Personas con discapacidad a la deriva en justicia
Falta de capacitación jurídica y poca inversión son algunos factores que contribuyen para que los miembros de los poderes judiciales estatales no garanticen los derechos de personas con discapacidad
Montserrat SánchezLa falta de especialización de juezas y jueces para atender los casos de personas con discapacidad, hace casi nulo el acceso a la justicia para este segmento de la población, asegura Equis Justicia.
En su informe titulado La Capacitación Judicial en Derechos de las Personas con Discapacidad, esta organización de la sociedad civil revela las deficiencias en la impartición de justicia cuando los afectados son personas con alguna discapacidad.
En México el 6.4 por ciento de la población, es decir, 7.2 millones de personas, reportó tener al menos una discapacidad. Mientras que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) arrojó en el 2017 que el 90 por ciento de las personas con discapacidad dijeron haber sido discriminadas y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados.
Para Equis Justicia, un juez que no cuenta con la debida capacitación, cuando no está familiarizado con las herramientas que debe utilizar para detectar las barreras que generan la discapacidad, no analiza las condiciones de vida de as personas en cuestión y tampoco facilita información del procedimiento en un formato accesible y comprensible.
Con base en el informe, la capacitación judicial se trabaja en dos ámbitos: la especialización y actualización, factores que ayudarán a lograr una mayor optimización de conocimientos, habilidades y actitudes para que los integrantes del Poder Judicial respeten los derechos de dicho sector de la población.
Capacitación para atender personas con discapacidad incompleta
En entrevista para Reporte Índigo, Fabiola Mondragón, quien forma parte del área legal de Equis Justicia, explica que no priorizar el tema de la capacitación puede generar trabas en los procesos judiciales y la peor consecuencia de ello es que queden impunes.
Tenemos un caso que es el de Leti quien tiene una discapacidad y a quien le impiden levantar una denuncia porque el Ministerio Público considera que primero tiene que hacerse una prueba y demostrar que tiene discapacidad, lo cual es una violación al debido proceso y ocurre por falta de capacitación al personal
Además, de acuerdo con Mondragón, la capacitación debe ser a todos los niveles del personal ya que si el afectado se encuentra con un juez que no está capacitado no se obtiene una reparación del daño.
De 2008 a 2017, los poderes de Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Durango, Baja California Sur y Aguascalientes no hicieron alguna actividad para capacitar a su personal sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Durante el mismo periodo, los poderes judiciales restantes demostraron que han llevado a cabo esfuerzos para capacitar a su personal y en conjunto reportaron 67 actividades.
No obstante, la organización detalla que el esfuerzo realizado para instruir a jueces y juezas no ha sido homogéneo ya que contrasta el trabajo del Poder Judicial de la Ciudad de México el cual implementó 17 de las 67 actividades, mientras que estados como Zacatecas, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y Campeche llevaron a cabo una sola actividad en los 10 años.
67
El estudio también muestra que en México varios poderes judiciales estatales conciben la capacitación en derechos de las personas con discapacidad como la asistencia a una conferencia, presentación, foro o mesa redonda.
Según las cifras reunidas por Equis Justicia el 34 por ciento de las actividades son conferencias, foros, presentaciones u otros eventos de difusión académica breves y aislados donde las y los participantes son receptores pasivos de información.
Para Mondragón, la preparación no debe entenderse solamente como conferencias y tampoco debe evaluarse solo con la asistencia.
“Los jueces y el personal deben tomar en serio la capacitación pero no lo hacen porque tampoco existen incentivos para que pongan su tiempo y esfuerzo para adquirir mayor conocimiento y llevarlo a la práctica. Las capacitaciones deberían ser obligatorias e incluso venir desde la misma presidencia de los tribunales y formar parte de la carrera judicial”, comenta.
34
Pese a la importancia de la enseñanza en materia de derechos, de 2008 a 2017, el gasto a nivel nacional en este ámbito fue de al menos 604 millones 342 mil 492 pesos. Sin embargo, solamente se invirtió el 0.13 por ciento es decir, 786 mil 21 pesos para la realización de actividades de formación y divulgación sobre derechos humanos de personas con discapacidad.
Por su parte, los poderes judiciales de Veracruz, Ciudad de México y Guanajuato concentraron el 54 por ciento del gasto nacional en preparación judicial pero la inversión que han hecho en actividades de formación y divulgación sobre discapacidad y derechos humanos representa menos del uno por ciento de su presupuesto general para capacitar a su personal.
Más de la mitad de personas con discapacidad consideraron que sus derechos no son respetados, según la Enadis 2017
Presupuesto en la opacidad
Mondragón agrega que al hablar del presupuesto y su alcance no se puede tener seguridad sobre la magnitud y de cuánto se invirtió ya que muchos poderes no brindan dicha información y algunos otros afirman que tenían dinero pero no sabían cuánto fue asignado para la instrucción.
“La opacidad en los recursos es otro de los obstáculos para llevar a cabo la capacitación ya que ésta no se puede realizar si no tienes recursos. Entonces, aunque sea obligatorio, se vuelve letra muerta y se puede traducir que los estados no tienen entre sus prioridades respetar y conocer los derechos humanos de las personas con discapacidad”, dice.
Aun cuando el informe muestra que en ningún estado del país hubo un proceso permanente y continuo de capacitación judicial, Mondragón apuntó que una buena forma de exigirla sea el seguimiento de las sentencias.
“La sentencia puede llegar a ser el reflejo de la justicia, si luchamos porque éstas sean públicas podremos intentar que los poderes judiciales se interesen en la capacitación y ver cómo ésta puede afectar el acceso a la justicia. En medida en que se cumpla de manera correcta y continua la capacitación se podría ver una mejor justicia para todas las personas”.
