Poker de ‘pícaros’ autorizó el Foliatti

20 de Mar, 2013

Un poker de personajes autorizó, dio el visto bueno y hasta dio fe, para que el casino Diamante Foliatti en Guadalupe funcionara en la ilegalidad.

Desde su apertura en 2010, en el trienio de Ivonne Álvarez García, ha operado con un permiso de uso de suelo que tiene giro de salón para eventos sociales, billares y juegos de mesa, pero no para casa de apuestas.

Esa violación se ha prolongado durante los primeros cinco meses de la gestión del alcalde César Garza Villarreal, quien esta semana anunció un operativo para inspeccionar los nueve casinos que existen en Guadalupe.

A pesar de que carece de licencia para funcionar como casino, hasta el momento el munícipe no lo ha clausurado.

Mientras, la sucursal de esta casa de apuestas en Monterrey fue cerrada y denunciada penalmente por la autoridad municipal por presentar un documento falso en un amparo.

Los antecedentes del Diamante Foliatti se pueden rastrear desde los trienios priistas de Francisco Rivera Bedoya, Cristina Díaz Salazar e Ivonne Álvarez García, quienes heredaron esta “fichita” a Garza Villarreal, según el expediente de Desarrollo Urbano que el Ayuntamiento de Guadalupe acaba de transparentar.

Con la ayuda de diferentes funcionarios municipales, el establecimiento fue originalmente construido como una bodega, luego concebido como un restaurante y café, y finalmente se le asignó su giro actual.

Fue durante estas gestiones emanadas del PRI que se otorgaron licencias y regularizaciones al propietario del terreno, Raúl Fernando Rodríguez Quintero, y a la empresa arrendataria: Café Internet La Laguna S.A. de C.V.

Sin permiso: De almacen a casino

El Diamante Foliatti pasó en cuatro años de tener un uso como bodega, restaurante y café, hasta centro de apuestas ilegal.

Al predio donde está el casino, ubicado sobre el kilómetro 6.5 de la carretera a Miguel Alemán, se le autorizó una licencia de edificación cuando Francisco Rivera Bedoya aún se desempeñaba como alcalde de Guadalupe.

El trámite fue firmado el 11 de enero de 2006 por Rolando García Quintana, quien se desempeñaba como director de Permisos de Construcción y Uso de Suelo de la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El funcionario firmó una licencia de uso de edificación y regularización de licencia de construcción para “locales comerciales, bodega para almacén (sin producción), oficinas, restaurante y videojuegos infantiles y juveniles (sin apuestas)” en un área de 8 mil 450 metros cuadrados.

Dos años después, en 2008, cuando García Quintana se desempeñaba como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Escobedo, durante la Alcaldía de Margarita Martínez, autorizó la construcción de un fraccionamiento en una zona prohibida y el caso fue turnado a la Auditoría Superior del Estado.

De vuelta a Guadalupe, en el trienio de Cristina Díaz Salazar, el entonces director del Centro de Desarrollo Urbano y Ecología, Saúl Ramírez Flores, amplió el giro del casino.

El trámite se concretó cuando José Juan Guajardo Martínez era el alcalde sustituto, porque Díaz Salazar se separó de su cargo para contender por una diputación federal.

El 19 de octubre de 2009, Ramírez Flores autorizó una regularización de licencia de uso de edificación por 3 mil 831 metros cuadrados para café Internet, auditorio, sala de conciertos, restaurante-bar y videojuegos.

El exdirector es sobrino del líder de la CTM en el Estado, Ismael Flores Cantú, quien tiene una marcada influencia en las nóminas de las administraciones municipales de Guadalupe.

Más adelante, el 18 de mayo de 2010, el funcionario otorgó una licencia de uso de edificación y regularización de mil 955 metros cuadrados destinados a salón para eventos sociales, club social, billares y juegos de mesa, con la que en este momento opera en la ilegalidad.

Es el mismo Ramírez Flores que hoy se desempeña en la administración municipal como secretario de Obras Públicas.

Y Protección Civil avala

La seguridad en los casinos es un tema que tendrá un antes y un después del atentado al casino Royale.

Este establecimiento incumplía con las normas de protección civil y esto fue uno de los factores para la muerte de 52 civiles, cuando fue atacado por el crimen organizado el 25 de agosto de 2011.

Gerardo Garza Zambrano fue el responsable de realizar un análisis de riesgos al Royale, que le permitió al casino obtener un Visto Bueno (VoBo) de la Dirección de Protección Civil del Estado, a cargo del comandante Jorge Camacho.

Este consultor externo fue el mismo que realizó un estudio de las medidas de seguridad del Diamante Foliatti.

Con base en su análisis, Protección Civil del Estado dio el 26 de febrero de 2008 el VoBo al dictamen técnico elaborado por Garza Zambrano al casino de Guadalupe.

“Esta Dirección de Protección Civil otorga Visto Bueno al dictamen técnico de seguridad elaborado por el consultor externo”, escribió el subdirector de Administración de Emergencias, Martín Castillo.

“En lo que corresponde a implementación de las medidas de prevención de riesgos de seguridad como lo son: señalización preventiva, restrictiva, rutas de evacuación, salidas de emergencias, equipo contra incendio y lo relativo a la seguridad de la vida, con respecto a la instalación del establecimiento Café Internet La Laguna S.A. de C.V.”.

El dictamen pasó el 16 de abril de 2009 ante la fe de Arnulfo Flores Rodríguez, titular de la Notaría Pública Número 44, y quedó asentado en el acta 49241/09.

El padre de este abogado y extitular de la misma notaría, Arnulfo Gerardo Flores Villarreal, se vio inmiscuido hace más de una década en una red de fraudes.

Flores Villarreal acreditó a través de su hijo, quien en ese momento se desempeñaba como suplente de la notaría, diversas hipotecas ilegales que sumaron más de 16 millones de pesos a costa de empresas defraudadas.

Además, este notario dio fe del documento apócrifo que permitió una suspensión provisional a la clausura del Foliatti de Monterrey.

Incumple normas

Por si fuera poco su ilegalidad, una inspección detectó que el Diamante Foliatti incumplió con 18 medidas básicas de seguridad.

La diligencia fue realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, encabezada por el coronel Enrique Sanmiguel Sánchez, el 26 de septiembre de 2011.

La inspección se hizo un mes después del ataque al casino Royale y resultó en diversas recomendaciones en materia de prevención del casino, entre ellas, las rutas para evacuar el área en un caso de contigencia.

Por ejemplo, en la ruta de evacuación interna, la inspección determinó que la puerta de emergencia llevaba a un área de oficinas y que “por sus características se puede dar un cuello de botella al realizar una evacuación”.

El casino también debía evaluar la funcionalidad de la ruta de evacuación externa, porque la puerta de emergencia estaba expuesta a una planta de energía cercana.

“(El casino) deberá complementar la señalización de Ruta de Evacuación, actualmente es confusa y en algunas áreas esta señalización no está a la vista”, se lee en el documento que fue dirigido a Sanmiguel Sánchez.

Otras observaciones fueron que los extintores eran insuficientes, el mobiliario no contaba con un agente retardante contra el fuego y que había recipientes con diesel colocados en el sótano y sin señalización.

El oficio detalló que el local carecía de detectores de incendios, de capacitación al personal, de un Plan General de Contingencia y de la activación de la Unidad Interna de Respuesta Inmediata

El documento advirtió que el casino tenía un plazo de 15 días para subsanar las medidas incumplidas que resultaron de la inspección.