El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de México información respecto a la inhabilitación de dos funcionarios por autorizar compras de vehículos a sobreprecio en la alcaldía Benito Juárez durante 2018.

Durante la sesión ordinaria del día de ayer, los diputados locales de Morena, Paula Soto y Ricardo Fuentes, presentaron un punto de acuerdo para solicitar el expediente, los nombres y cargos de los funcionarios relacionados con dicha adquisición.

El llamado fue aprobado de urgente y obvia resolución, por lo que fue remitido a la Secretaría de la Contraloría General.

Durante la exposición de motivos, Ricardo Fuentes mencionó que en 2020, él y la legisladora Paula Soto presentaron un punto de acuerdo para solicitar información respecto al contrato DGA/R-017 A03/2018, debido a que se detectó que la alcaldía compró vehículos hasta el doble de su precio comercial.

El morenista mencionó que la Contraloría General contestó que el 21 de enero de 2020 removió a dos funcionarios, a través del Órgano Interno de Control de Benito Juárez, por la irregularidad.

Sin embargo, el órgano supervisor de la administración central no detalló sus nombres, ni sus cargos. Tampoco dio pormenores de la investigación. Por lo cuál, se hizo el nuevo exhorto a la Contraloría.

El primer resolutivo del punto de acuerdo es exhortar a la persona titular del Órgano Interno de Control de Benito Juárez a remitir el expediente de investigación en contra de los servidores implicados.

Mientras que en el otro resolutivo, se pide a la Contraloría detallar el cargo que ostentaban los dos ex trabajadores de Benito Juárez así como su situación legal.


Presentamos este punto de acuerdo para que se remitan los expedientes completos sobre la denuncia referida en atención a los principios de transparencia

Ricardo Fuentes

Diputado de Morena

El contrato en discordia en Benito Juárez

El punto de acuerdo detalla que la compra a sobreprecio se realizó el pasado 5 de noviembre de 2018, al iniciar la gestión del alcalde Santiago Taboada, a través del contrato DGA/R017A03/2018, que se derivó de un proceso de licitación.

Los servidores públicos responsables de la licitación fueron Daniel de Jesús Valencia Álvarez, Ismael Isauro Chalico García y Sergio Rodríguez Rábago.

“Dichos servidores públicos no observaron que dentro de los precios cotizados al ganador de la licitación nacional antes mencionada, en ocasiones sobrepasaron el doble de los precios al público en general (…) Tampoco se justifican, pues el equipamiento de cada una de las unidades no supone un aumento de los precios unitarios”, explica el documento aprobado por el Congreso.

El exhorto aprobado ejemplifica que la alcaldía pagó 289 mil pesos por una motocicleta marca BMW modelo G310 cuyo precio comercial ronda en los 123 mil pesos.

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