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RECURSOSPúBLICOS

Piden indagar saqueo en Guanajuato

Julio Ramírez

Los senadores del PRI buscan que el Congreso de la Unión exhorte al Congreso de Guanajuato para que investigue el presunto tráfico de influencias en favor del empresario Rafael “El Gallo” Barba Vargas.


May 25, 2016
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“La transparencia y el acceso a la información tienen un papel fundamental en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de promover una participación creciente de la sociedad(...) y, por lo tanto, de una mayor rendición de cuentas públicas” 

- Punto de acuerdo de los senadores del PRI

Reporte Indigo publicó en octubre del 2015 sobre las influencias con las que el empresario Rafael Barba se beneficiaba. Al amparo de Márquez

Los senadores del PRI buscan que el Congreso de la Unión exhorte al Congreso de Guanajuato para que investigue el presunto tráfico de influencias en favor del empresario Rafael “El Gallo” Barba Vargas.

“Es necesario que el Congreso del estado (de Guanajuato) realice, a través del órgano fiscalizador, una auditoría para garantizar que no haya irregularidades en el proceso de licitación de medicamentos ni conflicto de interés, en virtud de que se podrían estar utilizando cargos públicos para obtener beneficios personales, en perjuicio de los guanajuatenses”, refiere el punto de acuerdo del Senado.

“Este es sólo un ejemplo de diversas irregularidades presentadas en la entidad relacionadas con el manejo de los recursos públicos, que es imperativo investigar y, en su caso, sancionar, ya que atenta contra el derecho fundamental de la salud”, expresa el documento.

El punto de acuerdo cita información dada a conocer por medios periodísticos como Reporte Indigo y el diario AM de Celaya, en la que se documenta que en el gobierno de Guanajuato se han registrado presuntas irregularidades relacionadas con el uso indebido de los recursos públicos y con el tráfico de influencias.

Uno de los casos que se citan fueron las irregularidades registradas en la licitación para la adquisición de medicamentos en el año 2013, que tenían un sobreprecio de más del 300 por ciento. El Irbesartán de 150 miligramos, que se receta a pacientes con hipertensión, fue adquirido en 596 pesos, cuando en las farmacias comunes se compra en 140 pesos, de acuerdo con la investigación del diario del Bajío.

“Desde mayo de 2013, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) e Intercontinental de Medicamentos (InterMed), en conjunto con Phoenix Farmacéutica, han recibido asignaciones directas por 4 mil 469 millones de pesos para el abasto de medicinas”, refiere la cita al periódico en ese punto de acuerdo.

Los legisladores afirman que aunque había ofertas “altamente competitivas y cumplían con los requisitos establecidos”, estas fueron desestimadas por la administración de Miguel Márquez.

En el punto de acuerdo se recuerda que el artículo 134 de la Constitución refiere que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

“Se presume que existe una red de complicidades y tráfico de influencias. Alfonso Salvador Aceves Barba, sobrino del ‘El Gallo’, fue asesor del secretario de Finanzas estatal. Mientras que, por otra parte, Salvador Razo Ortiz, concuño de Barba Vargas, era encargado de Adquisiciones del Seguro Popular en la entidad, bajo el cobijo del gobernador”, indica el documento oficial del Senado con base en información de este diario.

“Aceves Barba se consolida como unos de los funcionarios con mayor crecimiento en el sexenio de Márquez Márquez. Pese a que no cuenta con una licenciatura, se desempeña como director general de Carreteras de Cuota del estado de Guanajuato, adscrito a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración”.

“Estas prácticas atentan contra el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos y transgreden, en este caso particular, el acceso a mejores servicios de salud para la población”, añade el documento legislativo.


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