estigmatización y criminalización de las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

“Muchas trabajadoras sexuales viven con el VIH y puede ser que seamos víctimas de extorsión por parte los clientes, quienes nos acusen con las autoridades de exponerlos a un riesgo de contagio”, señala.

Acusa que la iniciativa, más allá de regular el trabajo sexual, parece que quiere prohibir el derecho a trabajar de las personas portadoras del virus o enfermedades de transmisión sexual.

“Creo que esa no es la solución correcta para regular, es que las y los trabajadores sexuales tengan acceso a servicios de salud y a educación sexual”
Victoria SámanoIntegrante de la fundación Lleca A.C.

Por lo anterior, dice que lo mejor es reconocer el trabajo sexual como una actividad laboral y quitar el estigma de que son personas huevonas, que es fácil ejercerlo y que no es una actividad digna.

Sin consultar

La iniciativa presentada por María Clemente García es vergonzosa porque no se consultó a las personas a las que se busca legislar, acusa Paulette Slava Cárdenas, académica y activista por los derechos de las personas trans.

“Los argumentos y las palabras que utiliza son de hace 20 años, el hecho de estigmatizar la transmisión del VIH como contagio, sería algo muy grave.

“No debemos permitir que alguien que no abandera la lucha de las trabajadoras sexuales quiera hablar de representación cuando ni siquiera ha tomado en cuenta su opinión”, declara.

Indica que hay activistas que durante años han buscado eliminar los estigmas y la ley sería un retroceso, porque se busca sancionar con prisión a las trabajadoras con VIH, en caso de que el cliente acuse que fue expuesto a un riesgo de contagio.

Agrega que, en lugar de regular el trabajo sexual, los legisladores deben reconocerlo y despenalizarlo en todo el país.

“En Mérida se tienen que tramitar amparos para realizar el trabajo sexual y, seamos realistas, no todos pueden tramitar un amparo. Por eso, la regulación solo va a crear brechas entre las que sí puedan cumplir la normativa y quiénes no”, menciona.

También explica que la despenalización abrirá la posibilidad a la creación de sindicatos u organizaciones laborales de trabajadoras sexuales.

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