La SCJN blindó la ampliación del Área Natural Protegida, que pasó de 75 mil a 175 mil hectáreas en la Sierra de Picachos. Foto: Especial

Pendientes para el plan de manejo en Sierra de Picachos

Tras el reconocimiento, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la validez del decreto de ampliación del Área Natural Protegida de la Sierra de Picachos, la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Félix Arratia, está obligada a conformar el plan de manejo

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que reconoce la validez del decreto de ampliación del Área Natural Protegida de la Sierra de Picachos, obligará a la Secretaría de Medio Ambiente a conformar el plan de manejo.

Este proyecto es indispensable para proteger los ecosistemas de la sierra, pues establecerá reglas básicas como qué hacer para proteger el área, las prohibiciones en la zona y cómo evitar afectaciones en el sitio.

Incluso, con el plan de manejo de la Sierra de Picachos podría evitarse que la empresa Materiales Triturados Martínez S.A. de C.V. (Matrimar), se amplíe dentro de la zona de la sierra.

Sin embargo, para hacer efectivo este proyecto se deben otorgar recursos para la protección, para contratar guardaparques, inspectores, vigilancia, entre otras necesidades.

Históricamente, en Nuevo León, pese a existir un decreto por el que se designa un Área Natural Protegida, el plan de manejo se queda congelado, tal y como ocurrió con el Parque Nacional Cumbres, el cual se mantuvo por 20 años sin contar con reglas claras para la protección del ecosistema de la zona.

Es por ello que resulta importante la activación del plan de manejo en la Sierra de Picachos, advierte el biólogo Antonio Hernández quien junto al activista Aristeo Benavides, impulsaron ampliar la zona de protección.

“Sin un plan de manejo, un área natural protegida no se cuida, entonces el decreto se convierte en solo papel. (El plan de manejo) es obligatorio e indispensable para cuidar los ecosistemas, en este caso en la Sierra de Picachos”, señala Hernández.

El objetivo de impulsar este proyecto es proteger poblaciones de especies de gran relevancia ecológica tales como el águila real y el oso negro; salvaguardar la captación de más de 39.5 millones de metros cúbicos de agua por año; cuidar un estimado de más de 526 millones de árboles y conservar la captación anual aproximada de un millón 461 mil 835.6 toneladas del  bióxido de carbono que se genera en la zona aledaña.

Con su resolución, la SCJN blindó la ampliación del Área Natural Protegida, que pasó de 75 mil a 175 mil hectáreas por lo que, en teoría, la Sierra de Picachos no tendría que verse afectada por la industria contaminante.

El aval a la validez del decreto de ampliación del Área Natural Protegida de esta zona evitará el crecimiento de Matrimar, empresa que dinamita la Sierra de Picachos para obtener materia prima para su producción.

Esta pedrera se sitúa en el centro de la sierra ubicada en el municipio de Cerralvo, en un terreno que, inexplicablemente, no se encuentra dentro del Área Natural Protegida.

El proceso de extracción de esta empresa comienza cuando su personal perfora varios puntos de la sierra con un taladro, para introducir dinamita, a lo que se le denomina voladura. Al momento de hacer las detonaciones, para explotar la zona, se forma una nube de polvo.

Estos residuos de polvo contaminan la zona cercana al sitio de operaciones de Matrimar, debido a que la compañía no hidrata la zona previamente, para evitar así que el polvo se levante y se esparza por toda el área.

El otro pendiente

La Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Félix Arratia, tiene pendiente la renovación del Consejo Asesor de Áreas Naturales Protegidas de la Sierra de Picachos, una propuesta del activista Aristeo Benavides.

La conformación de un nuevo consejo se trata de un compromiso, realizado por escrito en 2022, entre la Secretaría de Medio Ambiente y la organización Greenpeace, el cual parece haber quedado en el olvido.

La renovación y establecimiento de este órgano son necesarios para la toma de decisiones en torno a esta Área Natural Protegida, para solicitar recursos para la inspección y vigilancia del sitio y para la verificación de los procesos operativos de empresas como Matrimar.

El cumplimiento de este acuerdo resulta importante para la conservación del ecosistema y la biodiversidad del sitio, un área boscosa enclavada en la zona norte de Nuevo León.

La organización Greenpeace sostiene que este consejo deberá ser más incluyente y plural, sin embargo, la dependencia estatal sólo contestó que la propuesta fue analizada, sin realizar cambio alguno.

Benavides no fue tomado en cuenta para integrar este consejo, a pesar de que fue él quien propuso su renovación. Se trata de un activista que no ha dejado de impulsar acciones en torno al cuidado de la Sierra de Picachos, convirtiéndose en un vigilante, por voluntad propia, de la zona.

Incluso, el activista ha difundido videos e interpuesto denuncias que revelan cómo opera Matrimar en la sierra, donde continúa dinamitando sin recibir una sanción o ser clausurada por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

Alfonso Barragán, presidente de la Asociación de Sierra de Picachos, aseguró que los habitantes de los municipios cercanos a la sierra tienen garantizado su patrimonio con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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