El Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sufrió un importante revés la tarde de este viernes, pues el ministro Javier Laynez Potisek otorgó una suspensión en su contra
Fue el Instituto Nacional Electoral (INE) quien interpuso una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual fue aceptada y procesada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De esta manera, las leyes electorales deberán ser aplicadas tal y como estaban antes de la entrada en vigor de la reforma, mejor conocida como el Plan B; esto mientras el máximo tribunal del país resuelve el asunto de fondo.
Esta suspensión fue otorgada por el ministro Laynez Potisek ya que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
Cabe señalar que, en ocasiones anteriores, la SCJN ha resuelto que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos.
“En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, se lee en la resolución del ministro, quien lleva en la Suprema Corte desde diciembre de 2015.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el @INEMexico en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada.
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— Suprema Corte (@SCJN) March 25, 2023
¿En qué consiste el Plan B de reforma electoral del AMLO?
El llamado Plan B implica el recorte en el gasto y eliminación de la autonomía presupuestal del INE, la fusión de áreas y la remoción anticipada del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
Otro cambio es que se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales. Además, según el cálculo de los consejeros del INE, la iniciativa contempla eliminar cerca del 84.6 del Servicio Profesional Electoral, que equivale al 84.6 por ciento de las plazas.
Por lo que, según el órgano electoral, se pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales.
Asimismo, los módulos se instalarán en inmuebles públicos, como escuelas o clínicas, con lo que los datos de millones de personas estarían en sitios del gobierno.
También se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, por lo que habrá dos sistemas simultáneos de resultados y se transmitirán en tiempo real.
Morena y sus aliados han señalado que la reforma beneficia al pueblo de México ya que los salarios de los consejeros del INE se reducen y se eliminan los fideicomisos. Pero permite que los partidos conserven el dinero que no se gaste en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan B la reforma electoral, el INE advirtió que aprobarlo implica un drástico recorte en el presupuesto del organismo, que a su vez se traduciría en unos 6 mil despidos.
Algunos de los consejeros incluso habían asegurado que tal medida podría llegar a poner en riesgo la organización de los procesos electorales, las cuales se realizan en junio en el Estado de México y Coahuila.
