Piden elecciones extraordinarias
Las elecciones no fueron equitativas y hay que repetirlas, es lo que piensan varios candidatos a puestos de elección popular en Jalisco.
Un candidato a la gubernatura y dos a alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) presentaron su impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado.
En los tres casos se presentan pruebas similares sobre cómo el PRI utilizó recursos de los ayuntamientos, realizó proselitismo el día de la elección y pagó a funcionarios de casilla y ciudadanos en general para que los resultados le favorecieran.
Ángel Plascencia"Pedimos que se haga algo por que hubo muchas anomalías, levantones, compra de voto, robo de urnas amenazas (…) Para el municipio de El Salto lo ideal sería anular la elección completa”
“A pesar de que tenemos instituciones aparentemente sólidas, que tenemos un marco jurídico, es evidente que no están controlando la compra de votos”
En alrededor de 300 casillas se realizó un cambio de funcionarios sin respetarse un procedimiento y se les pagó para hacerse de la vista gorda ante irregularidades
El aspirante a la alcaldía de Guadalajara cree que es necesario revisar alrededor de 500 casillas de las que no recibieron actas
"No estamos cuestionando la voluntad de los jaliscienses, y si pierdo por un voto habré de reconocerlo, pero estamos cuestionando la calidad de la elección”
Esta reticencia a pedir la revisión de una de las elecciones más sucias de Jalisco estaba vinculada a los jaloneos internos de partidos sobre qué postura tomar
En las tres impugnaciones se presentan pruebas sobre cómo el PRI utilizó recursos de los ayuntamientos, realizó proselitismo el día de la elección y pagó por votos
Las elecciones no fueron equitativas y hay que repetirlas, es lo que piensan varios candidatos a puestos de elección popular en Jalisco.
Un candidato a la gubernatura y dos a alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) presentaron su impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado.
En los tres casos se presentan pruebas similares sobre cómo el PRI utilizó recursos de los ayuntamientos, realizó proselitismo el día de la elección y pagó a funcionarios de casilla y ciudadanos en general para que los resultados le favorecieran.
De hecho, en el caso de la elección de El Salto se presentaron amenazas y hasta golpizas contra simpatizantes del PAN y de otros partidos políticos opositores al PRI.
Hay denuncias penales, fotografías y otro tipo de documentales que prueban las acusaciones.
Pero lamentablemente la legislación en Jalisco en materia electoral no toma en cuenta todas estas pruebas: muy pocas son las formas de probar que hubo compra de votos y otro tipo de artimañas electorales.
En Guadalajara se hicieron modificaciones en la composición de los observadores electorales el mismo día de la elección, y en algunos casos hasta se pagó a observadores del partido contrario para hacerse “de la vista gorda” ante los votos duplicados y otras artimañas.
También se probó el acuerdo con las iglesias evangélicas para que el voto de sus feligreses fuera a favor del PRI, violando el Artículo 130 de la Constitución.
Y es que aunque al principio algunos de los candidatos se resistían a tomar una postura contundente sobre las irregularidades que se presenciaron el primero de julio, ahora todos los inconformes están seguros que es necesario anular la elección.
Esta reticencia a pedir la revisión de una de las elecciones más sucias de Jalisco estaba vinculada a los jaloneos internos de partidos sobre qué postura tomar.
El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, desde el principio declaró que no iba a importunar a la ciudadanía con plantones y otro tipo de manifestaciones.
Con esto fijó una postura que evidentemente trataba de desligarlo con el candidato a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, quien tras la elección de 2006 realizó un plantón en Paseo Reforma en la Ciudad de México.
Del mismo modo el candidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara, fue muy inconsistente en su primera declaración sobre el proceso y su posible impugnación, aparentemente por una división de opiniones al interior de su partido sobre el camino a seguir.
Y es que el gobernador Emilio González Márquez parece haber abandonado por completo a sus compañeros de partido.
El gobernador de Jalisco ya hasta se reunió con Ramiro Hernández García, el priista y alcalde electo de Guadalajara.
Todo a pesar de que Cárdenas Jiménez -el panista que logró sacar al priismo de Casa Jalisco por primera vez- está en pleno proceso de impugnación de una elección.
‘POR LA BUENA LE GANARÍAMOS AL PRI’
Enrique Alfaro dice que impugnar no significa ser un mal perdedor, sino respetar la ley, no traicionar a sus votantes y no ser ‘cómplice por omisión’ de los que cometieron irregularidades
Por Ángel Plascencia
Enrique Alfaro Ramírez dice que existe una percepción negativa errónea entorno a las impugnaciones en el país que se debe revisar porque “las elecciones en México no están funcionando correctamente”.
“Impugnar la elección no significa ser un mal perdedor, o no aceptar la voluntad de la gente, es un derecho y además una obligación: si nosotros no denunciáramos estas irregularidades nos estaríamos volviendo cómplices por omisión”.
“No estamos cuestionando la voluntad de los jaliscienses, y si pierdo por un voto habré de reconocerlo, pero estamos cuestionando la calidad de la elección: no estamos pidiendo voto por voto ni casilla por casilla”.
El aspirante de izquierda al gobierno de Jalisco señala que se recuperaron 40 mil votos de la apertura de un pequeño porcentaje de los paquetes electorales.
Por eso cuestiona ¿qué pasaría si se abrieran todos los paquetes? “Nunca los sabremos porque no se puede jurídicamente”, se contesta él mismo al respecto.
“Creo que se tiene que revisar a fondo nuestra legislación electoral y creo que se tiene que replantear y refundar nuestras instituciones responsables de la vida democrática de nuestro país”.
“Yo no quiero que un abogado o un grupo de abogados o que el tribunal me declaré ganador de la elección en Jalisco, no se trata de ganar con abogados lo que no ganamos en las urnas, se trata de decir que esta elección –si prospera nuestra queja- se tendrá que anular y volverse a hacer ”.
La inequidad que señala Alfaro Ramírez se dio también en los medios y en las encuestas pues el miércoles, a 4 días de la elección, había algunos que le daban 20 puntos abajo del PRI.
El aspirante de izquierda al gobierno de Jalisco cree que independientemente del resultado final de la elección y la resolución del tribunal, Movimiento Ciudadano ya ganó bastante en los procesos pasados.
Porque tuvieron una votación histórica de un millón 160 mil votos, cuando en la elección de 2009 apenas obtuvieron 17 mil.
Se convirtieron en la segunda fuerza política, rompieron con el bipartidismo en el estado y obtuvieron el triunfo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Por eso cree que independientemente del resultado del tribunal -qué señaló acatará sin marchas ni bloqueos- Movimiento Ciudadano se convertirá “en una oposición muy seria y muy importante”.
Y que en caso de que no se repitan los comicios “estaremos listos en el 2015 para lo que venga”.
Alfaro Ramírez aclara que su “Plan B” es estructurar a partir de agosto lo que ya se empezó con su movimiento, así como tener buenos alcaldes y buenos diputados.
¿Por qué impugna?
— Inequidad del proceso
— Guerra sucia
— La compra de votos
— La actuación parcial del IEPC
— Intervención de la UdeG
‘SÍ HAY ELEMENTOS PARA ANULAR’
El equipo jurídico del panista Alberto Cárdenas cree que existen elementos suficientes para que se repita la elección a alcalde de Guadalajara
Por Ángel Plascencia
Para Alberto Cárdenas Jiménez no impugnar una elección como la del pasado primero de julio sería irresponsable pues se estaría perjudicando a la democracia.
Y es que para el aspirante a la alcaldía de Guadalajara es necesario revisar alrededor de 500 casillas de las que no recibieron actas.
También dice que todavía después de la apertura de los paquetes hay al menos 80 actas con doble conteo en beneficio del PRI:
“A pesar de que tenemos instituciones aparentemente sólidas, que tenemos un marco jurídico que se ha venido ajustando, es evidente que no están controlando la compra de votos”.
En comparación con el pasado, cuando ganó la elección de gobernador de Jalisco, Cárdenas Jiménez cree que el PRI está “más refinado, pero en el fondo sigue siendo el mismo”.
Y es que en esta impugnación que presentó su equipo el miércoles 11 de julio, además del acarreo y compra de votos, hay otros detalles que son necesarios aclarar para “fortalecer nuestra democracia”.
“Nos vamos a la impugnación con un juicio con el que estamos buscando la anulación de las elecciones en Guadalajara, los abogados me han dicho que hay muchos elementos sólidos”.
“Tampoco el tema de las encuestas está suficientemente regulado, la mayoría se equivocaron por mucho sobre todo en la distancia del primero al segundo y esto de alguna forma va induciendo el voto de muchos indecisos”.
Para el ex gobernador de Jalisco “no fue una elección limpia, no nos jugaron limpio”, por lo tanto es importante seguir los causes legales para que se repita de forma extraordinaria y que se cuenten “los votos que sean para cada quien, ni más ni menos”.
Y es que además de lo ya señalado también se denuncia que en alrededor de 300 casillas se realizó un cambio de funcionarios sin respetarse un procedimiento.
Lo anterior propició que el PRI pudiera poner a funcionarios que velaran por sus intereses y no denunciaran los votos duplicados, por ejemplo.
Incluso, se dieron casos en que funcionarios del propio PAN trabajaron a favor del PRI luego que el tricolor les ofreciera dinero para que no reportaran anomalías en conteos que los favorecieran.
Para Cárdenas Jiménez la cuestión no es si él es el ganador o no, sino aclarar lo sucedido en el pasado proceso.
Hay una cantidad importante de votos que el aspirante del PAN señala fueron resultado de una negociación del PRI con las iglesias evangélicas, lo cual viola el artículo 130 de la Constitución Mexicana.
Pero el panista sabe que el resultado final de la elección no fue solo inducido por las prácticas que denuncia del PRI.
También está consciente que la división al interior de su partido fue un factor decisivo para que la distancia entre él y su contrincante del PRI Ramiro Hernández García, se redujera tanto.
“Esperamos que al final del día esta elección se venga para abajo y entremos a un juego limpio y claro, si nos dejan solitos por supuesto que me canso que les ganamos”.
REPUDIO AL CACICAZGO
La ciudadanía de El Salto se manifiesta ante el tribunal electoral en repudio a los hermanos González Díaz, que se han alternado la alcaldía
Por Paloma Robles
La dinastía dorada de los priistas saltenses Gerardo y Joel González Díaz parece tambalearse ante la inconformidad de cientos de ciudadanos que repudian la elección del pasado primero de julio.
Ambos hermanos son ganadores electos como diputados federal y alcalde de El Salto en una elección que ha sido por demás cuestionada.
Y es que durante los comicios se detectaron fuertes irregularidades como la compra de votos, amenazas de muerte a funcionarios de casilla y ciudadanos y manipulación de urnas.
La policía municipal de El Salto intervino en la organización de la elección, según denunciaron algunos funcionarios de casilla.
Incluso se acusó que patrullas del Ayuntamiento “se llevaron gente del PAN y Movimiento Ciudadano para evitar que votaran”.
Pero la policía municipal también recibió reportes de gente comprando votos, así como de robo de paquetes electorales, por ejemplo en la sección 2024 casilla Básica.
También se recibieron denuncias sobre gente saboteando la casilla y amenazado a los votantes en las casillas de las secciones 2035, 2036 y 2049.
Los ciudadanos acusaron que familiares de los hermanos González Díaz intervinieron como presidentes de casillas a fin de controlar la votación y coaccionar el voto.
En algunos casos fueron los representantes del PRI y no los presidentes de casilla los que entregaron los paquetes electorales.
Por otra parte en la casilla 2031 contigua dos, el presidente fue fotografiado violentando los sellos de los paquetes electorales.
Por lo anterior los candidatos de oposición exigieron el pasado miércoles al Instituto Electoral y a las autoridades judiciales que anulen el resultado y convoquen a nuevas elecciones.
Sin conocimiento claro sobre qué contenía la demanda y en dónde se debía interponer, Adán Flores y Gabriel Pérez Pérez candidatos a la Alcaldía del El Salto por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, se sumaron a los reclamos ciudadanos.
Para ambos candidatos las pruebas contenidas en la demanda de impugnación –presentadas líneas arriba- son suficientes para reponer el proceso de elección, pues en más del 20 por ciento de las casillas hubo irregularidades.
“Pedimos que se haga algo por que hubo muchas anomalías, levantones, compra de voto, robo de urnas amenazas (…) Para el municipio de El Salto lo ideal sería anular la elección completa”.
La tarde del miércoles, más de 300 personas manifestaron su repudio a las afueras del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en contra de Joel González.
Historia oscura
“¡Fuera Joel, Fuera Joel!”; “Joel, ratero, El Salto no te quiere”; “Gerardo, El Salto no es Cuba, no queremos a tu hermano”.
Y es que según información proporcionada por el candidato del PAN Adán Flores, el historial político de los hermanos González Díaz en el Salto pone en duda su calidad moral, pues se le acusa de endosarse terrenos y endeudar al municipio en para su beneficio personal.
Los hermanos González se han alternado la presidencia municipal en dos periodos. Con el nuevo triunfo sumarían más de 9 años de gobierno sin alternancia.
Sin embargo en los últimos tres años se han registrado una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
En 2010, a la llegada de Gerardo González a la presidencia, se solicitó un crédito por 125 millones de pesos a través de dos intermediarias que no tienen registros formales de empresa.
En los dos informes de gobierno del priista se describe que la deuda del municipio no rebasa los 30 millones de pesos. En 2010 se informa que la deuda es de 28 millones 991 mil pesos, mientras que en 2011 se registra apenas 19 millones 874 mil pesos.
En agosto de 2011 Gerardo compra un terreno municipal que había sido donado en 1999. El pago fue de 11 millones 969 mil pesos.
