Piden vetar artículos de la 3de3
Sectores académicos, empresariales y políticos se han unido para llamar al presidente Enrique Peña Nieto para vetar los artículos de la llamada Ley 3de3 que podrían provocar la inoperatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.
Luego de que el Ejecutivo pospusiera la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), diferentes sectores coincidieron en que de entrar en vigor la Ley tal y como está, podría dañar el espíritu integral del nuevo marco legal.
“Votamos porque se presentó de manera abrupta una propuesta novedosa. No teníamos información mínima del lío que podíamos tener, lo confieso”
“Si se queda como está, esto no trastoca todo el Sistema anticorrupción, pero sí puede echar a perder muchas cosas. Puede echar a perder la confianza, la inversión, la capacidad de México de atraer inversiones; puede echar a perder programas sociales, programas de infraestructura. Es una locura”
Sectores académicos, empresariales y políticos se han unido para llamar al presidente Enrique Peña Nieto para vetar los artículos de la llamada Ley 3de3 que podrían provocar la inoperatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.
Luego de que el Ejecutivo pospusiera la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), diferentes sectores coincidieron en que de entrar en vigor la Ley tal y como está, podría dañar el espíritu integral del nuevo marco legal.
Una avalancha de amparos, una cantidad inmanejable de información o la impunidad que provocaría no dar seguimiento correcto a las declaraciones de todos los obligados, son algunas de las cuestiones que pondrían en peligro su operatividad.
Sin embargo, la meta de quienes piden que el presidente Peña Nieto mande observaciones al Congreso, está dividida.
Por un lado, sectores académicos plantean que el Ejecutivo debe vetar los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida como Ley 3de3-..
En el artículo 29 quedó establecido que habrá un formato público de las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos, que deben presentar los servidores públicos y con los formatos que indique el Comité de Participación Ciudadana.
Lo que se busca es que quede asentado en la Ley el formato que deberán llenar los servidores públicos.
En el artículo 32, los congresistas establecieron que toda persona física o moral que reciba recursos públicos debe presentar sus tres declaraciones. Esto incluiría a empresarios y sus empleados; beneficiarios de programas de gobierno; emprendedores que reciben algún apoyo; entre otros.
El sector empresarial, en cambio, ha dejado claro que solo busca modificar dos fracciones del artículo 32; nada se ha mencionado del artículo 29.
En tanto, en el Congreso de la Unión, los legisladores han reconocido que aprobaron ese contenido específico de la Ley sin haberlo estudiado a fondo.
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, reveló ayer que el Ejecutivo podría tomar el plazo legal de 30 días que tiene, para emitir sus observaciones al respecto. Dicho plazo se vence el 17 de julio próximo.
Las circunstancias políticas del país obligaron al presidente Enrique Peña Nieto a reconsiderar su postura frente a lo que empañó la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, se lee en la Ley aprobada.
Los miembros de la sociedad civil que impulsaron la iniciativa ciudadana de la Ley 3de3 pedían que las declaraciones fueran totalmente públicas.
En su artículo 32, esta Ley establece que deben presentar sus tres declaraciones, además de los funcionarios públicos, “cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades federativas y los municipios”.
El espectro de quienes deben presentar su declaración se extiende a toda persona física que sea beneficiaria de programas sociales o productivos –Prospera, Procampo-, becas públicas de todo tipo; financiamiento para proyectos emprendedores, o cualquier otro.
Además, se incluye no solo a los empresarios y dueños, sino a todos los empleados de las compañías –de cualquier tamaño- que presten servicios o sean proveedores del Gobierno.
Max Káiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sostuvo que la corrección de ambos artículos es una oportunidad para el presidente Peña Nieto de enderezar el rumbo de esta reforma.
Empresarios, una parte
Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) puntualizó que a ellos solo les interesa que se modifique el artículo que obliga de forma general a todos los ciudadanos a presentar sus declaraciones.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que los empresarios no están contra la transparencia a la que serán obligados, y solo buscan que se acote el alcance de quiénes estarán obligados, para evitar que el Sistema quede sin operar.
Aceptan senadores error
Los congresistas reconocieron que lo aprobado la madrugada del 15 de junio tuvo errores que ahora, señalaron, están dispuestos a corregir.
Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, dijo que serán respetuosos de la decisión que tome el presidente Peña Nieto y reconoció que aprobaron la reserva sin saber exactamente lo que implicaba.
“Yo creo que quedó muy amplio, sinceramente no lo cerramos muy bien, y parece que el mandato que estamos dando diputados y senadores (…), el espíritu de la ley, es que los empresarios hicieran su 3 de 3, que lo hicieran los ejecutivos y el director general.
“Ahí teníamos la reserva, no la analizamos bien, pero fue aprobada por 85 votos por el PAN, el PRD y el PRI, pero no tuvimos tiempo de verificar que tuviera alguna falla constitucional”, reconoció Gamboa.
César Camacho, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que todavía no sabe la decisión que tomará el Ejecutivo sobre esta Ley, aunque adelantó que el cambio vendrá solamente al artículo 32.
“El 29 no (…) porque ya lo resolvimos; lo discutimos en la Cámara, ya se dictaminó, ya se discutió, no son de los asuntos que tengamos pendientes”, aseveró.
Para Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, la decisión del presidente de quizá vetar parcialmente la Ley de Responsabilidades obedece al contexto político del país.
El senador perredista comentó que el movimiento político del presidente Peña Nieto es tratar de evitar otra crisis en un frente que difícilmente podría subsanar.
“¿Creen ustedes que el Ejecutivo no supo de la reserva que se iba a presentar? ¿Creen ustedes que si no hubiera sabido de esa reserva, no hubiera parado las cosas en la Cámara de Diputados? Por favor (…) El presidente Peña sí supo de la reserva que se presentó en la madrugada. Y después de saberlo, confirmó su anuencia cuando la Cámara de Diputados con su mayoría priista lo aprobó.
“Hoy está reaccionando ante una situación política adversa. No es un asunto de un revés al PRI ni al Verde. ¿Acaso creen que se resuelven las cosas del PRI y el Verde acá (en el Senado)? Está clarito”, sentenció.
Barbosa también reconoció que su bancada aprobó sin conocer muy bien la reserva.
“Votamos porque se presentó de manera abrupta una propuesta novedosa. No teníamos información mínima del lío que podíamos tener, lo confieso”, dijo.
El senador perredista Armando Ríos Piter pidió a Peña Nieto vetar tanto el artículo 29 como el 32, ya que si no lo hace, “mostraría una debilidad enorme frente a un sector económico”, criticó.