El llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifica tres leyes secundarias y crea una nueva que se involucra con el sistema político-electoral mexicano, tiene puntos relevantes que fortalecen la democracia, reconocen senadores de Morena, mientras que el PAN considera que “no todo es malo”.
De ese cúmulo, aún persisten inquietudes entre los legisladores, por lo que acordaron dejar reservas de los dos dictámenes aprobados en comisiones para el Pleno el día de hoy cuando inicie el debate en el Senado de la República.
Los morenistas Ricardo Monreal y César Cravioto refirieron que, entre lo más relevante de las modificaciones, está el voto electrónico previsto para 2024.
Aunque parece poco creíble, a esto se suma el panista Damián Zepeda Vidales, uno de los legisladores que más críticas ha hecho a la minuta que envió la Cámara de Diputados en materia electoral.
Otro punto positivo para la iniciativa de Morena es la prohibición del uso de monederos electrónicos, tarjetas y cualquier otro tipo de promocionales o de recursos económicos que “perviertan” el derecho al sufragio libre.
Además, los tres legisladores coinciden en lo factible que es facilitarle a los mexicanos radicados en el extranjero el derecho a expresarse en las urnas a través de mecanismos que garanticen que su voto sea contado.
“No creo que existan blancos y negros en términos de decir que toda la propuesta del presidente era incorrecta, ni que toda era adecuada”
Por su parte, César Cravioto, destaca los cambios para beneficiar a los indígenas, afromexicanos y la inclusión de las personas con discapacidad para que sean postuladas por los partidos políticos en las distintas elecciones.
“Eso es muy importante porque a las minorías ya les da claridad de cómo pueden participar. Después del tema de la paridad de género que si bien se ha llevado a cabo, de alguna manera por usos y costumbres no estaba legislado”, dice.
Cravioto, vocero de Morena, comenta que mientras la iniciativa constitucional representaba un ahorro al erario de 15 mil millones de pesos, el llamado “Plan B” del presidente López Obrador significa uno de 5 mil millones de pesos en su primer año; no obstante, existiría una mayor certidumbre en el ejercicio del voto.
Refiere que es una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se le quitan facultades al secretario y a la Secretaría Ejecutiva que, incluso, administraba el gasto de este y ahora se le otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el pleno.
“Con este recorte, los consejeros del INE dejarán de gastar en sus gastos particulares y fiestas que hacían con el dinero del pueblo”, acusó el senador.
También destacó la eliminación de la burocracia innecesaria en el INE, toda vez que existe una duplicidad en funciones entre los Organismos Públicos Locales y el Instituto; además, las oficinas distritales del instituto se reducirían de 300 a 264.
Al igual que Cravioto, el panista Damián Zepeda calificó de relevante el hecho de que, por primera vez, se reconoce que las personas de origen mexicano que se encuentran en el extranjero puedan votar a través de Internet.
Explica que lo podrán hacer no nada más con su credencial de elector, sino con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita la participación.
Entre los cambios positivos, la nueva iniciativa no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores, aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambia las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023
Por su parte, Monreal Ávila señala que de los 500 artículos que buscan modificarse, una cantidad importante son convenientes, aunque insistió que muchos de ellos desde su punto de vista son inconstitucionales.
Te puede interesar:
Reforma electoral, entre la politización y los derechos electorales
Riesgos de inconstitucionalidad con Plan B electoral
