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Peña anuncia ley de desaparecidos

Indigo Staff

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión las iniciativas para crear las leyes generales para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas y la tortura y otros tratos crueles o degradantes, a fin de erradicar estas prácticas en el país.

En el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, el mandatario federal firmó las iniciativas.


Dic 11, 2015
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El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció también una iniciativa de ley contra la tortura y tratos crueles

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión las iniciativas para crear las leyes generales para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas y la tortura y otros tratos crueles o degradantes, a fin de erradicar estas prácticas en el país.

En el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, el mandatario federal firmó las iniciativas.

Acompañado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, apuntó que la ley para prevenir y sancionar la desaparición de personas establece cuatro instrumentos para una nueva política pública enfocada a este fin.

Prevé la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, que instruye la inmediata movilización de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en las horas subsecuentes a la desaparición, que son las más críticas, así como un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, integrado con información de hospitales, centros de detención y servicios médicos y forenses.

De igual manera, propone la creación de un Registro Nacional Forense, con instrumentos de alta tecnología para facilitar la localización de las personas, así como un Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores, especialistas y familiares para asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

En tanto, la ley para prevenir y sancionar la tortura establece la creación de Unidades Especializadas de Investigación tanto a nivel federal como en los estados, así como un Mecanismo Nacional de Prevención en el que participen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos locales de defensa de los derechos humanos. 


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